El Tribunal Supremo ha decidido prorrogar durante seis meses más la investigación contra el eurodiputado y líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por un presunto delito de financiación ilegal. La medida responde a la necesidad de tramitar el suplicatorio ante el Parlamento Europeo, un paso obligatorio dado el fuero del investigado.
El auto, firmado por el magistrado Julián Sánchez Melgar, señala que la condición de aforado de Pérez obliga a solicitar autorización a la Eurocámara antes de avanzar en la instrucción judicial. "Ese trámite, a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará por varios meses", subraya el juez.
La prórroga de la investigación se extenderá hasta el 20 de septiembre de 2025, mientras se resuelve el procedimiento parlamentario.
La clave: 100.000 euros en efectivo
La causa gira en torno a un presunto pago de 100.000 euros realizado por el empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, al dirigente de SALF. Aunque ambos comparecieron voluntariamente ante el Supremo el pasado 11 de julio, sus versiones difieren profundamente.
Durante su declaración, que se prolongó cerca de una hora, 'Alvise' Pérez reconoció haber recibido el dinero, pero negó que estuviera destinado a financiar la campaña de su formación para las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Según su testimonio, el dinero correspondía a una remuneración por una charla sobre “libertad financiera” ofrecida en el Hipódromo de Madrid, en un evento organizado por Romillo.
Pérez detalló que el dinero le fue entregado en un maletín negro por empleados de Romillo en las instalaciones de Centinel, conteniendo diez fajos de billetes (de 10.000 euros cada uno) en denominaciones de 50 y 100 euros. Afirmó que llevó el efectivo a su domicilio y que no lo utilizó para financiar la campaña, la cual aseguró que costó poco más de 30.000 euros, razón por la cual no incluyó el pago en las cuentas oficiales del partido.
El eurodiputado señaló que usó la mitad del dinero en gastos personales y profesionales, entre ellos viajes, y que el resto aún permanece a su disposición.
La versión opuesta de Romillo
La declaración de Romillo contradice la de Pérez. El empresario afirmó de forma tajante que los 100.000 euros entregados tenían como fin financiar la campaña de SALF. “En todas las conversaciones que se aportaron en su día, eran para el uso de la campaña. No es de ningún evento ni es de ningún pago”, declaró ante la prensa.
Romillo incluso acusó a Pérez de haber intentado canalizar el dinero a través de un supuesto testaferro, una empresa llamada Somos Libres, que, según él, estaría vinculada a actividades de “ocio nocturno y prostitución”. Finalmente, ese pago no se habría materializado por transferencia.
Sánchez Melgar ha citado a ambos en el marco de una investigación que, además del presunto delito de financiación ilegal, contempla posibles delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El caso fue asumido por el Supremo tras ser derivado desde la Audiencia Nacional, donde el juez José Luis Calama no pudo avanzar contra Pérez por su condición de eurodiputado. La investigación se enmarca en el macrocaso sobre la presunta estafa piramidal del MIC, liderada presuntamente por Romillo.
Tercera causa en el Supremo
Esta no es la única investigación judicial en curso contra Luis Pérez. El líder de SALF ya ha comparecido en el alto tribunal en dos ocasiones anteriores: una por la difusión de una prueba PCR falsa atribuida al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otra por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert.
En una de esas comparecencias, el pasado 20 de junio, Pérez se refirió al pago de 100.000 euros como un hecho público: “Poco me parece que me pagaran 100.000 euros por media hora de charla”, llegó a decir ante los medios.
La causa sigue abierta y, a la espera de lo que determine el Parlamento Europeo, el Supremo deberá dilucidar si los 100.000 euros entregados a Pérez constituyeron un financiamiento ilegal de campaña o si, como sostiene el eurodiputado, se trató de un pago legítimo por un servicio profesional.
La investigación se mueve en un terreno resbaladizo, con elementos en común con el caso principal del MIC y otras acusaciones de carácter personal. Por ahora, el futuro judicial del líder de Se Acabó La Fiesta permanece en suspenso, condicionado a un complejo procedimiento jurídico en Bruselas.