La campaña electoral del Partido Popular de Andalucía que comenzó en 2018 a las puertas de un antiguo puticlub en Sevilla terminó con Juan Manuel Moreno Bonilla en el Palacio de San Telmo como presidente de la Junta de Andalucía. Toda su estrategia de acoso a un PSOE acorralado por la presunta malversación de fondos públicos se cimentó en el caso de las ayudas sociolaborales de los ERE irregulares, por un montante total de casi 700 millones de euros defraudados presuntamente por la gestión realizada por los anteriores ejecutivos socialistas. Primero el Tribunal Constitucional y ahora el Supremo han dejado caer definitivamente la única muleta con la que Moreno Bonilla se sujetó para acceder a la Presidencia de la Junta de Andalucía con el peor resultado del PP en unas elecciones andaluzas, las del 2 de diciembre de 2018, la victoria más amarga de la socialista Susana Díaz.
Una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, adelantada por Jorge Muñoz en Diario de Sevilla, a la que ha tenido acceso Diario16+, confirma también el argumentario del Constitucional, tribunal que una a una ha ido desmontando todas las condenas de los ex altos cargos socialistas hallados culpables por malversación y prevaricación, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y varios ex consejeros y ex altos cargos de la Administración andaluza.
El Supremo, en una resolución de casi 300 páginas relativas a los recursos presentados por la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco), ha confirmado que la inmensa mayoría de las ayudas destinadas a los 6.000 trabajadores beneficiados eran completamente legales, por las que se destinaron un total de 680 millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009. De hecho, hasta el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha reconocido que sigue abonando estas ayudas sociolaborales a miles de prejubilados a día de hoy.
La respuesta a una pregunta escrita del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía confirma que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo reconoce haber pagado sólo en 2023 más de de 4,1 millones de euros a trabajadores que legalmente se acogieron a estos ERE. Pese a ello, el discurso oficial del PP andaluz se mantiene inalterable desde que lo usó como ariete en la campaña electoral que lo llevó al poder en Andalucía en 2018, asegurando que estas ayudas se realizaron de manera fraudulenta.
Sistema amparado “en normas con rango de ley”
Al analizar la incidencia de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el asunto de los ERE, el Supremo especifica que “es necesario partir de que aunque el sistema (…) era, cuando menos, discutible, imperfecto, deficiente, laxo, carente de condiciones, anómalo e incluso, objetivamente facilitador de conductas irregulares ajenas al interés público, (…) se amparaba en normas con rango de ley, cuya constitucionalidad no fue cuestionada”.
El alto tribunal añade que la idea central de las sentencias del TC es que no pueden reputarse como malversadoras ni prevaricadoras las conductas de concesión de ayudas sustentadas en exclusiva en el sistema de presupuestación y transferencias de financiación implantado por las leyes de presupuestos que contemplaba el denominado programa 31L, bautizado como fondo de reptiles, destinado a pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis.
Moreno Bonilla sigue abonando estas ayudas a miles de prejubilados, más de cuatro millones de euros solo en 2023, pero su discurso oficial aún mantiene que se realizaron de manera fraudulenta
El Supremo destaca que el Constitucional realiza una importante matización al desestimar la vulneración del derecho a la legalidad penal en las disposiciones de fondos ordenadas en el ámbito de la Consejería de Empleo que excedieron su ámbito de cobertura en tanto que se hicieron en ausencia de fin público o para fines distintos de los previstos en el programa.
Por tanto, el Supremo considera que se deja abierta la posibilidad de análisis de cada una de las ayudas concedidas y se centra la eventual ilegalidad penal en “el apartamiento, en la concreta concesión de los fondos, de los fines públicos previstos en las sucesivas leyes de presupuestos para el programa 31L. La aplicación de los caudales a fines no previstos en el citado programa carecía, en tal medida, de cobertura en las leyes de presupuestos”.
La causa resuelta ahora por el Supremo, relativa a las ayudas a trabajadores de la empresa Acyco, afectados por un ERE en el año 2003, el Supremo destaca que todas las ayudas sociolaborales y disposiciones de fondos concedidas, incluidas en el programa 31L, cuyos destinatarios fueran directa o indirectamente trabajadores de la empresa, están comprendidas en la estimación de la vulneración del derecho a la legalidad penal del Constitucional. En este sentido, hay cuatro ayudas concretas que el Supremo considera que no están afectadas por las sentencias del TC.
Asimismo, el Supremo absuelve al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exdirector general de Trabajo Juan Márquez por concurrir en ambos el principio de cosa juzgada derivado del procedimiento principal del ‘caso ERE’. En cambio, condena a penas de entre dos y cuatro años de prisión a cinco acusados de una pieza del ‘caso ERE’ por cuatro acciones no afectadas por la sentencia del Constitucional.
El PSOE andaluz cree que esta sentencia confirma que todo se debió a lo que considera una “cacería política”. El presidente de los socialistas andaluces, Manuel Pezzi, señala en la red social X que “páginas repletas del dinero robado a los parados, de putas y cocaína, de que Moreno Bonilla va a reclamar hasta el último euro de los ERE y ni un renglón para informar que mienten, que no lo han reclamado y que siguen pagando ahora a esos trabajadores. Que todo era un gran montaje, una cacería política contra los gobiernos de Chaves y Griñán, para obtener el poder en Andalucía, que ahora se cae como un castillo de naipes”.