La extrema derecha promete dejar como un solar cada localidad donde gobierna en solitario o como muleta del PP. En los últimos días se ha sabido que Bruselas puede cerrar el grifo de las ayudas si los diferentes bifachitos siguen adelante con su obsesión por eliminar los carriles bici y por avanzar hacia ciudades más contaminadas y llenas de coches. Es evidente que Abascal marca la agenda del Partido Popular y que los ciudadanos pagan las consecuencias teniendo que vivir en urbes más insalubres por la contaminación y perdiendo un auténtico dineral en forma de subvenciones para la transición verde.
Las forma de hacer política del mundo ultra no tiene pies ni cabeza. Es el puro mundo al revés. Europa te riega con un maná de fondos para mejorar tu ciudad, para hacerla más sana y verde, y tú dices que no. Es del género estúpido. Pero así es el radicalismo ciego y fanatizado. Ejemplo paradigmático de lo que está ocurriendo es Valladolid. Allí, el exalcalde y presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, ha cifrado en 483 millones de euros el dinero procedente de fondos europeos que puede perder la ciudad del Pisuerga si se deroga la Ordenanza de Movilidad, tal como ha anunciado ya el nuevo regidor, el popular Jesús Julio Carnero. El ex edil socialista tacha estas medidas de “clara involución” con un “riesgo económico claro, cierto, tangible y cuantificable”.
Burgos, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real podrían seguir el mismo camino trazado por la extrema derecha en su lucha contra el ecologismo. También comunidades autónomas bajo el mando de la coalición de derechas como Valencia, Extremadura, Baleares, Aragón o Murcia.
El PP ha elegido un mal socio para sostener ayuntamientos y gobiernos regionales. No solo tiene que hacer frente al oprobio y la vergüenza de los minutos de silencio tras cada asesinato machista (Vox se los salta todos porque niega la violencia de género), sino que la ideología antiecologista que marcan los ultras, contraria a la ciencia, puede hacer mucho daño a los ciudadanos que tienen la mala suerte de vivir en los municipios controlados por la coalición ultraconservadora. Los informes científicos han confirmado que la contaminación mata a miles de personas cada año en nuestro país. Enfermedades pulmonares, cardíacas, alergias y otras se han incrementado como consecuencia de las partículas nocivas que estamos respirando cada día. No hay más que ver la boina negra que se levanta cada mañana sobre grandes metrópolis como Madrid, Barcelona o Valencia para entender que nos encontramos ante un auténtico problema de salud pública. En los últimos años los ayuntamientos gobernados por la izquierda habían dado pasos importantes hacia ciudades más limpias y sostenibles (aunque queda un largo camino por recorrer). Sin embargo, la llegada al poder del bifachito va a conseguir que los avances se frenen y que volvamos a urbes más contaminadas y peligrosas para la integridad física.
Al menos seis grandes ciudades en manos de las derechas han anunciado ya que desmantelarán carriles bici: Valencia, Elche, Gijón, Logroño, Valladolid y Palma. Estas infraestructuras fueron construidas gracias a los fondos europeos Next Generation. Ahora todo ese dinero deberá ser devuelto a Bruselas. Una soberana estupidez, pero así se las gasta la nueva extrema derecha española, un movimiento marcado por la irracionalidad, el anticientificismo y el odio a la izquierda.
Llegados a este punto cabe plantearse si las políticas ultrarreaccionarias y disparatadas que ha emprendido Vox están siendo apoyadas por la opinión pública. El pasado 23J ya fue un serio toque de atención para el partido verde. Vox perdió 19 escaños y más de 600.000 votos en esos comicios, en los que el PP fue la lista más votada. El partido ultra bajó de los 52 diputados obtenidos en 2019 hasta los 33, un resultado que cuestiona seriamente el rumbo que Abascal le ha dado al partido. España no es Estados Unidos o Francia. El programa que ha tratado de presentar a Vox como un partido antinmigración, negacionista del cambio climático y de la violencia de género, y contrario al colectivo LGBTI, no fue comprado por la mayoría de los españoles.
Desde el Gobierno, se asegura que van a estar muy pendientes de las decisiones que se tomen en los ayuntamientos y gobiernos regionales gobernados por el binomio PP/Vox. “Analizaremos caso a caso: si los ayuntamientos no cumplen la normativa tendrán que devolver los fondos europeos que han recibido destinados a la construcción de carriles bici y acelerar la movilidad sostenible de acuerdo con los objetivos marcados por la Comisión Europea”, aseguran fuentes gubernamentales.
“¿Qué les pasa a PP y Vox con los carriles bici? ¿Qué problema tiene la derecha y la extrema derecha con el uso de una movilidad sostenible y la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades? [...] ¿Por qué quieren malgastar el dinero y que los ciudadanos respiren un aire de peor calidad?”, se pregunta María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, que ha calificado de “frivolidad” las restricciones severas a las políticas de movilidad anunciadas por los ayuntamientos bifachitos.