Aunque las administraciones aseguran contar con sistemas de control en las tabletas escolares, la realidad evidencia múltiples fallos de seguridad. Expertos en ciberseguridad y organizaciones como la Fundación Cibertutor advierten de que los menores siguen accediendo con facilidad a contenidos pornográficos y violentos, incluso desde las aulas. Desde hace años, la Fundación Cibertutor recorre los centros educativos españoles para formar a familias y docentes sobre el uso seguro de internet por parte de los menores. Sin embargo, sus informes y experiencias reflejan una preocupante conclusión: las tabletas escolares no son entornos completamente seguros.
Pese a los esfuerzos de las comunidades autónomas —responsables de la gestión tecnológica de los centros—, las herramientas actuales como cortafuegos, gestores de contenido o plataformas MDM (Mobile Device Management) no impiden que los estudiantes accedan a páginas no aptas. "El riesgo cero no existe", advierte Carlos Puente, técnico de menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
Según Cibertutor, las "puertas abiertas" son el gran talón de Aquiles del sistema. A través de buscadores alternativos, proxies como 4everproxy, cambios de DNS o VPN, los menores pueden eludir los filtros instalados. "Puedes poner todos los MDM del mundo, pero si el alumno abre un buscador externo y escribe 'porno', se abre", afirma Mario Martínez, portavoz de la fundación. "Da igual cuántas capas de seguridad haya".
Las comunidades autónomas, por su parte, aseguran contar con infraestructuras protegidas. Castilla-La Mancha declara que "todos los dispositivos están en una red segura", mientras que la Comunidad Valenciana presume de tener un sistema de monitoreo continuo y control sobre los contenidos que se visualizan. Otras regiones como Galicia o Extremadura detallan el uso de cortafuegos corporativos y gestores de contenido que filtran material inadecuado, incluyendo violencia extrema o drogas.
No obstante, todos estos mecanismos tienen sus limitaciones. Tal como subraya Puente, los menores pueden usar el móvil de un amigo en el parque, sin control parental, para acceder a los mismos contenidos. La vigilancia no puede quedarse únicamente en las aulas. "Si somos conscientes de los riesgos, al menos podremos tener conversaciones", añade.
Además de los problemas técnicos, existe una dimensión social y educativa clave. Desde INCIBE recuerdan que "los profesores tienen en sus manos una de las principales herramientas para mejorar la seguridad digital de los alumnos": el diálogo, el fomento de la responsabilidad y el trabajo en valores. Pero esto también requiere la implicación activa de las familias. Cibertutor ha llegado a publicar en su web una "lista negra" de 140 direcciones que deben ser bloqueadas manualmente en casa, ya que sistemas como Google Family Link no las censuran por defecto. "Las empresas no lo hacen por miedo a represalias legales", explican.
El problema trasciende el ámbito escolar. "Detrás de estos contenidos hay un modelo de negocio muy rentable", apunta Martínez. Las plataformas que ofrecen material inapropiado buscan generar minutos de visionado que luego venden a anunciantes. "Y la Inteligencia Artificial está siendo su aliada más eficaz", advierte. Para atender consultas o denuncias relacionadas con el uso inadecuado de tecnologías por parte de menores, INCIBE recuerda la existencia del teléfono gratuito 017, dirigido a familias, docentes y centros educativos.