La defensa de Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017 y objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno de España, ha asegurado este martes que la Fiscalía italiana ha procesado a Francesco Arcuri, expareja de Rivas, por presunto maltrato a sus hijos, según informa el diario Público. De esta manera, Juana consigue ganarle la batalla al hombre que le hizo la vida imposible. El tiempo le ha dado la razón: no era ella la mala de la película, como algún sector de la Justicia española se empeñó en hacer ver, sino al contrario, era su expareja la que cometió graves delitos contra los pequeños.
La representación jurídica de Juana Rivas ha expuesto que el pasado 14 de noviembre, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari "ha concluido las investigaciones y ha presentado formalmente escrito de procesamiento" contra la expareja de Rivas por presunto maltrato a sus dos hijos, "sometiéndolos habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas", según los letrados.
Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, aunque el Tribunal Supremo de España estimó parcialmente el recurso de esta vecina de Maracena (Granada) y le rebajó la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito.
Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos de Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016. En julio de 2022, el Supremo concedió un indulto parcial a Rivas que conmutó su condena firme por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la obligación de realizar un curso de parentalidad positiva, medida de gracia que no eliminaba sus antecedentes en la Justicia italiana.
Los abogados Carlos Aránguez, Juan de Dios Ramírez y Francisca Granados exponen que el hijo pequeño, menor de edad, “continúa estando obligado a vivir en Carloforte con su padre Francesco Arcuri”, porque “sigue sin ejecutarse la sentencia de Casación, ni adoptarse medida cautelar alguna para la protección” del mismo, informa Europa Press.
Por ello, el equipo jurídico ha solicitado medidas que garanticen la protección y manifestado su “máxima preocupación ante el hecho de que un menor se vea obligado a seguir viviendo con su padre tras la existencia de un proceso penal abierto por maltratarle y, en cuya instrucción, se ha concluido que hay pruebas más que suficientes” para imputarle y proceder a la apertura de juicio penal contra él.
Por ello, emplazan a las autoridades competentes a que, “de manera inmediata”, se adopten las medidas que permitan garantizar la efectiva protección del menor. Mientras, el hijo mayor, que ya tiene 18 años de edad, “pide ayuda a la Fiscalía General de Cagliari y expresa con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira”, viendo a su hermano “en gran peligro”, según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.
“Este equipo jurídico quiere manifestar su máxima preocupación ante el hecho de que un menor, se vea obligado a seguir viviendo con su padre tras la existencia de un proceso penal abierto por maltratarle y, en cuya instrucción, se ha concluido que hay pruebas más que suficientes para imputar a dicho padre y proceder, por tanto, a la apertura de juicio penal contra él”, señalan los letrados en un comunicado.
También recuerdan que el pasado marzo el Tribunal Supremo italiano, tras acoger en todos sus términos el recurso de casación de Juana Rivas, anuló la sentencia de la Corte de Apelación de Cagliari por la que se separó a los dos hijos de la expareja y ordenó repetir el juicio civil. Desde aquel fallo, el hijo menor vive con su padre en Italia, mientras que el mayor, que ya tiene 18 años, permanece de manera definitiva con la madre en España, informa Efe. Pero, “siendo esto así, no obstante, a día de hoy sigue sin ejecutarse la sentencia” y sin adoptarse medida cautelar alguna para la protección del menor, que “continúa estando obligado a vivir en Carloforte con su padre”.