El juez Peinado sigue buscando, insistentemente, alguna prueba que demuestre que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, es una mujer corrupta. El tiempo avanza, el verano va pasando y cada vez queda menos para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida sobre la querella de Gómez que, en caso de ser admitida, podría suponer que Peinado quedara apartado del caso.
Está siendo un agosto atípico, frenético, en el Juzgado de Instrucción Número 41 de los de Plaza Castilla. Habitualmente se trata de un mes inhábil en el que los funcionarios están de vacaciones, en la playa, de viaje o en sus casas, pero en esta ocasión toda la plantilla (incluidos los guardias de la UCO) está movilizada y en estado de alerta permanente a la espera de que Peinado encuentre la prueba mágica y definitiva, ese pelo, esa huella, ese papel comprometedor, esa muestra de ADN que certifique, científica y rotundamente, que la primera dama estaba en el ajo de los contratos del empresario Barrabés. El magistrado está dispuesto a poner España patas arriba si es necesario, y ha impuesto un ritmo de trabajo intenso, duro, full time veinticuatro siete, tanto como una de esas carreras de piragüismo olímpico donde los atletas se dejan la piel dando paladas al agua para ganarle la batalla al contrincante y al crono. El reloj puede convertirse en la peor de las obsesiones, y eso parece estar ocurriéndole al juez Peinado, que ve cómo las malditas manecillas avanzan y la ansiada prueba no aparece por ningún lado.
Hasta la fecha, ninguna de las gestiones que ha llevado a cabo el instructor ha dado resultado. Tras algo más de tres meses de instrucción, el balance deja dos informes de la unidad de élite de la Guardia Civil que no ven delito, por ningún lado, en la conducta de Begoña Gómez; una serie de testimonios de testigos que han negado las supuestas irregularidades en el máster de la Complutense y en las adjudicaciones o contratos; y una comparecencia de unos pocos minutos de Pedro Sánchez en uno de los despachos de la Moncloa.
El reloj sigue corriendo y es evidente que el magistrado se encuentra en un callejón sin salida, sin que los focos dejen de apuntarle. Cada día que pasa se acrecientan las sospechas de que estamos ante un claro caso de lawfare, investigaciones prospectivas prohibidas taxativamente por ley en una causa que, no lo olvidemos, ha sido impulsada por grupos franquistas y de extrema derecha.
A día de hoy la investigación se centra en varios frentes: en primer lugar, los contratos públicos que consiguió el empresario Carlos Barrabés, según los querellantes, gracias a las recomendaciones de Begoña Gómez. En segundo lugar, el rescate de Air Europa, una compañía en problemas que recibió subvenciones estatales. Y en tercer lugar, la relación de la esposa del presidente del Gobierno con la Universidad Complutense de Madrid a través de un máster en el que se concedieron adjudicaciones oficiales.
La supuesta relación de Gómez con el rescate de Air Europa ha sido descartada por la Guardia Civil y por la Audiencia de Madrid, que habló de “meras conjeturas” de la denuncia de Manos Limpias, el sindicato ultra que promueve la causa. No se sostiene que se pueda hablar de delito por el hecho de que Gómez coincidiera en dos eventos con Javier Hidalgo, directivo de Globalia.
En cuanto a los contratos del empresario, dos periodistas que llevaron este asunto y que han testificado ante el juez han reconocido que no tienen pruebas de que la esposa del presidente del Gobierno hubiera presionado para beneficiar al industrial. Se suma además el informe negativo de la UCO de la Guardia Civil, que concluye que las cartas de recomendación a favor del empresario no son un “elemento diferenciador” a su favor.
En cuanto a la relación entre Begoña Gómez y la Universidad Complutense de Madrid, el juez trata de encontrar indicios de que la primera dama recibió un trato de favor para dirigir una cátedra de transformación social competitiva a cambio de la instalación de un software informático. El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha comparecido ya dos veces ante Peinado y en las dos ha negado que hubiera nada irregular en los protocolos de actuación.
Peinado, ya contrarreloj, ha pedido a la Universidad datos de otras cátedras para comparar el currículum de sus profesores con el de la esposa del presidente del Gobierno. También ha pedido al Instituto de Empresa el contrato que firmó con ella cuando se puso al frente del África Center, informa Eldiario.es. El 26 de agosto es un día importante, ya que el magistrado tomará declaración a Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua, y a Luis Miguel Ciprés, directivo del grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés. “Lauffer estaba al frente del 'hub global de innovación' creado por Globalia y la Organización Mundial del Turismo cuando firmó un patrocinio con el África Center que dirigía Begoña Gómez en el que se desembolsaron 1.700 euros en total”, añade el citado medio de comunicación. Hay tensión en el juzgado. O se cierra el sumario en agosto, con pruebas concluyentes, o el esperpento de la Justicia española puede ser internacional.