El Ministerio Público lo acusa de dos delitos fiscales y falsedad documental. La Agencia Tributaria acredita una maniobra deliberada para defraudar al fisco utilizando facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros.
Alberto González Amador, empresario madrileño y pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a una petición de prisión firme por parte de la Fiscalía: tres años, nueve meses y un día. Según el escrito presentado este miércoles, González Amador defraudó a Hacienda más de 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una operación fiscal que la justicia considera “deliberada y estructurada”.
El Ministerio Público le atribuye dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad documental, por haber presentado facturas falsas a través de su empresa, Maxwell Cremona SL, para reducir artificialmente su tributación. Las pruebas son contundentes: quince facturas que suman 1.720.985 euros en gastos ficticios, sin operaciones comerciales reales que las respalden.
Una trama fiscal diseñada desde dentro
La jueza instructora, basándose en el informe detallado de la Agencia Tributaria, no deja lugar a dudas: González Amador actuó “consciente y voluntariamente” para engañar a la administración tributaria. Sabía que debía declarar ciertos beneficios, pero manipuló sus cuentas para evitar pagar lo que le correspondía.
Solo en el Impuesto de Sociedades de 2020 dejó de ingresar 155.000 euros; en 2021, otros 195.951 euros. Para lograrlo, utilizó facturación falsa de supuestos servicios jamás prestados, con el único fin de disminuir el pago de impuestos.
La empresa utilizada para el fraude, Maxwell Cremona SL, era de su propiedad exclusiva. Fue desde esa sociedad desde donde se emitieron y registraron facturas por conceptos inexistentes. La Agencia Tributaria ha calificado directamente esos gastos como “ficticios”.
De la inspección al escándalo
El origen del procedimiento se remonta a 2022, cuando una inspección de Hacienda destapó la maniobra. El informe resultante, fechado en 2023, dio pie a una denuncia formal de la Fiscalía y la apertura de diligencias penales. Además de González Amador, están implicados otros cuatro empresarios presuntamente vinculados a la trama de facturas falsas.
La causa ha sido especialmente mediática no solo por su gravedad económica, sino también por su componente político. González Amador es la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que ha puesto aún más foco sobre su conducta empresarial.
En paralelo, se investiga en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo enviado por el abogado de González Amador, en el que este proponía un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los delitos y rebajar la pena a cambio de evitar el juicio.
Con el proceso judicial ya avanzado y la acusación fiscal formulada, González Amador se sitúa al borde del banquillo, con la sombra de una condena penal y el descrédito público por haber intentado engañar al fisco en plena presidencia de su pareja.