La Universidad Pública de Madrid está en el centro del debate político y social, con la propuesta de la Comunidad de Madrid de una nueva ley de enseñanza superior, conocida como LESUC, que está siendo rechazada de manera contundente por los sindicatos, especialmente por UGT. Según la central sindical, este proyecto no solo pone en peligro la equidad en el acceso a la educación superior, sino que también amenaza con transformar las universidades públicas en empresas orientadas al mercado, algo que la organización considera inaceptable.
Un modelo excluyente y privatizador
Desde UGT, se han alzado en defensa de un modelo de universidad pública accesible para toda la ciudadanía, que garantice la igualdad de oportunidades, la calidad educativa y la inclusión social. "Rechazamos un modelo que da cabida a intereses privados sin garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, independientemente de su capacidad económica o su origen", afirman desde el sindicato. Para ellos, el futuro de la universidad no puede depender de las lógicas del mercado, sino que debe estar regido por principios de justicia social y equidad.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su gobierno regional defienden una ley que, a su juicio, mejora la flexibilidad y competitividad del sistema educativo. Sin embargo, UGT sostiene que el modelo propuesto por Ayuso pone en riesgo el acceso a la educación superior para muchas familias, ya que introduce una serie de reformas que favorecen la privatización y el recorte en la financiación pública de las universidades. "Con esta ley, el papel del mercado será cada vez más preeminente y, en consecuencia, la desigualdad será más patente", argumentan.
Denuncia de la falta de participación
Una de las críticas más contundentes de UGT hacia la LESUC es la falta de participación de la comunidad universitaria en su redacción. Según el sindicato, la ley se ha diseñado sin escuchar a los verdaderos actores implicados: estudiantes, profesorado, personal investigador y personal de administración. "Esta ley se ha elaborado a espaldas de quienes realmente conocen la realidad de las universidades públicas", señalan.
UGT exige una universidad pública para todos, no para unos pocos
Además, desde UGT denuncian que la ley no resuelve los problemas estructurales que sufren las universidades públicas madrileñas, como la precariedad laboral del personal docente e investigador (PDI) y la falta de recursos para la investigación. La central sindical también subraya que, en lugar de abordar la problemática de la brecha digital o de fomentar la internacionalización en condiciones de equidad, la ley se limita a reforzar las políticas de mercado, las cuales desatienden los verdaderos retos de las universidades del siglo XXI.
Un modelo basado en la privatización
Una de las principales preocupaciones de UGT respecto a la LESUC es la introducción de un modelo de "colaboración público-privada" que, según el sindicato, está abriendo la puerta a nuevas formas de privatización en el sistema educativo. El gobierno de Ayuso ha defendido que esta colaboración puede aportar recursos y eficiencia a las universidades, pero UGT no comparte esta visión. Para el sindicato, la privatización de la educación superior es un paso atrás en la conquista de derechos sociales. "La universidad pública no se puede gestionar como una empresa, ni debe depender de los intereses de unos pocos. La educación es un derecho universal que debe estar al alcance de toda la sociedad", insisten.
Otro aspecto que preocupa a UGT es la modificación de la financiación pública para las universidades. En el modelo de Ayuso, la financiación pública se limita al 70%, lo que obliga a las universidades a buscar recursos adicionales por otros medios, lo cual, en la práctica, implica que las instituciones deberán recurrir a la financiación privada, lo que las hace más vulnerables a intereses ajenos al bien común.
Un futuro en manos de las familias
El gobierno de Ayuso promueve lo que se denomina "libertad de elección" en cuanto a la universidad, pero desde UGT advierten que esta "libertad" se traduce en un mayor coste para las familias, que serán las que asuman el peso de financiar la educación superior en muchos casos. La ley permite que las universidades públicas establezcan una mayor autonomía en cuanto a la fijación de precios y tarifas, lo que podría disparar los costes de matrícula y hacer que muchas familias no puedan permitirse el lujo de enviar a sus hijos a la universidad.
"El modelo que está impulsando Ayuso está centrado en una educación para unos pocos, aquellos que pueden pagarla, mientras que deja fuera a quienes más lo necesitan", aseveran desde UGT, subrayando que este modelo de "libertad" no garantiza la igualdad de oportunidades, sino todo lo contrario.
La necesidad de un modelo inclusivo
Desde UGT, también insisten en que la universidad pública debe ser una herramienta de transformación social, capaz de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. El sindicato reclama un modelo de universidad que no sea solo accesible desde una perspectiva económica, sino también desde una perspectiva social y cultural. "La universidad debe ser un espacio inclusivo, donde no haya barreras que dificulten el acceso al conocimiento y a la formación de calidad", afirman.
UGT reivindica una universidad pública bien financiada, con recursos suficientes para cumplir con sus funciones docentes, científicas y sociales. Una universidad donde se garantice un empleo digno para el personal que la forma y que ofrezca oportunidades reales a todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico. Para ello, UGT se compromete a seguir movilizándose junto a los estudiantes, el personal docente y el resto de la sociedad madrileña.
Un modelo para todos
La universidad pública, según UGT, debe ser el motor de una sociedad más justa, en la que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad sin importar su origen, su situación económica o su contexto social. En lugar de seguir el modelo de privatización y exclusión que propone el gobierno de Ayuso, el sindicato apuesta por una universidad inclusiva, bien financiada, donde se prioricen los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses empresariales.
UGT continuará luchando para frenar la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y promover un modelo universitario que esté al servicio de la sociedad en su conjunto, asegurando que la educación superior sea un derecho accesible para todos los madrileños y madrileñas.