Los principales indicadores de la violencia de género experimentaron en el primer trimestre de 2023 un nuevo incremento, no sólo respecto del mismo trimestre de 2022 sino también en relación con los últimos tres meses de ese mismo año.
Con estos dramáticos datos de terrorismo machista, conocemos el acuerdo para gobernar la tercera región de España, entre el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y el partido de extrema derecha, negacionista de la violencia machista, Vox. El candidato de Vox a la Presidencia de la Comunitat Valenciana, Carlos Flores, condenado por hace más de dos décadas por violencia machista.
Carlos Flores condenado por violencia de género.
Desde poco después de su elección, el cartel electoral de Vox y los dirigentes de la formación se han tenido que esforzar en defender que no es un obstáculo para ser candidato autonómico el hecho de que haya sido condenado por ejercer violencia psíquica contra su exmujer y faltas de coacciones, injurias y vejaciones injustas.
Pero para el PP de Feijóo que este señor sea un condenado por terrorismo machista y haya cumplido su pena y sea un negacionista convencido, hace válido pactar con la extrema derecha de Vox. Pero si el condenado se presenta por EH Bildu y ya ha cumplido su condena por exaltación a la banda terrorista ETA, entonces no es democrático y no se puede llegar a acuerdo de ningún tipo. En la conciencia de los votantes y dirigentes del PP, quedarán todas las mujeres víctimas de terrorismo machista.
La violencia machista crece en 2023
El número de mujeres víctimas de la violencia machista entre enero y marzo de 2023 fue de 45.154, un 11,54 % más que hace un año y un 4 % más que entre octubre y diciembre de 2022; el número de denuncias ascendió hasta las 46.327, un 10,92 % más que en el mismo trimestre de 2022 y un 2,7 % más que en los tres últimos meses de ese año.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos los datos trimestrales, que muestran también un aumento interanual, del 6,6 por ciento, de las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia. El número total de sentencias dictadas por los órganos judiciales ascendió a 14.886, de las que el 79,56 por ciento, es decir, ocho de cada diez, fueron condenatorias.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, observa cómo los datos del primer trimestre del año muestran una vez más un incremento, muy similar en términos porcentuales al registrado en el cierre del pasado año, tanto en el número de mujeres víctimas como en el de denuncias presentadas.
El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2023, se adoptaron 989 medidas de este tipo, un 18,72 % más que hace un año.
Las denuncias en los juzgados también crecen
Durante el primer trimestre de 2023, los juzgados españoles recibieron un total de 146.327 denuncias, un 10,92 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 41.765. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 45.154, un 11,54 % más que hace un año, cuando se contabilizaron 40.481. El 65,72 % de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a 116.
La tasa de víctimas de violencia de género crece 1,7 puntos
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,4 en toda España, 1,7 puntos más alta que en el primer trimestre de 2022. Por encima de la media nacional se situaron Murcia, con una ratio de 26,4; Baleares, con 26; Comunidad Valenciana, con 25,6; Canarias, con 22,8; Navarra, con 21,1; Andalucía, con 21; Cantabria, con 19,2 y Madrid, con 18,4. Las tasas por debajo de la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12,4; País Vasco, con 13,1; Castilla y León, con 13,3; Cataluña, con 13,8; La Rioja, con 14,2; Castilla-La Mancha, con 14,3; Asturias, con 11; Aragón, con 16,4 y Extremadura, con 17,4.
En dos de cada tres casos (32.661, el 70,5 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría. Una cifra que nuevamente sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (853), que apenas alcanzaron el 1,84 % del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,81 %; las originadas por partes de lesiones, el 7,72 % y las presentadas por terceras personas, el 4,13 por ciento.
El 10,67 % de las víctimas renunció a declarar contra su agresor
El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó algo más de un punto porcentual con respecto al año anterior. En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 4.818 mujeres víctimas, el 10,67 % del total. De ellas, 2.777 eran españolas y 2.041 tenían otras nacionalidades.
Aumentan las órdenes de protección
Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 11.658 órdenes de protección, un 7 % más que hace un año. De ellas, 9.879 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.779 por los juzgados en funciones de guardia.
Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.193, un 6,6 % más que hace un año. Es decir, en el trimestre analizado se acordaron siete de cada diez (70,27 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 6.846, el 69,3 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.347, el 76 por ciento de las solicitudes registradas.
En el 45,1 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al juzgado de violencia sobre la mujer. Dos de cada tres mujeres (6.436, el 65,2 %) que solicitaron protección eran españolas y un 1,7 % del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.
Medidas judiciales penales y civiles de protección
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 15.379 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (5.868), que representaron el 67,19 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (5.618), un 64,86 por ciento del total.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.826 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.478), que representaron el 20,57 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.061), el 14,88 % del total. En ambos casos, los porcentajes se mantuvieron en términos similares con respecto a 2021.
Durante el primer trimestre de este año, también se acordaron 989 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 13,32 % del total de las medidas civiles adoptadas, aumentaron un 18,72 % respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que establece la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género- llevaba ya en vigor más de medio año.
Suspensión de la guardia y custodia
También aumentó la medida civil consistente en la suspensión de la guardia y custodia: las 565 medidas de este tipo representan el 7,99 % del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 59 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 100 casos suspendieron la patria potestad.
Ocho de cada diez sentencias fueron condenatorias
El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género aumentó en el primer trimestre de 2023 en algo más de cuatro puntos y se situó en el 79,56 % del total.
El número total de sentencias dictadas en el trimestre fue de 14.886 y, de ellas, 11.843 fueron condenatorias y 3.043 (el 20,44 %), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 91,35 %, y en las audiencias provinciales, con el 78,05 % del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 69,59 % de los casos enjuiciados.
La importancia de denunciarla violencia machista
Ángeles Carmona señala la importancia de que el porcentaje de mujeres que denuncian a sus agresores ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ante la Justicia se mantenga de forma sostenida en torno al 70 por ciento.
Uno de los retos a los que se enfrenta la lucha contra la violencia machista es el de seguir mereciendo la confianza de todas esas mujeres, unido al de ganarse la confianza del resto de víctimas.
“Debemos ser capaces de conseguir que todas ellas sientan que dando ese difícil paso que es denunciar a su pareja o ex pareja, están abriendo la puerta a un futuro mejor para ellas y para sus hijas e hijos. Cuando cruzan la puerta del juzgado o de la comisaría, deben sentirse seguras”, afirma la presidenta del Observatorio.
“La denuncia pone en marcha la maquinaria de la Justicia, que actúa con absoluto respeto de las garantías procesales de todas las partes y que es la única vía de castigar al agresor cuando, tras la celebración de un juicio justo, se demuestra la veracidad de los hechos denunciados”, asegura Carmona, quien añade que no denunciar equivale a impunidad y lanza un mensaje muy negativo, da la idea de que los agresores quedan exentos de responsabilidad.