Como ya adelantamos en Diario16, Ecologistas en Acción-Lugo ha denunciado la desidia de las administraciones públicas y ha alertado de un funcionamiento inadecuado en la gestión de la caza y, en concreto, del Zorro común Vulpes vulpes. Según la organización, "La caza del zorro en Galicia existe por la connivencia entre la Xunta, los cazadores y la Guardia Civil". Al tiempo denunciaba la muerte, cada año, de más de 12.000 zorros, incluidas competiciones, donde la regla principal es que “gana, quien más mata”. Hasta 42 cuadrillas participaron en la competición de raposeiros de febreso de 2020 en Portomarín (Lugo) lo que pude suponer una contrentración de 500 o más cazadores. La modalidad de caza que se utiliza en las competiciones de enero y febreso es batida, modalidad en la que cada cuadrilla está compuesta por un mínimo de 10 y un máximo de 30 cazadores acompañados por hasta 30 perros.
Tras abordar la situación del zorro en Galicia, a través del testimonio de la activista de Ecologistas en Acción-Lugo, Nery Díaz, han aflorado otros capítulos que describen el modus operandi de los cazadores hacia quienes defienden el fin de la caza del raposo. Otra activista, Verónica Crecente, cuenta lo que vivió en primera persona cuando acudió, junto a tres compañeras, en febrero de 2019, a un campeonato en la comarca de Terra Chá, con intención de conocer su desarrollo y tomar algunas imágenes desde el vehículo en el que viajaban. Su mayor sorpresa fue ver a un menor de edad en la cuadrilla de caza conocida como "Os balas". En ese momento pusieron en conocimiento de los adultos que aquel no era lugar para que estuviera un niño a lo que les respondieron que "mejor estaríamos cuidando a los mayores en casa. Es decir, con un machismo y una chulería inauditos".
Militar, cazador e hijo de un concejal de Deportes
Mientras circulaban en su coche por la zona, explica que comenzaron a hacer fotografías, al ver a un cazador que, con la escopeta desmontada, arrastraba un par de zorros. Este, a su vez, comenzó a grabarles con su móvil. Pero no sería este el último encuentro con el cazador en cuestión. Momentos después se lo encontrarían al lado de un remolque para el traslado de perros, una vez que el coche en el que iban las cuatro mujeres sobrepasa al remolque, como revela el video grabado. Observan que ese cazador monta la escopeta, se coloca en el centro de la carretera y apunta en dirección al coche, luego levanta el arma y dispara. "No está justificado en ningún caso un disparo en una vía pública. No pueden disparar cuando hay gente ajena a la cacería o pasan coches y menos estando situado a unos 30 metros".
El aludido justificaría más tarde ante el juez que ese disparo lo realizó "para descargar el arma". El cazador en cuestión se trataría de un militar profesional de 23 años en el momento del incidente, conocido por ser hijo del concejal de Deportes del PP del Ayuntamiento de Cospeito, recientemente dimitido.
"Hombre, es muy grave que un militar profesional tenga este tipo de comportamientos, porque piensa que tiene acceso a armas a diario". Verónica no comprende "cómo después de manifestar a la Guardia Civil la presencia de un menor en la cacería, no se investigase, así como que para el atestado que hizo la guardia civil en la tarde del día siguiente, sólo se contase con el cazador y no con las denunciantes"
Guardias civiles y cuadrillas de caza
Era sábado y tras avisar al 112 acudió la Guardia Civil de la zona. "Sabíamos que a la vista de tales hechos el campeonato inmediatamente debería haberse suspendido y lo solicitamos a la Guardia Civil presente. Estando allí se acercó un miembro de la cuadrilla Os Balas a hablar con la Guardia Civil. Nos dijeron que teníamos que ir a Vilalba a hacer la denuncia y al puesto de la la Guardia Civil. Allí insistimos en que se detuviera el campeonato. Llegó el coronel y nos dijo que habían atendido nuestra solicitud y que el campeonato estaba suspendido. Para nosotros fue un motivo de alegría". Pero activistas que habían llegado desde otros puntos de Galicia y que fueron a presentar una denuncia por daños en su coche, "nos confirmaron que se había parado, pero que los cazadores estaban llamando a la Guardia Civil para pedir que se reactivara. Y, efectivamente, así ocurrió, a pesar de que momentos antes una autoridad nos hubiera asegurado que el campeonato se suspendía. Aunque a la cuadrilla del autor del disparo al aire no se le permitió participar, la caza continuó. Estas cosas no deberían de pasar. La ley es la ley y la presión de los cazadores debería resbalarles".
La sentencia del 18 de noviembre de 2020, tras el juicio por un delito leve de amenazas, daría finalmente la razón al cazador, quien afirmó que se le había quedado un cartucho en la escopeta y el disparo al aire se produjo para descargarla, y no con animo de amedrentar a las activistas. "Pero es que descargar una escopeta es algo que no puedes hacer en medio de una carretera. Pero eso ya es una falta administrativa y no un delito penal. Y entre otras cosas -y esto es lo sorprendente- apunta la sentencia que otra razón es porque nosotras no sentimos miedo en ningún momento. No debimos asustarnos lo suficiente", dice Crecente.
Tampoco entienden que una prueba como el video "en el que se ve la secuencia de los hechos tampoco sirva". Sienten "una sensación de desigualdad, de que no interesa hacer Justicia.
Llamamiento a la Xunta de Galicia
Ahora, apelan a la Xunta de Galicia como órgano que concede las licencias y establece la resolución anual en la que se delimitan los tiempos de caza para cada especie y campeonatos. Piden "que no se autorice la caza del zorro, ni la caza con perros y se detenga la caza de arceas y otras especies del Libro Rojo de las Aves que se están cazando, como la Perdiz roja Alectoris rufa". Las amenazas que sufre, en la actualidad, esta especie son la alteración de su hábitat, los cambios en la agricultura tradicional o el uso de pesticidas. Por otro lado, se ha constatado que la suelta para caza de Perdiz griega Alectoris graeca o perdiz chucar Alectoris chukar generan híbridos con alteraciones de comportamiento y reproducción, suponiendo una amenaza para la preservación de la especie. En el caso de España, se estima que en los últimos veinte años las poblaciones de perdiz roja se han mermado en un 33%.
En cuanto a seguridad ciudadana, solicitan que se comunique, "pues no hay ni carteles para que la gente sepa cuando va a haber una cacería. Que un 2% pueda ocupar el el 95% del territorio y los demás no podamos ir por el bosque, dice que la ley no es igual para todos. Ya sólo por los accidentes de escopeta que hay todos los días, las administraciones, incluso a nivel estatal, ya deberían haber tomado medidas. Nosotros nos cansamos de pedirlo, pero parece que no, que ese 2% tiene un poder tremendo".
Finalmente hacen un llamamiento a la sociedad "para eliminar todas las tierras inscritas en los tecores o terrenos cinegéticamente ordenados", pues según explican "se renuevan automáticamente las fincas, y hay quien ni sabe que está en el TECOR. La eliminación paulatina de fincas de los tecores conllevaría la futura desaparición de estos.