La ultraderecha quiere tener representación en todos los ámbitos democráticos y está intentando aplicar reformas que les abran las puertas que, por coherencia ideológica, deberían tener siempre cerradas. Sin embargo, en relación a las relaciones sindicales, la importancia de la representación de clase se lo pone muy difícil.
Históricamente, la extrema derecha en España siempre ha pretendido controlar las relaciones entre las clases medias y trabajadoras con la patronal. No se puede olvidar que las JONS eran un pseudo sindicato nacido para, precisamente, luchar contra las organizaciones tradicionales de izquierda. La presencia de los ultras en las relaciones laborales no tiene otro objetivo que el de unificar a patronal y representantes de los trabajadores, como ya ocurrió con el Sindicato Vertical franquista.
Ya lo dijo José Antonio Primo de Rivera: «Queremos, en lugar de la economía incoherente e irresponsable del sistema capitalista, otra, basada en la noción de las necesidades públicas, en el principio de la responsabilidad y en una organización sindical, en la que empresarios y obreros aparezcan confundidos en el concepto de productores consagrados a una misma tarea. Debemos formar sindicatos verticales y nacionales. Es decir, sindicatos que, en lugar de ser exclusivamente de obreros o patronos, inspirados tan sólo en un interés de clase, lo estén en la producción, ya que vemos muchas veces que los proletarios de una industria determinada tienen más vínculos con los capitalistas de esta industria que con los propietarios que trabajan en otra industria competidora y opuesta. Sindicatos que descargarán al Estado de una serie de funciones económicas que ellos deben asumir, desburocratizando la economía y llegando a la supresión del salariado mediante un reparto equitativo de los beneficios entre los factores que han intervenido en la producción. Disciplinarán la economía, pero no será una disciplina de Estado que mate la iniciativa privada, sino más bien una autodisciplina de los mismos productores y en interés social».
En este sentido, Vox vuelve a lanzar una trampa al sistema democrático actual y pretende abrir la puerta a nuevos sindicatos a través de la rebaja del umbral de representación al 5% de delegados de personal en los comités de empresa y la Administración para ser considerado «sindicato representativo», es decir, la mitad de lo establecido por la ley.
Para ello, el partido de ultraderecha ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la que señala que ese 10% establecido por la Ley Orgánica de Libertad Sindical es una ratio muy superior a la requerida «en otros ámbitos para el ejercicio de la representación». Para cimentar su argumento, la formación de extrema derecha cita el caso de la distribución de escaños en las cámaras legislativas, teniendo en cuenta de que en la mayoría de las comunidades se tienen en cuenta las listas que hayan obtenido entre el 3% y el 5% de los votos válidamente emitidos.
En comparación, Vox considera «del todo irracional» que se exija una mayoría más amplia para ostentar la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal que para contar con representación parlamentaria, ya sea autonómica o nacional.
El partido liderado por Santiago Abascal defiende que el criterio a la hora de reconocer a estas organizaciones no ha de ser el de «mayor representatividad», sino de «suficiente representatividad», valorado tanto a nivel territorial como funcional.
La ley confiere a los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT en la práctica, por adquirir este estatus, participar en la negociación colectiva, ostentar representación institucional. participar en sistemas extrajudiciales de conflictos laborales u obtener cesiones temporales de inmuebles patrimoniales públicos, entre otras.
En su iniciativa, Vox señala las reivindicaciones de muchas organizaciones sociales para modificar la ley en este sentido y así «corregir el monopolio de CCOO y UGT».
Por otro lado, la formación de ultraderecha ha apadrinado hace poco más de un año un nuevo sindicato, Solidaridad, que defienden frente a «los sindicatos ideológicos, subvencionados y corruptos».
Sin embargo, el intento de meter a Solidaridad en la negociación colectiva y el diálogo social, conllevará también que entren otros sindicatos minoritarios como USO, organizaciones sectoriales y, sobre todo, los sindicatos de raíz anarquista y libertaria como CNT o CGT que darían un tono más duro y de lucha de clases en los planteamientos negociadores, es decir, lo contrario a lo que pretendería Vox.