La enloquecida estrategia del PP en política exterior (trazada para derrocar a Sánchez y no en función de los intereses de España) nos ha puesto al borde de una guerra política y comercial con Venezuela. La pasada noche el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, instó una resolución de respuesta a la del Congreso de los Diputados de nuestro país, donde las derechas (PP, Vox y también el PNV) pretenden reconocer como presidente electo a Edmundo González Urrutia (hoy exiliado en España) tras las pasadas elecciones. Cabe recordar que el Gobierno español, siguiendo las directrices de la UE, no ha llegado tan lejos a la hora de condenar el régimen de Maduro, y se ha limitado a reclamar las actas de las elecciones, que el autócrata de Caracas se niega a entregar a la comunidad internacional.
Ante esta situación, Maduro ha movido ficha. El Parlamento venezolano va a instar al Gobierno de Nicolás Maduro a romper “todas las relaciones” diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España. Lógicamente, esa ruptura de relaciones tendría desastrosas consecuencias en nuestra economía, sobre todo en sectores como la banca, seguros y mayormente en el petróleo y gas. Repsol opera en Venezuela, uno de nuestros principales proveedores, desde 1993, y una guerra comercial sería un golpe durísimo para nuestra compañía buque insignia. Otras multinacionales como Movistar o BBVA también tiemblan ante ese escenario y miles de millones están en juego. Esta vez, la demagogia barata del PP ha conducido a nuestro país a un callejón sin salida o atolladero con peligrosas consecuencias para la economía.
Un portavoz bolivariano califica a nuestro país como “refugio de homicidas, fascistas, golpistas y violentos”
Durante la sesión de hoy, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Legislativo), el oficialista Jorge Rodríguez pidió a la Comisión de Política Exterior una reunión inmediata para elaborar una resolución que la plenaria “apruebe de manera perentoria” para solicitar “al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se rompan de inmediato todas las relaciones” con España.
Rodríguez pidió también que la resolución establezca que “todas las actividades de índole comercial de empresas españolas cesen de inmediato”, en respuesta a lo que consideró como “el atropello más brutal” de España contra Venezuela “desde los tiempos” en que el país caribeño luchó por su independencia, en referencia a la decisión del Congreso.
“Una gente que ni siquiera escoge a su presidente comete la barbaridad de pensar que ellos pueden nombrar al presidente de Venezuela (…) Debería darles vergüenza que, en el siglo XXI, una persona por derechos de sangre es quien designa en España al presidente del Gobierno”, dijo el jefe de la AN.
Miles de millones de euros y los intereses de nuestras multinacionales están en juego
A su juicio, España “se ha venido convirtiendo” en un “refugio de homicidas, fascistas, golpistas” y “violentos”, y posteriormente nombró a políticos antichavistas exiliados en España como a Leopoldo López.
Lejos de rectificar, el PP insiste en su descabellada táctica de tratar de erosionar a Sánchez a cuenta del delicado asunto venezolano, un complejo problema diplomático que debe ser tratado con el mayor de los tactos (por todo lo que hay en juego) y no desde el inflamado patrioterismo o haciendo seguidismo de la extrema derecha, maestra en las habituales prácticas rupturistas puestas de moda por el trumpismo rampante. Desatar una guerra comercial con Venezuela para hacerle daño a Sánchez es un grave error que ahora empezamos a pagar caro. El PP es un pollo sin cabeza. Y lo peor de todo es que esto no ha hecho más que comenzar.