Franco imaginó un país donde cada cual fuese dueño de una casa. Por algo dijo aquello de “queremos una España de propietarios, no de proletarios”. De esta manera la dictadura, inmersa en la necesidad de poner en marcha un desarrollismo voraz e insostenible, asentaba el principio del libre mercado y de paso lanzaba un mensaje ideológico directo contra el modelo comunista. Era una forma más de crear el espejismo de una sociedad donde todos nadaban en la abundancia, algo que nunca fue así, y mucho menos en los peores años de la posguerra, cuando buena parte del país estaba arrasado por las bombas.
En un recorte de prensa de 1959 publicado en ABC, el periódico del régimen aseguraba que “aspiramos a que la vivienda sea del que la vive, y que de la renta limitada pasemos al ideal de la venta limitada”. Hoy, ese sistema apenas se ha modificado, de modo que España se encuentra con un gravísimo problema inmobiliario producto de una herencia nefasta: el de la escasez de vivienda, sobre todo para los más jóvenes.
Un país de propietarios implica un país que tiende a la concentración (a menudo en unas pocas manos), donde faltan pisos y casas de alquiler y donde se entiende la vivienda como un negocio más que como un derecho fundamental. Nuestro país se encuentra a la cola en este capítulo, el de número de inmuebles en arrendamiento per cápita, un problema que viene a sumarse a otro no menor: el de la escasez de vivienda de protección oficial (en España solo el 2 por ciento de la obra se destina a fin social mientras que la media europea se sitúa en el 11). Luego, si por un lado tenemos falta de vivienda de alquiler y por otro un parque de protección estatal raquítico, el resultado no puede ser más negativo: los precios se disparan, la especulación del cemento crece y muchos no encuentran un hogar para vivir.
Según datos del Banco de España en nuestro país hay 27 millones de viviendas, de ellas, el 70% son vivienda habitual. Sólo el 13,3% se alquila, unos 3,6 millones de viviendas, y el resto, unos 4 millones, o están vacías o desocupadas. La conclusión no puede ser otra que falta vivienda, más de medio millón (durante la pandemia se ralentizó aún más la actividad en el sector), y lo malo es que no hay perspectivas de que se vayan a construir, al menos a corto plazo.
A todo ello viene a sumarse el problema de la especulación. Los fondos buitre se están haciendo con buena parte del parque de vivienda de este país, mientras que los tipos de interés siguen al alza. Las hipotecas se han puesto fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos, que no tienen recursos suficientes para entrar en el circuito de compradores, tal como estableció el modelo franquista que sigue en vigor. Mientras que las hipotecas no bajen de precio (algo que no ocurrirá si el Estado no interviene), el mercado seguirá siendo inasequible para la mayoría. Pero es que además el alquiler tampoco mejora. Los precios siguen subiendo, mayormente en las zonas tensionadas de las grandes ciudades, en una espiral inflacionaria que no parece tener fin. Contribuye al fenómeno de la especulación con los alquileres que muchos propietarios están destinando inmuebles al alquiler turístico, otro cáncer endémico del sector. Los vecinos de las urbes turísticas, que se sienten invadidos o atacados, empiezan a estar hartos de la llegada masiva de visitantes que ocupan sus casas mientras los de aquí no encuentran un piso en condiciones. Esto está generando graves problemas de convivencia, turismofobia y altercados de orden público casi a diario.
“Los que no han podido comprarse una casa han terminado en el mercado del alquiler, que también se ha encarecido un 30% en los últimos 5 años”, según el último informe elaborado por Alquiler Seguro. Ha subido tanto la demanda que, por ejemplo, por cada casa que se alquila en Barcelona hay más de 100 personas interesadas. Una jungla donde solo sobrevive el más fuerte. Gobiernos regionales como la Generalitat de Cataluña han empezado a limitar el alquiler de temporada y el ayuntamiento de Madrid va a aumentar las inspecciones contra los apartamentos turísticos ilegales, que son la inmensa mayoría, según la oposición. En Ámsterdam han optado por prohibir la construcción de más hoteles porque no cabe un turista más.
Falta vivienda y se dispara la demanda, suben los precios y los salarios se estacan, un cóctel explosivo que puede reventarle al Gobierno Sánchez en cualquier momento. Y todo porque nadie, en más de cuarenta años de democracia, se ha atrevido a transformar un modelo de vivienda, el franquista de la propiedad perpetua, que por desgracia sigue más vigente que nunca.