Sin debate, sin acuerdo y sin disimulo. La Xunta de Galicia ha completado su proyecto de sometimiento total de la CRTVG al interés partidista. La elección de Concepción Pombo como nueva directora general del ente público, con el exclusivo apoyo del PP, es el último movimiento de una ofensiva institucional que arrasa con el pluralismo, pisotea la independencia informativa y degrada el papel del servicio público en democracia.
Un ente público secuestrado por decreto
La designación de Concepción Pombo no es solo una decisión política, es la confirmación de una operación de largo alcance: la transformación de un medio público en aparato de propaganda gubernamental. El Ejecutivo de Alfonso Rueda no ha ocultado sus intenciones. Para garantizar el nombramiento, el PP reformó la ley de medios a su medida, rebajando el umbral de apoyos necesarios hasta convertir su mayoría absoluta en carta blanca para blindar el control de la CRTVG.
Lo ocurrido en el Parlamento gallego es un bochorno institucional. Tras dos intentos fallidos de obtener respaldo suficiente, el PP impuso a Pombo en una tercera votación celebrada sin debate previo. De los 72 diputados presentes, 39, todos del PP, depositaron su voto a favor, frente a 33 papeletas sin marcar que expresaban el rechazo del resto de grupos. Una elección revestida de legalidad, pero despojada de legitimidad democrática.
Manipulación legal para asegurar sumisión
Con la reciente conversión de la CRTVG en la nueva Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), el gobierno autonómico consolidó el marco legal que le permite gobernar sin contrapesos la línea editorial de la radiotelevisión pública. El rediseño legal no fue neutro: fue la llave para institucionalizar la unilateralidad y bloquear cualquier vía de participación plural.
Esta maniobra legislativa no solo fue denunciada por la oposición, sino también por trabajadores y sindicatos de la CRTVG, que acumulan ya 14 días de huelga en protesta por la creciente instrumentalización del medio. Denuncian la censura, las presiones y la pérdida de neutralidad informativa. Pero la respuesta del Gobierno ha sido el silencio, el rodillo parlamentario y ahora, la designación de una directora considerada abiertamente cercana al partido.
Pombo: continuidad de un modelo propagandístico
La figura de Pombo no representa una renovación ni una esperanza de independencia. Es, como denuncian BNG y PSdeG, “la opción más radical” para asegurar la continuidad del modelo instaurado por su predecesor, Alfonso Sánchez Izquierdo, quien durante 16 años al frente de la CRTVG consolidó una cultura corporativa marcada por la obediencia y el apagón informativo sobre temas incómodos para el poder.
Su nombramiento, además, se produce en un clima de creciente desafección ciudadana hacia los medios públicos gallegos, cuya audiencia se erosiona al mismo ritmo que su credibilidad. La pluralidad ha sido laminada, las voces disidentes silenciadas y la diversidad ideológica relegada a los márgenes.
Una democracia debilitada
El verdadero daño no es solo a la profesión periodística o a la plantilla de la CRTVG, sino al conjunto de la ciudadanía. El control férreo de los medios públicos no es una anécdota partidista: es un síntoma de degradación democrática. La información deja de ser un derecho y se convierte en instrumento de poder.
Mientras el Gobierno gallego presume de gestión, aplica recetas autoritarias para moldear la opinión pública a su favor. Reformar leyes para colonizar medios no es gobernar: es manipular. Y cuando un gobierno legisla para blindar su relato, lo que se degrada no es solo la televisión, sino la salud democrática de toda una comunidad.
Lo ocurrido en la CRTVG no es un caso aislado ni un tecnicismo parlamentario. Es la culminación de una deriva que reduce la transparencia, vulnera el derecho a la información y convierte la televisión pública en un altavoz al servicio de un solo partido. La elección de Pombo, lejos de ser un trámite, es una advertencia: cuando el poder elimina los consensos, lo siguiente que desaparece es la democracia.