Los esfuerzos mundiales para prevenir los delitos contra la naturaleza y llevar a los delincuentes ante la justicia se están viendo obstaculizados por las flagrantes diferencias en las leyes de protección del medio ambiente entre regiones, según Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Así consta en un informe dado a conocer por su directora de investigación y análisis, Angela Me.
«Una legislación más estricta puede contribuir a disuadir a los delincuentes potenciales y reincidentes y a ampliar el abanico de herramientas y recursos de investigación de las fuerzas del orden para poner fin a los delitos que afectan al medio ambiente», explica.
Presentado en Viena, «El panorama de la penalización» es la primera parte del primer Informe sobre el análisis mundial de los delitos que afectan al medio ambiente. La UNODC examina cómo definen los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas los delitos contra la naturaleza y las penas que establecen por infringir las leyes medioambientales.
Violaciones graves
El estudio abarca nueve áreas de delitos relacionados con la naturaleza: deforestación y tala, contaminación acústica, pesca, gestión de residuos, protección de la fauna y flora silvestres, contaminación del aire, el suelo y los residuos.
En la actualidad, al menos el 85% de los Estados miembros de la ONU tipifican como delito los delitos contra la fauna y flora silvestres.
El 45% de los países imponen penas de cuatro o más años de prisión por algunos delitos contra el medio ambiente, lo que los clasifica como delitos graves según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), una norma universalmente reconocida.
«Nuestro examen muestra avances a escala mundial en las leyes de protección del medio ambiente», sostiene Angela Me. Sin embargo, señala que la legislación y su aplicación siguen siendo desiguales, lo que crea «oportunidades para que los grupos delictivos exploten las lagunas en las respuestas».
La fauna y flora silvestres y los residuos son los ámbitos en los que la mayoría de los países (164 y 160, respectivamente) incluyen al menos un delito penal relacionado en su legislación nacional. Por el contrario, la contaminación del suelo y acústica (99 y 97, respectivamente) son las áreas en las que menos países cuentan con disposiciones penales.
Variaciones regionales
El nivel de penalización y las sanciones varían según el país y la región. Por ejemplo, en Oceanía, el 43% de los países consideran la pesca ilegal como un delito grave (que conlleva cuatro o más años de cárcel), mientras que en Europa sólo el 2% de los países lo clasifican como tal. Por su parte, 12 de los 18 países de África Oriental consideran delitos graves los delitos contra la vida silvestre.
África y Asia tienen el porcentaje medio más alto de Estados miembros con penas que se ajustan a la definición de delito grave, lo que indica que la legislación no es necesariamente débil, sino que hay una falta de aplicación.
Delitos contra la vida silvestre
De los nueve ámbitos estudiados, los delitos contra la fauna y la flora silvestres son los que con más frecuencia están contemplados en la legislación penal, ya que 164 Estados miembros mantienen disposiciones de este tipo.
La legislación nacional de muchos países supera incluso los requisitos de la CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
En todo el mundo, las penas por delitos contra la vida silvestre van desde unos pocos días hasta la cadena perpetua, mientras que las multas pueden oscilar entre unos pocos dólares y tres millones.
Junto a la fauna y la flora silvestres, los delitos relacionados con los residuos están muy penalizados: 160 países consideran delito el vertido inadecuado de residuos e incluyen en su legislación al menos un delito penal relacionado.
Por el contrario, la contaminación del suelo y acústica son las menos protegidas, con sólo 99 y 97 países, respectivamente, que consideran graves estas infracciones.
Lagunas legislativas
El informe subraya las discrepancias en la aplicación de las leyes a los particulares frente a las empresas, que a menudo se libran de las multas, mientras que los particulares pueden enfrentarse a penas de prisión.
Los autores sugieren que los países podrían mejorar la legislación para permitir la confiscación de los medios utilizados para cometer delitos ambientales o de los beneficios obtenidos de estos delitos. La actual falta de disposiciones de este tipo conduce a menudo a la persecución de infractores menores en lugar de los grandes actores económicos que cometen delitos contra el medio ambiente.
Según los expertos de la UNODC, existen varios ámbitos susceptibles de mejora en la legislación y las penas medioambientales. Los Estados miembros podrían plantearse aumentar las penas y ampliar el uso de herramientas de cooperación internacional como la extradición o la asistencia judicial recíproca.
También es necesario recopilar más datos sobre estos delitos, mejorar la aplicación de la legislación e investigar más sobre las penas aplicadas y su eficacia, y añadieron que esa información ayudará a comprender qué grados de penalización son más eficaces para prevenir los delitos contra el medio ambiente.
