El apoyo a última hora de las diputadas de Podemos a la reforma fiscal propuesta por el Gobierno sucedido esta semana y tras las conocidas dificultades para conseguirlo ha sido tomada por muchos medios como el pistoletazo de salida de esta legislatura.
Quizás este sea el segundo pistoletazo, a decir verdad, tras conseguir el apoyo de Junts a la suma multicolor de partidos que eran necesarias para lograr los números que le permitieron a Pedro Sánchez volver a la Moncloa...pero desde ese momento inicial han pasado los meses y se han evidenciado los innumerables problemas que el PSOE tiene a la hora de aprobar cada una de sus propuestas.
Los presupuestos generales del estado que han estado aparcados todo el 2024 deberían ser el próximo objetivo de un Gobierno que en sus primeros 16 meses de vida ha tenido las manos atadas para llevar a cabo su programa de gobierno.
El equilibrio que el PSOE ha de mantener para seguir en el Gobierno requiere de unos malabarismos difíciles de mantener teniendo en cuenta la multitud de sensibilidades y prismas políticos que tiene que contentar y las reticencias que hay entre muchos de los partidos que componen esa coalición y que se unieron en parte para impedir un gobierno del PP y la ultraderecha de VOX.
Esta semana en la carrera de obstáculos del Gobierno tocaba el reto de lograr aprobar un paquete fiscal que busca la justicia social y que necesitaba un gran consenso político.
La aprobación de esta propuesta fiscal abre la puerta a conseguir más acuerdos, o al menos eso se piensa dentro del PSOE.
Las reformas propuestas tienen como objetivo recaudar alrededor de 8,000 millones de euros anuales, aunque su aplicación aún depende de futuras negociaciones y ajustes en el Senado.
Dentro de las medidas acordadas, una de las que tienen más repercusión es la subida de dos puntos en el impuesto sobre la renta del capital para quienes ganen más de 300,000 euros anuales, elevando la tasa al 20% y contentando a parte de sus socios...sobre todo a aquellos que se sitúan a la izquierda del PSOE.
Se incluye un aumento en la fiscalidad del tabaco y cigarrillos electrónicos, así como también se proponen medidas para gravar los pisos turísticos mediante una modificación de la directiva europea del IVA, medidas ambas que son tomadas de diferente forma por las formaciones que apoyan a Sánchez.
También se aprueba la implementación de un tipo mínimo del 15% para multinacionales, en línea con directivas de la UE.
Ione Belarra explicó cuál fue la exigencia al PSOE para contar con el apoyo de Podemos: «el acuerdo supone el compromiso del PSOE y Podemos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas. Con ese objetivo, en los próximos días -dice el comunicado- se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto».
Ahora toca esperar que los presupuestos generales de estado se aprueben pronto y se retome la normalidad en la actividad de los ministerios y de instituciones independientes como el Consejo General de la Ciudadanía española en el exterior, que este año no se ha podido reunir en Pleno, como establecen sus estatutos, por los problemas creados por la falta de nuevos presupuestos...y no es la primera vez que sucede en la historia reciente de esta institución.
Hay otras leyes y reglamentos que han de presentarse en los próximos meses.
El PSOE tendrá que llegar a consensos con todos sus socios para asegurarse que puedan salir adelante sus propuestas y tiene varias decenas de proyectos y proposiciones de ley aparcadas por la desconfianza en su propio poder de convicción para contar con los apoyos suficientes en el Congreso.
Una de las leyes que deberá retomarse tras un intento fallido en mayo es la ley del Suelo. Esta reforma fue retirada por falta de consenso entre los socios del gobierno y críticas de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu y Podemos y a pesar de haber intentado saltarse el apoyo de la coalición que lo aupó al gobierno sumando al PP para sacar adelante esta ley.
Al igual que se ha de retomar la ley del Suelo hay una serie de ámbitos en los que el Gobierno ha mostrado interés por legislar como son el racismo y delitos de odio, la trata de personas, reformar la ley de industria, la protección a menores en entornos digitales o una de las propuestas que más atención mediática obtuvo tras la formación del Gobierno: la reducción de la jornada laboral.
Hace unos días la ponencia marco del PSOE para el 41º Congreso federal presentaba la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que busca adaptarse a las necesidades actuales para una distribución más justa.
Finalmente, también se espera esa propuesta que Pedro Sánchez anunciaba en el discurso de investidura de un pacto por la salud mental que suponía aumentar los recursos en salud psicológica y reducir listas de espera.
Hay propuestas que le han llegado al gobierno como la de la reforma del código civil en materia de nacionalidad que deberían ser tenidas en cuenta, más aún cuando la cuenta atrás para la finalización de la vigencia de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática ha entrado en los últimos 12 meses y los consulados siguen con un nivel de solicitudes de tramites en crecimiento y solo una reforma permanente del código civil puede ayudar a reducir la presión en consulados generales del mundo.
El PSOE ha de pisar el acelerador sino quiere que su legislatura sea recordada como una lista interminable de buenos propósitos que no llegaron a nada y han de buscar sacar adelante cambios que mejoren nuestra sociedad más aun cuando tenemos el riesgo de un futuro gobierno con ultras y negacionistas que intentarán desandar muchos de los avances sociales que se deberían estar consiguiendo...