Hace unos meses se instalaron en Mérida 20 cámaras de videovigilancia, dentro del Proyecto europeo “Provincia de Badajoz Destino Turístico Inteligente”, financiado por www.red.es y la Diputación de Badajoz, que a su vez financia el proyecto de cámaras de Mérida.
Según la página del Ayuntamiento de Mérida, se instalan cámaras para fomentar la seguridad del entorno monumental y según www.red.es el proyecto tendría como finalidad la aplicación de tecnologías de Business Intelligence, Analytics, Big Data y sistemas de inteligencia turística para una mayor relación con el turista, así como sensorización para ciudades del futuro o Smart Cities e instalación de elementos de marketing personalizado como tótems o beacons. No parece que los conceptos sean exactamente los mismos.
Al principio no hubo reacción masiva por parte de la población. Sin embargo, poco a poco, cada vez son más las personas que empiezan a oponerse. Existen, desde hace tiempo, movimientos ciudadanos como son la asociación “Emeritenses contra el ruido” o la plataforma “Stop Zona de Bajas Emisiones Mérida”, compuestos por personas hartas de ver cómo el centro de su ciudad se convierte en un lugar lleno de locales de ocio y terrazas y la vida se hace cada vez más difícil. El problema se acentúa si un día se levantan y ven unas cámaras que apuntan no solo a un monumento, sino al edificio donde viven, a la entrada de un parque o a la calle por dónde pasan.
A día y hora de hoy, parece ser que el sistema de cámaras todavía no está operativo, pero es preocupante el hecho de que algunas cámaras sigan enfocando a las personas. Por poner algunos ejemplos, hay cámaras en el acceso a los dos puentes romanos, en el entorno del acueducto de los Milagros, una que enfoca a la puerta de la Iglesia concatedral de Santa María o la de la fachada del Hotel Melia-Ilunion. A la cámara que vigilaba el Arco Trajano se le ha dado la vuelta, probablemente porque enfocaba a los menores del Colegio Trajano. En el canal de Facebook de la plataforma “Stop Zona de Bajas Emisiones Mérida” pueden verse planos e imágenes de estas cámaras y más información al respecto.
Los hechos que acabo de relatar no están en consonancia con las declaraciones del Delegado de Turismo y Policía Local, Felipe González, quien ante la susceptibilidad de los habitantes de Mérida, remarcó en el programa “La Picota” del 20 de diciembre en la Televisión Extremeña que no se va a cruzar la línea de intimidad, como puede escucharse a partir del minuto 9 del programa mencionado.
Por si 20 cámaras de vigilancia fueran pocas, en el portal del Ayuntamiento de Mérida se anunciaba, prácticamente en paralelo, la licitación del proyecto de control de acceso a la futura Zona de Bajas Emisiones. Este proyecto conlleva la instalación de otras tantas cámaras adicionales por la ciudad, con un sistema centralizado de control, análisis de datos, interconexión con otras fuentes de información, inteligencia artificial, etc. En resumen, una red de telecomunicaciones en toda regla que complementa a la ya implantada, montada con más de dos millones trescientos mil euros financiados parcialmente con los fondos “Next Generation” de la Unión Europea. No he sido capaz de encontrar el enlace al documento de licitación para ponerlo a disposición de los lectores, no obstante, en la imagen que adjunto aparecen los códigos de registro que lo identifican.
El título de la licitación dice: “Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano PRTRMU-21-00267”. Sin embargo, según se profundiza, puede comprobarse que el contenido se va saliendo del entorno del tráfico y va cambiando de alcance:
En esta página del Ayuntamiento puede leerse que en el primer lote de la licitación se incluye “la implantación de cámaras de control de acceso por lectura de matrículas” entre otros componentes y actividades.
A partir de la página 95 de la licitación, se habla de las especificaciones técnicas de las cámaras. Se requiere la instalación de otras 34 cámaras tipo LPR, que son para básicamente detección de matrículas e identificación de características de los vehículos. Y llegados a la página 98 vemos que se solicitan 27 cámaras Multisensor CCTV Contorno 360° que deben cumplir, entre otros requisitos, el de reconocimiento facial.
Sí, estimados lectores, 27 cámaras repartidas por Mérida cuyas especificaciones dicen claramente que han de tener ¡reconocimiento facial!
Ah, ¿pero no eran para el control del tráfico? ¿Qué potencial tendrían estas cámaras junto con la red de análisis de información que se describe?
Lo cierto es que con este sistema informático licitado para “la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano” las cámaras instaladas en las calles servirían para detectar actos de violencia, personas que merodean por una zona determinada, consultar antecedentes penales de personas sospechosas, detectar disparos o prevenir actos delictivos. Sin embargo, también se pueden utilizar para comparar fotografías, comprobar lo que los ciudadanos tiran a la basura, identificar a los padres cuando llevan a sus hijos al colegio, vigilar el comportamiento de los niños, identificar las personas que entran a un determinado local, saber cuántas personas se reúnen en una localización y, si ya se cruza este sistema con otras fuentes externas, todo aquello que ustedes se puedan imaginar y más. El lector comprobará que algunas de las utilidades de estas cámaras son, supuestamente, por seguridad, pero otras atentan directamente contra la intimidad de las personas y eso no se puede tolerar.
Todo lo que sean avances tecnológicos en beneficio de la ciudadanía son bienvenidos, ¡por supuesto que los emeritenses y todos los españoles estamos a favor de la conservación del patrimonio nacional y de la seguridad! Esto es indudable. Ahora bien, ha de ser compatible con el respeto a la intimidad, la legalidad y los derechos de las personas. ¿Y aquí se respetarían? ¿Por qué no se explica a la ciudadanía claramente dónde se quiere ir a parar utilizando una licitación de tráfico para cumplir requisitos de control de “bienes materiales y personales” añadida a la red de cámaras ya instaladas?
Forzado por “Emeritenses contra el ruido”, esto es lo que dijo al respecto y textualmente el alcalde de Mérida , Antonio Rodríguez Osuna, el 8 de abril en el telediario de las 14:00 en el canal de televisión de Extremadura Noticias (video de algo más de un minuto que recomiendo encarecidamente escuchar) – espero que no lo eliminen:
“No tiene reconocimiento facial, lo que pone la cámara de reconocimiento facial es que tendrá la suficiente nitidez para saber quién es la persona que va conduciendo en el caso de que no se identifique al infractor”. Desde el Ayuntamiento aseguran que son las mismas que se están instalando en todo el país.
Y este señor se quedó tan ancho, ¿vamos a ver, señor alcalde, nos está usted diciendo que las cámaras no tienen detección facial, a pesar de que lo pone en la licitación, pero que sí que pueden identificar a una persona que va conduciendo? ¿Acaso eso no es reconocimiento facial? O este señor no se ha enterado de lo que pone en el pliego de licitación de un proyecto de tanto calado o subestima, y mucho, la inteligencia de los ciudadanos, aunque quizás sean ambas cosas, no cabe otra explicación.
Como dice uno de los afectados, ¿es que esto va a ser el Gran Hermano de Mérida? ¿Nos van a estar grabando para saber adónde vamos, de dónde venimos, por dónde nos movemos, si nos paramos en un escaparate, si vamos a un parque o si entramos a una tienda? ¿A quién le importa? ¿Dónde queda la ley de protección de datos? ¿Dónde queda el derecho a la intimidad? ¿Y la ley del menor? ¿Dónde quedan los derechos y libertades de los ciudadanos? ¿Qué diferencia va a haber entre estar en el centro de Mérida o en el patio de una cárcel?
El futurismo que menciona el alcalde en el video va a hacer que ya no haga falta ir al teatro romano para ver una representación teatral, con acudir al centro de control del Ayuntamiento se podrá elegir entre un montón de sesiones reales de ciudadanos, simplemente introduciendo su DNI o su nombre y dos apellidos.
¿Qué ha hecho al respecto la oposición en el Ayuntamiento?
- Prácticamente nada.
¿Qué han hecho los movimientos ciudadanos?
- Preguntar por las autorizaciones correspondientes a Delegación de Gobierno a través del Portal de Transparencia, quién ha indicado que el sistema de monumentos no está operativo porque el Ayuntamiento ha de presentar una serie de aclaraciones y subsanaciones.
- Interponer un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra esa licitación de cámaras y la ordenanza ZBE predefinida sin proyecto específico previo.
- Denunciar los hechos ante la Televisión Extremeña y forzar explicaciones públicas del alcalde
Me gustaría hacer hincapié en esta frase del Ayuntamiento que se menciona en el vídeo: “Son las mismas que están instalando en todo el país”¿Cómo? ¿Entonces se está utilizando la implantación de las ZBE para llenar las grandes ciudades de España con cámaras de detección facial? Este punto me lo apunto.
Y yo me pregunto ¿cuántos derechos más se están, presuntamente, vulnerando en base a la ley de cambio climático y con los fondos europeos “Next Generation”?
Sepan ustedes que una condición indispensable para la concesión de los fondos “Next Generation” es no causar un perjuicio significativo. Me gustaría saber si no se considera un perjuicio, pero que muy significativo, violar la intimidad de los ciudadanos, impedir la movilidad de algunos de ellos, discriminar en función del poder adquisitivo, arruinar a los comercios tradicionales del casco histórico, violar el artículo 14 de la Constitución española o violar la privacidad de los ciudadanos con la justificación del control del tráfico o del turismo. A mí, personalmente, me parece que sí, que es un perjuicio muy significativo.
Lo normal en estos casos sería que el Ministerio actuara de oficio y solicitara la devolución de los fondos. ¿O lo mismo es la Unión Europea quién tendría que actuar de oficio y pedir la devolución al Gobierno español?
Entretanto, al menos en Mérida, se gastan una millonada en ver la manera de controlar al ciudadano mientras se deja de lado otro tema que escuece, y mucho, por estas tierras. Todavía no hay un AVE real que llegue ni a Mérida, ni a Cáceres, ni a Badajoz ni a Lisboa, como bien se encargan de recordar y exigir, sin descanso, casi una veintena de asociaciones.
Señores dirigentes, desde mi modesto pero suficiente conocimiento, quizás pueden ya intuir las ideas que les voy a dar para emplear de manera eficaz los fondos “Next Generation”.
¿Qué puede estar más de acuerdo con La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, origen de la obligatoriedad de las ZBE? ¿Qué puede evitar más el tráfico rodado, promover la descarbonización, la electrificación o los hábitos saludables viajando cómodamente? ¿Qué puede mantener el aire limpio y evitar emisiones? ¿Qué medio de transporte público puede haber más eficiente y ecológico que un AVE que una Madrid con Lisboa con paradas o ramificaciones en Badajoz, Cáceres y Mérida, entre otras ciudades de más de 50 000 habitantes? ¿Y la prosperidad que traería a España y Portugal? Pues empleen esa millonada en aumentar los fondos para la finalización de un AVE efectivo y tangible como el de Sevilla o Barcelona.
Una vez más, señores dirigentes, cambien de tercio y empleen en desarrollo y bienestar el dinero que sale del sudor de la frente de los ciudadanos en lugar de utilizarlo, según hemos comprobado, precisamente para identificarles la frente ¿no les parece?
¿Qué van a hacer cuando un día se pronuncie la Justicia y, al igual que en las ciudades de Barcelona o recientemente en Madrid, la sentencia diga que debe anularse la ZBE? ¿Nos subirán los impuestos para poder pagarnos las cuantiosas indemnizaciones? ¿Qué van a hacer con las cámaras y con esa red de telecomunicaciones?
Señor alcalde de Mérida, vaya tomando nota y rectifique que todavía tiene tiempo. Y, si no es así, explíqueles claramente a los ciudadanos y turistas de Mérida qué es lo que les va a ofrecer la ciudad: ¿vivir para ver o vivir para que te vean?