En un sistema de salud que jura proteger la dignidad humana, la historia de miles de personas sometidas a tratamientos psiquiátricos forzados es un recordatorio escalofriante de cómo la medicina puede volverse un instrumento de coacción y deshumanización. Entre las técnicas más controvertidas, la «Terapia Electroconvulsiva» (TEC) —o electroshock—, destaca por su dureza y la falta de consentimiento de quienes lo reciben. A pesar de los avances tecnológicos que han transformado el procedimiento durante nueve décadas, el electroshock sigue siendo un tratamiento invasivo con riesgos graves, incluyendo la pérdida de memoria, complicaciones cardiovasculares y, en algunos casos, la muerte. El electroshock, lejos de ser una panacea, es un tratamiento de último recurso que debe ser manejado con extrema cautela y, por supuesto, con consentimiento.
A nivel mundial, se estima que más de un millón de personas se someten a TEC cada año, con más de 3000 tratamientos realizados anualmente solo en España. En teoría, la TEC se utiliza para tratar trastornos mentales graves: la depresión mayor resistente, la esquizofrenia o la catatonía. Entorno al 30% de los pacientes no notará mejora alguna, exponiéndose a efectos secundarios devastadores, como la pérdida de recuerdos y la alteración de la identidad. Además, el tratamiento a largo plazo de los pacientes depresivos que han remitido tras un tratamiento con TEC agudo sigue siendo, hoy en día, objeto de controversia por la calidad de los estudios llevados a cabo. Todo ello plantea una pregunta fundamental: ¿cuál es el coste real de esta "curación"?
Aunque la controversia no solo radica en la efectividad de la TEC, sino también en su administración. Cada vez son más los casos de pacientes sometidos a electroshock sin su consentimiento o sin el de sus familias; se revela así una práctica alarmante: la autorización judicial de un tratamiento invasivo, sin que los afectados tengan acceso a su historial clínico o la posibilidad de buscar una segunda opinión. Esta situación se convierte en una flagrante vulneración de derechos humanos, donde la autonomía del paciente se ve anulada por la coerción institucional y judicial.
Los datos sobre la psiquiatría en España no son menos perturbadores. Gracias a la divulgación de la Asociación de Afectados por la Psiquiatría, sabemos que cada año se realizan alrededor de 65 000 internamientos involuntarios y 30 000 incapacidades. Además, se registran cerca de 800 muertes en unidades psiquiátricas, de las cuales 560 son atribuibles a la mala praxis o tratamientos erróneos. Estas cifras reflejan una epidemia invisible, donde los pacientes no solo sufren de sus trastornos mentales, sino también de la negligencia y la falta de ética en el tratamiento que se les administra. En lugar de centrarse en un enfoque holístico y personalizado, la psiquiatría contemporánea parece inclinarse por soluciones rápidas y dañinas perpetuando la deshumanización del proceso de tratamiento. ¿Hasta cuándo?
*FUENTES: https://afectadospsiquiatria.es/
DOI: 10.1016/j.rpsm.2012.06.004
DOI: 10.1016/j.rpsm.2015.12.003