Una nueva hornada de noticias en los medios ha vuelto a poner el foco sobre la guerra sucia contra el Proceso que se inició en el 2012 bajo las órdenes del gobierno del PP: la operación Catalunya. Tras el pacto con Junts y de asumir que ha existido 'lawfare' contra el independentismo, el PSOE reclama ahora que la justicia investigue a la policía política durante el mandato de Mariano Rajoy. ¿Se podrá llegar hasta el fondo?
Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión haya existido. Esta frase demoledora de la operación Catalunya fue pronunciada por Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, en una reunión con el excomisario Villarejo y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino. Era el 16 de diciembre de 2012 y el exministro reclamaba a sus interlocutores que focalizaran su persecución en el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. Villarejo explicaba los trapos sucios que se estaban intentando encontrar sobre la familia Pujol, pero el exministro insistía en que había que desacreditar al líder de Convergencia, que había virado hacia el soberanismo. Un giro que puso en marcha la maquinaria en el PP desde Madrid para intentar desprestigiar a personas vinculadas al movimiento independentista.
Tras la manifestación del 11-S de ese año, se puso en marcha. La cúpula de la Policía Nacional se convirtió en un brazo ejecutor de la voluntad del PP de detener el Proceso fuera de las vías legales. Se implicó su número 2, Eugenio Pino, y especialmente el excomisario Villarejo, un policía con una larga trayectoria de trabajo en la sombra. Otros cargos importantes del cuerpo también participaron, como el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera y el exjefe de Asuntos Internos, la unidad que debe velar por la correcta actuación de los agentes, Marcelino Martín Blas.
El alud de documentación sobre la operación Cataluña que se ha publicado en los últimos años ha puesto de manifiesto que Villarejo tenía contacto directo con el exnúmero 2 del PP María Dolores de Cospedal y con Francisco Martínez, entonces mano derecha de Fernández Díaz. Cuando había novedades importantes, el excomisario le reportaba sus avances en llamadas o reuniones, pero también lo hacía por escrito. Esta semana La Vanguardia y Eldiario.es han explicado que algunas de las notas informativas que elaboraba Villarejo terminaban en el despacho de Fernández Díaz, a quien se refería como N1 [número 1]. Ahora bien, estos medios aseguran que algunas notas también habían llegado a Rajoy en Moncloa en sobres cerrados, sin remitente ni destinatario, tras entregarlas a escoltas del expresidente.
Villarejo elaboró una extensa red de contactos de la que poder extraer información de las personas que tenía como objetivos. Tenía a colaboradores que se infiltraban en círculos cercanos a las víctimas, como el también policía Antonio Giménez Raso, y el propio Villarejo, que lo hizo en primera persona. El empresario Javier de la Rosa, había sido cercano a los Pujol, el exlíder del PP Alicia Sánchez-Camacho, la examante de Jordi Pujol Ferrussola Victoria Álvarez, y el juez Joaquín Aguirre orientaron a Villarejo, algunos de ellos a cambio de dinero. Por su parte, Fernández Díaz trataba con el director de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso.
Los afectados no fueron sólo políticos de Convergencia. Los miembros de la operación Catalunya también pusieron el ojo en ERC y en su líder, Oriol Junqueras. En una nota informativa de 2013, Villarejo explica que un informador le había trasladado que la casa familiar de Junqueras invadiría espacio público de una calle y atribuye este abuso al poder que tenía en Sant Vicenç dels Horts –fue alcalde–. Como ésta, la cantidad de sospechas sobre posibles corruptelas o prácticas irregulares de personas directa o indirectamente vinculadas con el mundo soberanista es muy abundante.
Los dirigentes y exdirigentes de Convergencia fueron la principal obsesión de los integrantes de la operación Catalunya. La prueba es que, en las primeras semanas de actividad, en noviembre del 2012, el diario El Mundo publicó información falsa sobre cuentas bancarias de Artur Mas y Jordi Pujol en Liechtenstein y Suiza que provenían de un falso informe apócrifo de la UDEF. Las acciones judiciales que se emprendieron contra ellos se archivaron. Este ejemplo resume la praxis del entramado: filtrar información incompleta o falsa a medios alineados y abrir causas judiciales. En el caso de Pujol, acabó funcionando y ahora la familia tiene pendiente un juicio en la Audiencia Nacional porque, en este caso, sí había presuntas conductas delictivas. No fue así con el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias, que con el mismo modus operandi se le atribuyó una cuenta en Suiza meses antes de las elecciones para desestabilizarla.
Si no había fundamento suficiente, no se llegaba a filtrar a los medios ni a llevar a los juzgados. del 9-N son algunos de los casos más conocidos. Esta semana ha recobrado protagonismo el acercamiento del entorno de Villarejo a Josep Lluís Trapero, al que se intentó implicar en un caso de tráfico de drogas. El mayor de los Mossos ha dicho que lo denunciará. Entre otras maniobras, las notas de Villarejo esplican el intento de chantaje que se hizo en el Grupo Godó. Más allá de las notas ya mencionadas, muchas pistas de cómo actuaba Villarejo las descubren sus agendas. Escribía una especie de dietario de conversaciones y encuentros que mantenía, con las ideas clave de lo que había hablado.
Es probable que Rajoy comparezca esta legislatura en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña en el Congreso. El PSOE ha abierto la puerta para que así sea. Estos grupos de trabajo de la cámara baja han sido el único lugar en el que los responsables de estos hechos han podido ser fiscalizados al respecto. Desde que se conocieron las primeras informaciones, ha habido dos comisiones vinculadas a la policía política del PP: una en la legislatura 2016-2019 y otra en la última, aunque se centró en el caso Kitchen. Rajoy compareció en diciembre de 2021 y aseguró que no conocía a Villarejo.
En este tipo de comisiones, de obligada asistencia, pero donde los asistentes pueden no responder o incluso mentir, se aclara poco, y menos sirven para depurar responsabilidades. El 5 de abril de 2017 Fernández Díaz compareció a raíz de publicarse su conversación con De Alfonso donde el exministro decía "la Fiscalía te lo afina". En sede parlamentaria, negó la operación Catalunya: "No ha habido ninguna orden de investigar a nadie".
Intentar depurar responsabilidades por la operación Cataluña en los tribunales ha sido chocar contra un muro. Afectados por las maniobras de Villarejo han reclamado investigar en varios juzgados: en Barcelona, Madrid, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Manuel García-Castellón, que instruye a la macrocausa Tándem sobre el excomisario, se ha negado argumentando que no estaba relacionado con lo que él investigaba. Muchas de las negativas han sido por falta de competencia, hasta que un juzgado de Madrid admitió a finales del pasado año la primera querella por estos hechos: fue la del expresidente del Barça Sandro Rosell. Visto que se abría una esperanza, también lo intentaron otras víctimas sin éxito. Una a una se han archivado porque los jueces no veían indicios suficientemente sólidos y no podían caer en una investigación prospectiva. Precisamente, lo que la policía política del PP hizo contra decenas de personas.