Semanas atrás publiqué un artículo titulado: ¿Es España un verdadero estado de derecho? En el mismo pretendía avalorar negativamente la actuación de determinados jueces que, a mi modo de ver, interpretaban y decidían la aplicación o no de leyes, especialmente la ley de amnistía.
La situación que se ha creado sobrepasa y empaña, a mi modo de ver, la separación de poderes del estado y de esta situación se ha hablado muy poco. Me refiero a la orden de detención del juez Llarena y la no aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont. Solo dos personajes se han expresado sobre la cuestión, el juez emérito del supremo, Martin Pallín y el catedrático de derecho constitucional, Javier Pérez Royo. Ambos han expresado muy claramente, que la situación no és normal i arremeten contra el tribunal supremo.
Como dije el aquel escrito y, haciendo referencia al artículo publicado por la revista norteamericana Newsweek, En el tumultuoso escenario político de España, el Tribunal Supremo ha decidido desafiar al poder legislativo de una manera que ha levantado cejas en el mundo entero, señalando que la justicia española sobrepasa sus límites al enfrentarse al parlamento, creando un cisma en la frágil democracia del país. Este choque no solo desestabiliza el equilibrio interno, sino que también pinta un cuadro sombrío de la salud democrática en España.
En el epicentro de la controversia se encuentra la reciente negativa del Tribunal Supremo a aceptar una ley de amnistía aprobada por el parlamento para los políticos catalanes involucrados en el proceso independentista. Desde mi punto de vista, el Tribunal no solo se está extralimitando al desafiar la voluntad legislativa, sino que está tomando un riesgo enorme al convertirse en un agente de desestabilizador de la política.
Este tipo de intervención judicial no es algo que se tome a la ligera en un sistema democrático. La decisión del Tribunal Supremo no es un ejercicio de interpretación jurídica, sino una maniobra política que desafía la autoridad del parlamento y pone en tela de juicio la eficacia del control y equilibrio democráticos. Al asumir un rol de árbitro en el conflicto político catalán, el Tribunal no solo se aleja de su función original, sino que también socava el principio fundamental de la soberanía legislativa.
Desde fuera, la democracia española se ve como un frágil castillo de naipes. En lugar de una estructura sólida en la que los poderes se controlan y equilibran mutuamente, parece ser un terreno en el que la justicia actúa más como un actor político que como un guardián de la Constitución. Esta percepción no solo alimenta una visión negativa sobre la estabilidad democrática de España, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de su sistema judicial.
Cuando alguien ha puesto en tela de juicio la actuación del Supremo, el ministro de Justicia, señor Bolaños, ha salido en su defensa y, cuando reconocidos juristas le responden no tiene argumentos para rebatirlos. Vean el siguiente vídeo.
Ahora con la sentencia del caso Zaplana, el PP piensa querellarse contra el PSOE por el caso Koldo en una nueva muestra de buscar en la justicia lo que debería hacer en política, como una moción de censura que sería lo más apropiado. Pero lo que es evidente es que el PP no puede dar lecciones a nadie.
La corrupción en España es un mal endémico que afecta, sobre todo, a los dos principales partidos políticos del arco parlamentario. Solo cabe recordar los eres de Andalucía por parte socialista o el caso Zaplana y el pago de las obras de la calle Génova, con dinero negro, por parte de los populares.