La pertinencia de esta pregunta es obvia. Llevamos décadas escuchando que se está privatizando la sanidad, observando como empeora el acceso y se incrementan las listas de espera, sufriendo el colapso del sistema, viendo el abandono de muchos profesionales del sector, etc. Mientras, partidos políticos de todos los colores (derechas, izquierdas, nacionalistas, independentistas…) han gestionado la sanidad en diferentes autonomías, pero ninguno de ellos ha logrado encontrar el freno de emergencia para paralizar el desmantelamiento y la destrucción del sistema sanitario, más bien al contrario. Esto no es excepcional, se está produciendo en todo el sector “público”, que está siendo “jibarizado”, reducido a la mínima expresión, desde la educación a la dependencia, desde el ferrocarril regional a Correos.
Volviendo a la sanidad pública, entre 2020 y 2023 hemos disfrutado la legislatura encabezada por el gobierno más progresista de la historia, entre el PSOE y el partido que iba a asaltar los cielos (Unidas Podemos). Este último prefirió asaltar los ministerios que el PSOE optó por ofrecerle. Sabíamos, por boca de un ex diputado de Podemos que, en las negociaciones para entrar en el gobierno, el PSOE trazó varias líneas rojas que Unidas Podemos no podía traspasar si quería formar parte del Consejo de Ministros. Y en sanidad, esas líneas eran, no derogar la ley 15/97 (la que permite la privatización de la sanidad), ni acabar con los conciertos privados (alrededor de 1 de cada 8 euros de gasto sanitario público) es decir, con los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad. Y Unidas Podemos aceptó porque lo principal era tocar poder, no frenar la privatización.
En plena primera ola del Covid, una noche de abril de 2020, encerrados, tuvimos que soportar las imágenes lacrimógenas de Pedro Sánchez confesándonos que habían entendido la lección y que tocaba blindar la sanidad en la Constitución. Poco le duró la llorera. Ni la masacre de las residencias de mayores, ni el desastre de la gestión del Covid, ni el colapso (anunciado) del sistema sanitario sirvió para nada concreto, más allá de la aprobación en el Congreso, entre los que iban a asaltar los cielos y los que nos han llevado al infierno, de un “Dictamen para la Reconstrucción de la Sanidad”, que hoy cuatro años después ya sabemos en qué consistía: mayor deterioro del sistema sanitario público, e incremento del peso de la sanidad privada.
En septiembre de 2021, decenas de colectivos presentamos una ILP de “Recuperación del Sistema Nacional de Salud”, para obligar a los partidos políticos a: derogar las leyes privatizadoras, auténtico cáncer del sistema sanitario, lo que permitiría frenar la hemorragia de fondos públicos a empresas privadas (mientras los centros de gestión directa agonizaban por falta de medios); universalizar realmente la asistencia; establecer un 25 % del gasto sanitario para Atención Primaria; incrementar las plantillas tanto en hospitales (segundo turno medico en las especialidades necesarias para evitar las derivaciones a la privada) como en atención primaria (asumiendo la atención de las residencias de mayores); crear una empresa estatal pública farmacéutica que fabricara los medicamentos esenciales, y utilizara las economías de escala en todo el Estado para las compras. Dicha ILP no fue admitida inicialmente por la Mesa del Congreso (3 PSOE, 3 Unidas Podemos, 2 PP, 1 Vox) según ellos porque “afectaba a materia presupuestaria”. Como que hubiera leyes que no afectan a la materia presupuestaria. ¿ustedes conocen alguna? Cualquier ley aprobada implica gasto económico, y por tanto afectaría a los presupuestos, y por lo tanto ninguna ley debería de ser tramitada. En la misma línea, la patronal de la sanidad privada se posicionó contra la ILP. Finalmente, la ILP fue aceptada por sus señorías, tras obligarnos a suprimir las especificaciones de fechas de cumplimiento de los distintos puntos que contenía.
Una vez saltado el trámite, nos entrevistamos con todos los partidos a la izquierda del gobierno (Mas País, Compromís, Bildu, CUP, Teruel Existe, BNG…) que se mostraron entusiasmados con el contenido de la ILP…pero decidieron boicotearla en todos los territorios del Estado.
Ahora, ya en la nueva legislatura, en un alarde de prestidigitación, el nuevo gobierno PSOE-Sumar promete salvar (otra vez) el sistema sanitario, pero sin tocar las leyes que han permitido este desastre, es decir, nos mean y creemos que llueve.
Pero este “desencuentro” de la izquierda con el sistema sanitario público viene de antes. Así, en Madrid, durante el “periodo oscuro” de 2004-2012 (aquel durante el que Esperanza Aguirre adjudicó, gracias a la ley 15/97, 11 hospitales a empresas privadas por 30 años), los “medios informativos” ocultaron las movilizaciones de miles de madrileños denunciando el desastre que se avecinaba (mientras los corresponsales extranjeros de la BBC y la ARD cubrían las movilizaciones). Fueron indispensables los apoyos de ayuntamientos de izquierdas para ceder a dichas empresas privadas los terrenos públicos donde se iban a construir los hospitales-negocio. Así, los ayuntamientos de “izquierdas” de Coslada, Parla, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes facilitaron el negocio (en lugar de encabezar la lucha por hospitales públicos en sus localidades). Pocos años después, el ayuntamiento de Villalba (del PSOE) solicitó al gobierno de la Comunidad de Madrid (del PP) un hospital privado de modelo Alzira y luego, en el colmo del cinismo, pidió su rescate, porque decía no estar de acuerdo con el modelo. En definitiva, la puesta en manos privadas de parte del Servicio Madrileño de Salud contó con la ayuda inestimable de la izquierda institucional”, esa que luego agitaría las mareas blancas.
En Cataluña, territorio donde el proceso ha avanzado más, tanto con gobiernos nacionalistas como de la llamada “izquierda”, el llamado “tripartito de izquierdas” fue fundamental para desarrollar el proceso de privatización. Gobernó en dos ocasiones, de diciembre de 2003 a 2010, durante los cuales no se rescató nada de lo privatizado, ya fueran hospitales o centros de atención primaria (EBAs), es más, se amplió la privatización y se llegó a aplicar el mismo modelo de hospital utilizado por el PP en Madrid (hospital PFI Baix Llobregat) y Marina Geli, consejera de sanidad, al aprobar la Ley que permitió trocear los centros públicos de ICS, se felicitó por el “gran consenso” alcanzado, y remarcó que “la reforma del ICS era necesaria para dotar a los centros que lo integran de “autonomía financiera y de gestión”.
En el País Valenciá, la puesta en marcha del modelo PPP a partir de 1999 (Alzira, Manises, Torrevieja, Elche, Denia) se realizó por parte del PP sin ninguna oposición de la “izquierda”, sin la existencia de mareas blancas (la primera marea blanca nace en Madrid en 2012), y con el agravante de la cesión de centros públicos de atención primaria a estas empresas.
Otro tanto se puede alegar de Baleares, donde el PP y PSOE licitaron y adjudicaron por décadas hospitales del modelo PFI (Can Mises, Son Espases, etc.), de forma en dicha Comunidad actualmente solo queda un hospital con gestión directa “pública” (Menorca).
Con posterioridad, Baleares y Comunidad Valenciana han disfrutado de gobiernos “progresistas” entre 2015 y 2023 que no dieron marcha atrás en el proceso de privatización, sino que añadieron sectores de “alta rentabilidad” como la diálisis y las pruebas diagnósticas. Eso sí, con la prensa a su disposición, nos intentaron vender que habían rescatado los hospitales de Alzira y Torrevieja, cuando realmente lo único que ocurrió es que no renovaron las concesiones una vez finalizadas. Los gobiernos del cambio en esas comunidades fueron el sueño de una noche de verano, y mientras gobernaron, las mareas blancas no fueron puestas en marcha, siguiendo el mismo esquema de otros territorios (solo se crean mareas donde gobierna la derecha).
En Madrid, en 2009, gobernando el PSOE (Zapatero) tras dos años de trabajo en los barrios, explicando a los madrileños que lo que estaba ocurriendo no era un castigo divino, sino que el cierre de miles de camas en los hospitales públicos para abrir 11 hospitales privados, era perfectamente legal gracias a la ley 15/97 que aplicó Esperanza Aguirre (con sus escuderos Lamela, Güemes y Lasquetty), reunimos 500.000 firmas que se entregaron en el Congreso, solicitando la derogación de la ley citada y poder así evitar a extensión del desastre madrileño a todo el Estado. Ni el medio millón de firmas, ni las movilizaciones masivas de esa época oscura, encabezadas por la pancarta “Derogación 15/97 y rescate de lo privatizado”, fueron suficientes para que los políticos de “izquierdas”, que disponían de mayoría absoluta en aquel momento, lo tomaran en cuenta y tiraran del freno de emergencia para blindar el sistema sanitario, lo que suponía reconocer el “error” que habían cometido al apoyar con el PP la Ley 15/97.