El adanismo, flaco favor para el municipalismo

Si algo tuvo de bueno –muy bueno– el 15M, fue la politización de la población de a pie. Contribuyó al despertar y abrir los ojos de una democracia adormecida. Habíamos entrado en una dinámica de aburrido y vacío parlamentarismo en el que las personas eran números y la gestión del partido de gobierno consistía en decidir dónde practicar los recortes de la manera menos complicada: algo que se traducía en salvar a unos pocos -bajo el eufemismo de que nos “alimentaban” a la mayoría- y en apretarnos el cinturón al resto. A la vez que así gestionaban nutrían, en esa extrema delgadez, la indignación de una población que dejó de resignarse y empezó a salir a la calle a gritar, uno a uno, los desmanes de quienes, para “salvarnos”, se cobraban una módica comisión de un 3% (y no sigo por aquí, que el tema de la corrupción da para escribir enciclopedias). Retomando el 15M, si algo tuvo de malo fue el adanismo que empezó a mostrar la mal llamada en mi opinión nueva política. Una forma de hacer que ha derivado en una crispación y posterior anestesia de muchas personas que traían los ojos abiertos de serie y se peleaban en las calles cuando la democracia era casi un privilegio. Eso sin mencionar una frustración devenida en resignación entre aquellas gentes esperanzadas por un movimiento que sumó, por vez primera, a millones. Pero eso vino después y quiero pensar que aún es reversible. De hecho, planteo así este artículo porque considero que, además de necesario, es un buen momento para encarar el futuro, recuperar la política para la ciudadanía y sobre todo restablecer una dicotomía soslayada en el debate viejo/nuevo y que es bastante más importante: lo bueno vs. lo malo. Han pasado dos años desde las elecciones municipales y merece la pena hacer un balance no simplista de los procesos para seguir trabajando el lado positivo de los mismos e ir abandonando los negativos de manera paulatina. No son pocos los que empiezan a poner la mirada nuevamente en las próximas municipales como oportunidad. Para ello conviene poner de relevancia la importancia del municipio como poder político y su capacidad para aglutinar fuerzas y cambiar dinámicas. Y aquí recupero ese adanismo que antes comentaba: algunos creen que el municipalismo nació de la idea de organizarse para constituir candidaturas de una manera más o menos independiente de un partido tradicional. Esas mismas personas ignoran, o censuran en sus presupuestos, varias cosas. Una fundamental es que el municipalismo es anterior a las candidaturas de unidad popular creadas para llegar a las instituciones (existen varias propuestas de municipalismo que pretenden ser modelos de sociedad alternativa al capitalismo, entre las cuales destacan el socialista y el libertario). Otra es que las fuerzas políticas que por tradición eran municipalistas, en general las de la izquierda, venían reivindicando la importancia de la administración local por su cercanía y su capacidad de democratización de la economía, y denunciando la precariedad de su financiación. Y lo hacían desde una perspectiva colectiva que no excluía la crítica a las diputaciones ni a las mancomunidades, pero se hacía desde la conquista, el conocimiento y la necesidad de establecer elementos de cooperación entre municipios (no necesariamente esas diputaciones ni mancomunidades). La izquierda no es la única que ha caído en la cuenta de la capacidad transformadora del municipalismo. De ahí que los análisis simplistas y bajo una dicotomía nuevo/viejo sean más un obstáculo que el inicio de una buena solución. La posibilidad de hacer de un municipio un motor económico condicionante del sector público, del modelo de desarrollo y del modelo social local también la tiene clara la derecha desde hace mucho tiempo. Lo prueban las constantes piedras que el gobierno central ha ido poniendo en el camino de los ayuntamientos desde que Rajoy empezó a gobernar. Me refiero a 2011. La más reciente, la disposición adicional 26 de los PGE por la que se prohíbe la subrogación del personal de las concesionarias. Antes, las leyes de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya pusieron a los municipios y a la FEMP (que entonces presidía el PP) en pie de guerra. Y aunque algunas cuestiones se modificaron, paralizar la sangría de la autonomía municipal hizo que se quedaran a un lado la reivindicaciones más antiguas del municipalismo español: la financiación (hace 40 años que se reivindica la participación al 25% de los impuestos) y la segunda descentralización constitucional. La financiación fue y sigue siendo un gran problema para la administración local. Las haciendas locales han sufrido las contradicciones de una gran presión social en favor del gasto con las dificultades para incrementar sus ingresos ante la rigidez de los instrumentos fiscales con los que cuentan. El resultado es una difícil situación financiera, con permanentes tensiones entre los recursos disponibles y las crecientes necesidades de financiación, justificación ideal para la “venta” o “alquiler” de servicios con los que obtener recursos para financiarse. Situación que se agrava en ayuntamientos con menor capacidad financiera y dificulta enormemente la posibilidad de recuperar la gestión directa de lo público, más allá de la propia normativa, amén de ser un caldo de cultivo propicio para la corrupción. La LEPSF y su techo y regla de gasto y su déficit o deuda pública; la LRSAL con su eliminación de competencias y disminución de autonomía; los PGE y su tasa de reposición y sus prohibiciones y limitaciones para entes públicos; la modificación del artículo 135 de la CE y su priorización del pago de la deuda frente a la cobertura de los derechos de la ciudadanía a través de los servicios públicos; la financiación insuficiente y asimétrica, a través de una subvención anual, del transporte público; la recuperación de la gestión directa de los servicios municipales... Todas estas cuestiones van más allá de demandas locales supeditadas a una candidatura municipal, por muy plural e inclusiva que esta sea. Todas estas reivindicaciones, que tienen como protagonista la inadecuada financiación de las administraciones locales, requieren un aliado interlocutor con el Parlamento. Un aliado que empiece por poner freno al ataque frontal al que nos someten, que continúe recuperando el estatus que los ayuntamientos tenían y que siente las bases de reivindicaciones colectivas históricas que favorezcan el municipalismo transformador del modelo social que anhelamos. Podemos empezar por un acuerdo de mínimos y luego pasar a aglutinar fuerzas y capacidad política para actuar a todos los niveles. En todo caso, lo primero es comprender que es mejor ser un continuo de tierra surcada de vegetación, praderas y caminos, huertas y terrizos, que islas unidas solo por barcos. Lo primero es construir desde donde ya había, echando mano de otras y otros que ya estuvieron para seguir sumando.