Y en estas llega María Dolores de Cospedal, Doña Finiquito, al Ministerio del Ejército, coincidiendo con la negativa total incluso vetando una proposición de la mayoría del Congreso, a que la próxima subida de las pensiones exceda el mínimo legal; es decir, el 0'25%. La excusa es que eso conllevaría un coste inasumible por el Estado.
Sin embargo, el presupuesto ordinario de Defensa se verá incrementado el año próximo en más de 1.800 millones de euros, que darían de sobra para igualar el aumento de las pensiones al IPC previsto.
Ese dinero, en cambio, se dedicará a sufragar la parte correspondiente de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) que puso en marcha Aznar y cuyo montante total ronda más de 30.000 millones de euros hasta 2030. En la anterior legislatura, los pagos se atendieron a través de créditos extraordinarios, que el Gobierno de Mariano Rajoy lograba sacar adelante gracias a su mayoría absoluta, evitando así que fueran objeto de debate político y mediático con motivo de la tramitación anual de los presupuestos en el parlamento. Y tampoco Zapatero, ni sus ministros Chacón y Bono, pusieron coto a este despilfarro que no hubieran pasado la aprobación por referéndum de los españoles.
Los PEAS, que promovió al anterior titular de Defensa, Pedro Morenés, cuando era secretario de Estado del departamento, prevén la adquisición de aviones de combate y de transporte, helicópteros, carros blindados, fragatas y submarinos, entre otro material de guerra. Ni siquiera en los años más duros de recortes se suspendió su aplicación, que reporta pingües beneficios a la industria armamentística, con la que Morenés mantiene una estrecha relación, pues trabajó para ella antes de hacerse cargo del ministerio a finales de 2011. Ni que decir tiene que esta política está consensuada con el PSOE con lo que se mantendrá el gasto y la política que ya se mantuvo en tiempos de Zapatero. A pesar de que, como dice el exteniente Luis Gonzalo Segura, "nos hemos gastado 40.000 millones de euros en armamento que no necesitamos"
No obstante, los militares de tropa y marinería que terminan contrato con el Ejército cuando cumplen los 45 años, deben abandonar las Fuerzas Armadas, después de más de 20 años de servicio sin miramiento alguno a sus servicios, lo cual les deja en una situación de precariedad social y sin expectativas laborales incompatible con su condición de trabajadores.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia lleva meses concediendo la consideración de personal fijo a militares de tropa y marinería que recurren por la vía administrativa y reciben el silencio por respuesta. En la actualidad, según fuentes jurídicas, hay 16 procedimientos abiertos por este asunto en el alto tribunal autonómico. Todos ellos van a ser recurridos ante el Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de defensa de Doña Finiquito, dándonos un ejemplo de la importancia que para el Ministerio y para la ministra tienen los soldados y la marinería del Ejército.
Esperemos que soldados y marineros tengan un tratamiento personal que no tenga nada que ver con aquello que el exteniente Gonzalo Segura afirma en la última carta dirigida a Felipe VI: “ Y calló, Majestad, como lo hizo durante estos años mientras sus Fuerzas Armadas se fueron rellenando de acosadores sexuales, agresores sexuales, oficiales que intentaron violar a soldados, ladrones, consumidores de droga, malversadores, fascistas o torturadores. Todos ellos siguen sirviéndole y no se le percibe ofendido o preocupado”.