Todos sabemos ya sobre la sutil diferencia entre un Estado aconfesional y otro laico, aún así, no está mal recordárselo a algunos. A pesar de lo que nos quiere hacer creer, es justo en la absoluta independencia de las administraciones públicas con las organizaciones religiosas, sin privilegio alguno, sin un trato preferencial con ninguna confesión, que se distinguen ambos conceptos. Y es por esa misma leve diferencia, quepa el sarcasmo, y a pesar que la inmensa mayoría de las jóvenes generaciones, y no tan jóvenes, no quieren saber nada sobre la Iglesia católica, nos encontramos aún con nombramientos como alcaldes a perpetuidad de algún Cristo o con la concesión del generalato a alguna Virgen.
Menos del treinta por ciento de jóvenes en España se declaran católicos, y por mucho que ese porcentaje va a la baja, son muchas las agrupaciones políticas, sobre todo a nivel de los ayuntamientos, que aprovechándose de ese resquicio que dejo una Constitución hace casi cincuenta años, medio siglo como quien dice, elevan su devoción religiosa por encima de cualquier cosa. Y es que cuando se elaboró nuestra Carta magna nuestro país aún estaba empapado, pese a todos los modelos en la que esta intentó inspirarse, por cuarenta años de nacionalcatolicismo. Algo, como vemos, que se deja notar con la imposición de distinciones y honores a unos símbolos que a la mayoría cada vez nos dicen menos.
Estoy seguro, que si en un municipio se diera el caso de colocar un símbolo en los altares públicos de las casas consistoriales, dicho otra vez con sarcasmo, y que fuera representativo de una supuesta y distinta mayoría de creyentes, nos echaríamos las manos a la cabeza, algo no obstante que puede ocurrir. En cambio, y aprovechándose del folclore turístico religioso que provoca una bien manejada imaginería consagrada al servicio de la evangelización, y en hacer caja, todo hay que decirlo, se hace por bordar en los lemas de algún que otro ayuntamiento el buen nombre de una enseña religiosa, y bajo la complaciente mirada de la jerarquía eclesiástica. .
En el fondo de todo esto, he aquí lo triste, está la manera de abordar este asunto, y que no es otro que el de volver la mirada hacia otro lado, demostrando no tener el valor suficiente, por ello, para blindar la igualdad, de un modo efectivo, entre nuestras distintas creencias frente a la institución de la Iglesia católica, y no de la manera tan chapucera, y desinteresada , con la que se intenta defender la participación democrática de todas las personas.
Es cierto, podrán argumentar desde dicha institución, que toda esta especie de entronización de los símbolos religiosos en las administraciones públicas, responden a actos libres de los representantes del pueblo, y por tanto todo entra dentro del sano proceso que empuja la voluntad democrática. Esta argumentación, entonces, nos servirá a nosotros para pensar en cómo esa misma voluntad democrática que aducen, está asentada sobre unas reglas de juego que les hace partir con ventaja. Un sistema democrático que se precie no sólo está para contentar a las mayorías, en el caso de la Iglesia católica una mayoría ficticia anclada en unos oscuros y remotos privilegios, sino para mantener una equilibrada convivencia social en donde todos y todas se sientan parte del propio.
Por decirlo de modo más transparente, resulta obvio que llevando los símbolos de una determinada confesión a los consistorios, a los cuarteles o a donde sea en las administraciones del estado, se le está dando un poder político frente al resto de creencias. Se está apartando no solo a las mismas de su participación en un sistema que se dice democrático sino, por lo mismo, rompe el equilibrio plural y social que se debe mantener.