Sin una reestructuración total de la economía mundial hacia la propiedad colectiva y la planificación con gobiernos obreros, la miseria de la deuda continuará. Michael Roberts.
La deuda pública es el resultado de los préstamos que los acreedores hacen al Estado. A cambio, el Estado se compromete con pagarés (letras del tesoro, bonos del tesoro y obligaciones del Estado) a sus acreedores. Esos pagarés generan intereses (la prima de riesgo es el interés más alto que los prestamistas piden a un país en función de las dudas que tengan de recuperar sus préstamos). Y esos intereses hacen inevitables las crisis de la deuda.
La deuda pública del Estado español que a finales de 2007 equivalía al 36,3% del PIB, unos 350.000 millones de euros, se situaba a finales de 2013 cerca del 100% del PIB, 954.893 millones de euros. El motivo fundamental fue la transferencia de 200.000 millones de € de fondos públicos a la banca privada para salvarla de su quiebra tras la crisis 2008-2009. Además se subvencionó al sector privado (inmobiliarias y automóvil), se gastó en obras públicas innecesarias, aumentó el gasto en armamento y se privatizó la gestión de servicios públicos con financiación pública. Igualmente se produjo una caída de ingresos por contrarreformas fiscales, evasión y fraude de capitales a paraísos fiscales.
En agosto de 2011 el Gobierno del PSOE, llevó al Parlamento una propuesta de Reforma Constitucional, que tuvo consecuencias semejantes a un Golpe de Estado. Con el voto de su Grupo Parlamentario, el del PP y el de UPN, se reformó el artículo 135 de la Constitución estableciendo que: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Además, exige a todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social) someter su déficit estructural y su deuda pública a los límites fijados por la UE. La conversión de la deuda privada de la gran banca y las grandes empresas en deuda pública y su compromiso de pago (Art. 135), fue la gran artimaña con la que se extorsiona a los pueblos para desmantelar los servicios públicos, desregular el empleo y reducir las pensiones. Lo importante es asegurar que los bancos acreedores de los Estados reciben la devolución de sus préstamos por encima de todo.
Esta reforma de la Constitución se adelantó 6 meses al Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación de la Unión Económica y Monetaria de marzo de 2012 que acordó medidas para que en 2020 la deuda pública no sobrepasara el 60% del PIB y el gasto público fuera cero.
Se coronó la operación con la promulgación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria Sostenibilidad Financiera que integra y desarrolla la reforma del Art. 135 de la Constitución, el Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación de la UE, y el Art. 61 de la Ley de Régimen Local. Esta Ley concreta la obligatoriedad para todas las administraciones públicas de que el déficit estructural (gasto en servicios públicos) sea cero y que el nivel de deuda no supere el 60% del PIB. Esta situación deberá mantenerse en el futuro.
Como decimos, después de la gran Recesión 2008-2009 la deuda pública se disparó desde el 36% del PIB en 2007, al 93,5% del PIB en 2013. Le siguió la larga depresión de la década 2010 que aumentó la deuda en nuestro país en más de 660.000 millones de €. Así que en 2019 había una tremenda crisis económica que se estaba reflejando en un gran descontento social. Pero toda expresión de descontento se paralizó con las medidas de control social que se implementaron con la pandemia del Covid y que aceleraron la crisis. La pandemia Covid supuso un vertiginoso aumento de la deuda de 1,20 billones de € a 1,36 billones de €; más de 165. 000 millones.
Los Fondos Europeos de Recuperación (750.000 millones de € para todos los países de la UE) se vendieron como una gran oportunidad para reactivar la economía tras la pandemia pero son otro mecanismo más que profundiza en el sometimiento económico de los Estados a las grandes élites económicas europeas que se lucran a costa de todos los trabajadores de Europa. Estos Fondos son entregas que la UE hace a los gobiernos en forma de préstamos (que aumentarán la deuda del país) y de subvenciones, si estos cumplen los requisitos que les imponen.
* Este artículo ha sido publicado en el el número 0, otoño 2023, de l revista “Conciencia de clase” de la Coordinación de Núcleos Comunistas.
Por ejemplo, no han de ir a empresas públicas ni a financiar el gasto social; exigen que el gobierno haga reformas en las pensiones, privatizaciones, la mochila austriaca, las reformas del mercado laboral, recortes en los servicios públicos, etc.
La UE entrega Fondos de recuperación al gobierno español (140.000 millones de euros en varios plazos) que los hará llegar a las grandes empresas y grandes consultoras (Gaguirres, Uría, PVC, Deloitte…) para la reconversión verde y la digitalización.
Respecto a la reconversión verde, aunque por un lado se dice que se está produciendo un acelerado agotamiento de los principales recursos, ninguna nueva fuente de energía, de las llamadas “alternativas” o “verdes”, puede suplir las prestaciones de los recursos fósiles. Los materiales necesarios para convertir el sol y el viento en electricidad no son renovables y todo ello está generando un aumento significativo del coste de la energía y del transporte.
Entramos así en una fase de estanflación: caída de la actividad económica (somos el 4º país de la UE en cierre de empresas), del empleo y de los salarios, combinada con una permanente subida de precios. Hasta aquí nos trae este supuesto “capitalismo verde” que ya estamos padeciendo con el incremento de precios de la energía y de los alimentos. En cuanto a la digitalización, entrevemos que servirá sobre todo, cual caballo de Troya, para el control y la vigilancia estrictos de la población y para un total dominio sobre los medios de difusión de masas.
Finalmente, las nuevas normas de Gobernanza económica de la Comisión Europea (abril, 2023) son que a partir de 2024 vuelven las reglas de control de gasto, reducción de deuda (el 60% del PIB) y déficit (3 % del PIB), reglas suspendidas durante los primeros años de la pandemia Covid. Es decir, vuelve el control estricto de las cuentas estatales, de modo que el próximo gobierno, el que sea, ha de presentar a la UE su presupuesto para 2024, con un programa de austeridad que reducirá los servicios públicos y empeorará las condiciones de vida de las y los trabajadores españoles. Estas exigencias cd la CE se suman a la carestía de la vida que sigue afectando gravemente a la clase trabajadora.
El aumento de los tipos de interés por el BCE y de la inflación (debido a las ganancias de las empresas), también han contribuido a la caída del poder adquisitivo y al aumento de las deudas familiares. El INE (Instituto Nacional de Estadísticas de España) cifra en el 26% la población en riesgo de pobreza o de exclusión social en 2022, la cuarta más alta de UE. Los tipos de interés han subido en torno a 5 puntos entre el 2022 y el 2023 (FED). Y mientras se está forzando a que la renta de las familias baje, en España, la gran Banca española (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) ha declarado en los últimos meses beneficios de más de 12.000 millones de €, un 20% más respecto al año pasado. La razón de esos beneficios bancarios es esa subida del tipo de interés, el dinero que las familias y las empresas tienen que aportar por los intereses de los préstamos, de modo que miles de familias son desahuciadas por sus acreedores y cientos de pequeñas y medianas empresas y autónomos se arruinan.
Se añade a esto, la pertenencia del Estado español a la OTAN que ha condicionado el aumento de los gastos militares exigido por la alianza (2% del PIB). Su implementación por parte del gobierno se refleja, por ejemplo, en que, durante el mes de agosto el gobierno PSOE-UP, en funciones, sin atribuciones para ello, haya aprobado un incremento del gasto militar en más de 4.340,42 millones de euros; importe superior a la suma de los presupuestos aprobados de los ministerios de Agricultura, Cultura, Igualdad, Política territorial, Universidades, Presidencia y Consumo. El total del Gasto militar aprobado hasta agosto de 2023 es de 16.868,28 millones de euros, más del 1,5% del PIB, gran parte para nuevas armas o para injerencia militar en el exterior. Pero el gasto real en Defensa para 2023, representa el 2,17% del PIB, debido a la distribución de partidas militares por otros ministerios. Una cifra mucho mayor que la prometida por el gobierno, con un crecimiento respecto de 2022, del 23,44% en el presupuesto de Defensa, la cartera con mayor aumento. (Centro Delàs. Izquierda Diario 15/12/2022)[1].
Por otra parte, el dominio económico y militar que EEUU ejerce sobre la Unión Europea ha determinado un paso más en la destrucción de las economías europeas. Con el comienzo de la guerra en Ucrania (marzo de 2022) han impuesto sanciones-boomerang a Rusia y China que han estrangulado las relaciones económicas y comerciales de la UE con sus principales socios; han provocado el déficit de determinados insumos industriales o agrícolas; han asistido a la voladura del Nord-Stream 2 y la obligatoriedad de comprar el gas a EEUU un 40% más caro; y han presionado sobre el gobierno de España para que reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara lo que supuso el encarecimiento en un 70% del gas argelino.
Juntos, estos factores contribuyen al estrangulamiento de la economía de todas las familias cuyos ingresos dependen de su trabajo que, cuanto más precario, es más afectado y cada día se hunde más en la pobreza. Si a esto le unimos el bajo nivel de grado de conciencia y organización del proletariado actual, no nos extrañamos que los populistas liberales medren a sus anchas.
Dice el Ministerio de Derechos Sociales que la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (uno de esos nuevos instrumentos de dominación de la burguesía) es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Sin embargo, según Intermon Oxfam, con las medidas de austeridad y el aumento de la deuda, España cae en una espiral de crisis, pobreza y desigualdad altamente peligrosa. Y es que el 1% de la población española acumula el 23.1% de la riqueza total del país mientras que la inflación ha reducido el poder de compra de las familias más pobres un 26% más que el de las de mayores ingresos. La causa es muy clara para esta organización: “los beneficios empresariales son los principales responsables del alza de los precios".
El crecimiento de la deuda[2] desata una permanente necesidad de crecer económicamente y de generar dinero para satisfacer intereses, lo que provoca la extenuación del trabajo humano y la destrucción del medio social y físico. Si tenemos en cuenta que esta deuda la genera en alrededor del 80% la banca, las grandes empresas y el gobierno, pero que la paga la clase trabajadora, entenderemos la enorme importancia que la deuda tiene como agente expoliador de nuestra clase.
La deuda es un enorme lastre para las economías de las personas y de los países. “El sobreendeudamiento no es sino una forma de quemar el propio futuro, pues tanto los beneficios como los salarios se verán crecientemente disminuidos en función de la obligación de satisfacer las deudas contraídas en el pasado” (A. Piqueras).
Las necesidades de muchos millones de personas son acuciantes y para resolverlas, no es suficiente suprimir la corrupción o cambiar dineros de partidas presupuestarias. Para cambiar las condiciones de trabajo, crear empleo digno, mejorar los servicios públicos, etc., hace falta romper con las políticas que la UE y el BCE imponen, es decir, no pagar la deuda y salir del euro. Es imprescindible expropiar a quienes nos están saqueando, los bancos y las multinacionales, y devolver a manos públicas la banca, las empresas estratégicas y los servicios sociales. Para hacer esto, se necesita mucha fuerza y mucho poder, el de la clase trabajadora y el pueblo organizado que exijan que la riqueza que producen cada día esté bajo su control y al servicio del pueblo. En la situación actual de aumento de la precariedad y del coste de los productos básicos, el incremento de los gastos militares y el envío de armas a los fascistas ucranianos son inaceptables. Es imprescindible desde el pueblo exigir la salida del Estado español de la OTAN y el desmantelamiento de las bases militares en nuestro país.
En el siglo XXI la Globalización económica ha caído y está surgiendo la regionalización y un nuevo agrupamiento de países, en organizaciones internacionales, para defender una alternativa al FMI, al Banco Mundial y al Tribunal Internacional de Justicia, una alternativa al “orden basado en reglas” de Estados Unidos, teniendo como norte la soberanía nacional y la defensa de sus intereses económicos en nuevo orden internacional.
Se abren dos caminos paralelos. Uno neoliberal financiarizado y financiado por la deuda, en Europa y América del Norte, y el otro, un capitalismo industrial que evolucionará hacia una vía socialista en China, en los países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en el bloque de la Organización de Cooperación de Shanghái. En el segundo es donde se están produciendo condonaciones de la deuda.
[1]https://www.izquierdadiario.es/El-gasto-presupuestario-en-Defensa-sera-un-91-superior-al-comunicado-por-el-Gobierno
[2]https://www.epdata.es/asi-aumentado-deuda-publica/f4dcc707-9e28-4d16-aadb-0010a33a4db5/espana/106
España - Deuda pública en España hoy, según datos del Banco de España (epdata.es)