Con desparpajo indecente, los cuatro fiscales del <<procés>>, han dirigido un informe, de nada menos cien folios y cuando aún no estaba publicada en el BOE, al Fiscal General del Estado sobre el alcance de la aplicación de la Ley de Amnistía. Escrito en el que además de exponer sus licitas reticencias jurídicas respecto a que ampare o no el delito de malversación o suponga el levantamiento automático de la orden de detención de Puigdemont; los fiscales exceden de largo sus atribuciones por la valoración <<política>> que hacen de la norma, con la clara intención, de paralizar y torpedear, su aplicación. Conocedores de que no les pasará nada por exponer su posición política, se alinean sin temor con la estrategia de la derecha extrema y la extrema derecha en este asunto. ¡Manda bemoles!
Descaro que da verosimilitud y sostén a la existencia de un colectivo de jueces y fiscales que, más allá de su auto definición como conservadores, dan un paso más y se convierten en una fuerza política, un Partido Judicial, que interviene con deliberación en el acontecer de la política nacional, usando la instrucción de sumarios, unos sí y otros no, o exonerando o rebajando la petición de penas: con una clara intención político ideológica. Perversión palmaria de losprincipios éticos y morales exigibles en el cumplimiento y aplicación de las Leyes, de las que son sus valedores y representantes. La justicia es, o debería ser, ciega.
Aunque no son la mayoría de fiscales y jueces, curiosamente, sí son quienes ocupan cargos de especial relevancia, a los que solo acceden quienes han demostrado un carácter conservador. Porque la justicia en España tiene dos males de raíz. Uno, que no hubo transición democrática en la cúpula judicial, desde tiempo inveterado constituida en una casta, incluso familiar. Dos, el acceso a la carrera judicial, que aún es un coto para privilegiados que pueden pagar diez años de estudio hasta aprobar la oposición, a pesar del aumento de becas para que accedan un grupo reducido de candidatos que, de otro modo, no podrían llegar a lucir puñetas en las mangas.
Las cifras cantan. En 2024, de los 5.416 jueces y magistrados en activo, un 8% están afiliados a la asociación progresista, un 44% no están afiliados a ninguna asociación, y el restoa una de las tres asociaciones de carácter conservador, mayoritarias en el sector y las que copan la mayoría de cargos de relieve en las administraciones judiciales, gracias a la actual composición del CGPJ, órgano que reparte juego. Razón por la cual el PP se niega a renovarlo, incumpliendo la Constitución, para no perder la mayoría conservadora, que le ayuda y ampara en su estrategia política.
Fiscales del <<procés>>, que se suman al Partido Judicial del que otro dirigente destacado es el juez García Castejón, conocido por arrumbar o sacar de sumarios a significados exdirigentes del PP, como Cospedal, o estirar otrospara perseguir a dirigentes de Podemos: que han quedado en nada. Otro miembro del Partido es el juez Peinado, que instruye un sumario sobre la actividad profesional la esposa del Presidente Sánchez, a partir de la denuncia confeccionada con recortes de prensa, sin más pruebas añadidas, presentada por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias. Sumario que contraviene la doctrina del Tribunal Supremo, contraria a la instrucción de sumarios a partir de informaciones de prensa. A Peinado no le importa, pues su único objetivo es hacer daño político.
Hay más muñidores del Partido Judicial en los juzgados, tribunales y fiscalías, como aquellos que en un hecho inaudito en España y en Europa, salieron a la calle para hacer pública su oposición a la Ley de Amnistía, cuando aún no estaba ni pactada ni aprobada. Ejemplo de que la caverna sigue viva y coleando, pervirtiendo y degradando ante la sociedad el valor de equilibrio que debe representar la Justicia.