En vista de que, en el último Congreso Federal del PSOE, desde posiciones ideológicas no se aprobó nada digno de destacar, Pedro Sánchez de cara a la galería sacó a relucir la creación de una Empresa Pública de Viviendas. Por supuesto, suena muy bien, pero al no definirse ni concretarse, se puede quedar solamente en un propósito de intenciones. Así es como se explicita el articulo 47 de la Constitución y al respecto es muy claro: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Pero este referido artículo de la Constitución se ha quedado vaciado de contenido y no ha estado acompañado de las leyes reguladoras para que se hiciera realidad. En teoría y sobre el papel todo está muy claro. Entonces, ¿por qué este muy grave problema que tanto padecen cientos de miles de españoles, no se aborda y se le da de una vez la oportuna y adecuada solución?.
La necesidad habitacional se calcula actualmente en 600.000 viviendas en todo el país y según las últimas estadísticas del INE, España tiene 3.600.000 desocupadas. En consecuencia, la solución estaría en que éstas pasen a formar parte de la oferta alojativa, bien en la modalidad de venta o alquiler. En este sentido, habría que incentivar a sus propietarios para que las saquen al mercado, fijando un tope máximo, o de lo contrario, que se les aplique un impuesto disuasorio.
Esta es la fórmula más económica, eficaz y ágil (no hace falta construir viviendas pues están ahí y son seis veces más de las necesarias). Dejarlo en manos de la comunidades autónomas y municipios, instituciones la mayoría gobernadas por la derecha que no están por la labor y, utilizan con el interesado señuelo que suena muy bien, de que para resolver el problema debe construirse más vivienda pública, con lo que eso por su complejidad, costes y tiempo representa, al tenerse al respecto, que liberar los terrenos correspondientes y donde con toda probabilidad, participarían de forma especulativa los empresarios del sector.
Se hace necesario blindar a las viviendas que son de propiedad pública y, topar el precio de las privadas actuales y de nueva construcción, tanto para su adquisición o renta. Lo que no es de recibo es seguir con esta situación, que cada vez afecta a más familias y personas, particularmente a los jóvenes que, se ven impedidos para emanciparse hasta pasados los 30 años, cuando la media en la Unión Europea es de 25 años y lo consiguen más del 70% de sus jóvenes, en contraposición a los de nuestro país que sólo lo logran el 17%.
Esa "fabulosa idea" de la Empresa Pública de Viviendas es con toda probabilidad inviable. Dedicarse una empresa pública a construir viviendas es una auténtica odisea. Aquí en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, su Ayuntamiento “progresista” con ésta es la tercera legislatura que lleva para terminar y entregar 160 viviendas.
La solución mucho más ágil, eficaz y económica, sería, expropiar a la Iglesia sus cerca de 20.000 (de un total de 34.965) propiedades inmatriculadas ilegales entre edificios, apartamentos, garajes y solares y aprovechar todas esas propiedades para conversión o construcción de nuevas viviendas. Este fue el indecente regalo que le hizo el gobierno de Aznar a la ultraconservadora Iglesia.
También expropiar las propiedades coercitivas de los "fondos buitre". No se puede consentir a las de entidades bancarias que desahucien a sus propietarios por no poder pagar las hipotecas y no se producen las rescisiones de estas, mediante su dación en pago y deben continuar pagando el préstamo bancario. Al respecto se les debe proporcionar otra estancia habitacional. Las viviendas de la Sareb o "banco malo" tendrían que sin ninguna especulación ponerse a disposición de las familias necesitadas.