La Fiscalía Europea (EPPO) en España está a punto de cumplir dos años, y su desempeño en este tiempo ha sido verdaderamente asombroso. Con tan solo 8 funcionarios y 7 fiscales delegados del Reino de España, han logrado manejar más de 50 casos y obtener ya 3 sentencias condenatorias, en un país donde marcamos records Guiness de falta de agilidad judicial.
Todo así, uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta es la falta interesada de recursos. Comparado con un país como Rumanía, con un PIB que es menos de la mitad que el español, ésta cuenta con 15 fiscales y 50 funcionarios para una población un tercio menor que la de España. Resulta evidente que la falta de personal y medios es una de sus principales limitaciones, evitándose perseguir la corrupción en las administraciones. Así nos hemos retratado, de nuevo, frente a Europa.
Además, no podemos dejar de mencionar los problemas de comunicación con las autoridades nacionales. A pesar de que la normativa europea establece claramente que cualquier irregularidad que afecte a los fondos de la UE debe ser informada a la EPPO, no siempre, o mejor dicho, casi nunca se cumple este requisito. Parece que las autoridades nacionales, y sobre todo la judicatura, no sienten la urgencia de cooperar plenamente con la Fiscalía Europea
Entre sus éxitos, se ha destacado la operación "Marengo-Rosso", en la cual la EPPO desmanteló una organización criminal internacional involucrada en un supuesto fraude del IVA por más de 25 millones de euros en perjuicio de los intereses financieros de la Unión Europea
En resumen, la Fiscalía Europea en España ha demostrado su compromiso con sus modestos recursos y con la falta de cooperación de las instituciones estatales.
Me gustaría que pudiéramos estar, al menos, al nivel de Rumanía.