España ya ha tenido en la historia la idea de un Estado federal, pero las razones históricas e ideológicas, que hoy permanecen, han impedido siempre su puesta en marcha. Un Estado federal está compuesto por diversas unidades territoriales, dotadas de autonomía política e instituciones de gobierno comunes a todas ellas, cuya organización, competencias y relaciones intergubernamentales están regidas por una Constitución como norma suprema. Se dice que nuestro Sistema es un Estado parecido al federal, pero no es cierto. El federalismo, además de la distribución del poder, requiere unas estructuras que propicien la lealtad institucional.
El federalismo en España se inicia en la década de 1830, aunque existen antecedentes desde la última década del siglo XVIII. El primer y único intento de instaurar un Estado federal en España se produjo durante la Primera República Española (1873-1874). Tras este fracaso, el federalismo fue una corriente política minoritaria. En la Segunda República Española y en la Transición se optó por un modelo intermedio entre el federalismo y el centralismo: el Estado integral, en el primer caso, y el Estado de las autonomías, en el segundo.
La solución federal responde a la necesidad de los pueblos y comunidades diversas de mantenerse juntos para conseguir un fin común al tiempo que se preserva la identidad de cada uno de ellos. El federalismo es una forma de organización política consistente en establecer una alianza entre comunidades con el fin de unir realidades diferentes. Es la mejor forma de integrar una pluralidad de entes que quieren aliarse en beneficio del conjunto y de cada una de las partes. Existen muchas definiciones de federalismo, y todas se parecen. La solución federal es el proceso por el que un conjunto de pueblos decide construir instituciones comunes para fortalecerse mutuamente y respetarse en lo que les distingue.
Nuestro Estado autonómico sufre de desgaste, como consecuencia de las razones ideológicas propias de aquellos momentos tras la muerte del dictador. Su puesta en marcha y posterior desarrollo ha sido un continuo movimiento táctico e ideológico. Lo que en su momento fue un gran éxito, con el paso de los años ha resurgido como un problema de primer orden. Quizás porque todo éxito contiene en su seno la simiente de los problemas.
Nunca, ni en sus inicios ni en su desarrollo, ha habido un proyecto de Estado autonómico compartido por el conjunto de la sociedad ni por las fuerzas políticas y sociales. Incluso cuando la improvisación táctica ha terminado con resultados satisfactorios la manera de llevarlo a cabo ha dejado heridas y herencias indeseables.
Estados Unidos tiene un sistema de gobierno basado en el federalismo, que distribuye el poder entre los Gobiernos federales y los estatales. Por su parte, Alemania se que extiende desde el Mar del Norte y el Mar Báltico hasta los Alpes en el sur, como Estado federal, está formado por 16 estados federados, cuyos gobiernos estatales disponen en parte de competencias propias. Austria y Alemania hablan el mismo idioma y sin embargo son dos estados nítidamente independientes. Suiza es un Estado compuesto por cuatro Estados independientes en los que se habla en cada uno un idioma diferente. En Bélgica, se habla por igual francés y valón.
En sus inicios, el proyecto de Estado autonómico estuvo motivado por la necesidad de Adolfo Suárez de vencer las poderosas resistencias del búnker franquista al reconocimiento nacional de Catalunya y Euskadi en menor dimensión. La concreción del mapa de Comunidades Autónomas no respondió a ninguna lógica más que a razones electoralistas de UCD y el PSOE. Se acordó que serían 17 CCAA como podrían haber salido 14 o 19, con desequilibrios de población y algunas otras consideraciones, que hoy son un obstáculo para ejercer en términos reales la autonomía política.
En la Constitución de 1978, en su Título VIII, se establece que establecer una Comunidad Autónoma no podrá implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales, en cuanto que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, así como que tienen la libertad de circulación, establecimiento y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
En la Constitución de 1931, la de la Segunda República, su artículo 11, viene a decir que si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo, dentro del Estado español, presentará su Estatuto con arreglo a lo que establece la Constitución. Igualmente dice que los estatutos podrán recabar para sí en su totalidad o parcialmente, las atribuciones que se determinan en los artículos 15, 16 y 18 de la constitución.
La Constitución Federal de 1873 fue un proyecto de constitución para la Primera República española, redactado principalmente por Emilio Castelar, que no llegó a ser aprobado por las Cortes. Pretendía la transformación de España en una federación. Más allá de la nula relevancia jurídica de un documento que jamás entró en vigor, tendrá políticamente una importancia indiscutible, al ser la primera propuesta constitucional de la historia política española que trataría de buscar una solución a una cuestión que no haría otra cosa que agudizarse con el tiempo: la de la organización territorial del Estado.
El Partido Socialista Obrero Español, en su Congreso celebrado en 1972 en Suresnes, aprobó que el PSOE se pronunciaba por la constitución de una República Federal de las nacionalidades que integran el Estado español por considerar que este estructura estatal permite el pleno reconocimiento de las peculiaridades de cada nacionalidad y su autogobierno a la vez que salvaguarda la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que integran el Estado español. Por su parte el PSOE reconocía la existencia de otras regiones diferenciadas que por sus especiales características podrán establecer órganos e instituciones adecuadas a sus peculiaridades.
El federalismo ha estado presente en España de una forma poco racional y cargada de violencia, aunque al mismo tiempo muy diferente en sensibilidad, por su historia, su clima y sus costumbres, por lo que es incomprensible que España no esté organizada en un Estado Federal. El empeño desde que los Reyes Católicos liquidaron los Reinos de Taifas se extiende hasta el caudillismo franquista, que puso todas sus energías políticas y personales en una España unida por un gobierno central, llegando dicho empeño a la Constitución vigente de 1978, interpretado ese empeño literalmente por los herederos ideológicos del dictador.
En 2013, el PSOE y el PSC sellaron la declaración de Granada para avanzar en un Estado federal en respuesta a los primeros coletazos del procés. Pedro Sánchez recupera el concepto de Estado federal para defender su negociación bilateral con Cataluña, dando un paso en la federalización de España.
Las condiciones en las que se produjo la Transición ayudan a entender el inmenso esfuerzo y mérito colectivo que supuso abordar de manera simultánea la reforma política, la reconstrucción cívica, la reconversión económica y la construcción social iniciada en los años 70. También se entiende mejor sus limitaciones y frustraciones, que de todo hay, especialmente en aquellas generaciones que no lo vivieron en primera persona. De nuevo, el reto que debemos afrontar es mayúsculo, pero vale la pena intentarlo. Entre otras cosas porque el margen de los movimientos tácticos parece agotado. Puede servir para ir sobreviviendo o conllevándonos, pero difícilmente puede evitar que la desvertebración de la sociedad avance si no se le dota a nuestro estado autonómico de cultura e instituciones federales.
Tras las tensiones territoriales a causa del acuerdo del PSC y ERC para otorgar un consorcio fiscal a Cataluña, el presidente del Gobierno ha recuperado un concepto que los socialistas ya utilizaron hace más de una década para responder a los primeros coletazos del procés: el federalismo. Pedro Sánchez llegó a decir que el acuerdo con los republicanos, que implica una negociación bilateral con Cataluña, daba un paso en la federalización del sistema autonómico, justificando así que el resto de comunidades no estén incluidas en la discusión sobre el sistema tributario catalán.
Sánchez abogó por avanzar en un propósito que llevaba años aparcado, ya que fue en 2013 cuando la dirección socialista y sus federaciones sellaron la denominada declaración de Granada para modificar la Constitución en un sentido federal con el fin de responder al auge del independentismo catalán y evitar una ruptura entre el PSOE y el PSC, puesto que los últimos defendían celebrar un referéndum legal y pactado. Pedro Sánchez vuelve a insistir sobre que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico, algo que es incuestionable y una muy buena noticia para el sistema político español.
El Estado autonómico ha sido eficaz durante unos años, pero insuficiente a la luz de los conflictos que han ido surgiendo y no han encontrado soluciones satisfactorias. No ha conseguido paliar el malestar de las llamadas nacionalidades históricas.
El federalismo es una voluntad política de acuerdo, de convivencia y de calidad institucional ¿Qué problema, que no sea el artificioso y violento, se manifiesta en España desde el paso de un régimen caudillista a otro democrático para hacer de España un Estado Federal?
El modelo de estado de España ha de decidirse a través de dos referéndums, ofrecer a los españoles la posibilidad de elegir entre monarquía y república, por un lado, y entre estado unitario o estado federal.