Después de tantos años después del inicio de la Guerra Civil, es complicado exhumar los restos de hombres y mujeres que lucharon en el bando republicano. Faltan recursos y han pasado tantos años que localizar las fosas es difícil. Sin embargo, durante la guerra y la dictadura, Franco dedicó muchos recursos a exhumar a los muertos del bando nacional. La sangre de quienes cayeron por la Patria no consiente ni el olvido, ni la esterilidad ni la traición, decía el dictador el 1 de abril de 1942. Lo hizo por un tema político, no por razones humanitarias. Miriam Saqqa, doctora en historia y arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, ha pasado más de cuatro años investigando miles de documentos en los archivos, sobre todo de los procesos judiciales que acompañaron a estas exhumaciones, y saca a la luz muchos datos inéditos.
Saqqa, que detalla los resultados de su investigación en Las exhumaciones por Dios y por España (Cátedra), localizó 171 exhumaciones, de las que se quitaron 3.518 cuerpos y se identificaron 1.231. "Solo exhumaron quienes consideraban mártires y caídos. Fue un proceso excluyente y exclusivo asociado a un proceso judicial", explica Saqqa. De hecho, los sublevados ya empezaron a legislar en 1936, justo cuando comenzó la Guerra Civil, en relación con las exhumaciones. "Se creó la figura de una víctima única. Para los sublevados las únicas víctimas eran las que habían muerto a manos de quienes llamaban hordas marxistas", asegura Saqqa.
Durante la Guerra Civil, fueron sobre todo los familiares y los ayuntamientos los que hicieron las exhumaciones. Con la dictadura hubo un despliegue de agentes del régimen y se dieron muchas facilidades, pero el Estado solo pagaba las exhumaciones de militares. El Tribunal Superior de Justicia, a través de causas generales, monopolizó todo el proceso judicial. "Había jueces, fiscales y delegados en todas las provincias, pero las órdenes las daban desde Madrid. Cuando se incoó la causa general se atribuyó a las exhumaciones una cuantía económica bastante importante", asegura la historiadora.
Fiscales muy bien pagados. Inicialmente, se destinaron 532.000 pesetas de la época: 490.200 pesetas se dedicaron a personal (fiscales y secretarios judiciales) y 42.600 a material. Así, por ejemplo, el fiscal instructor delegado contaba con un salario de 25.000 pesetas anuales y 2.083 mensuales, y un fiscal instructor auxiliar percibía 23.000 pesetas anuales y 1.958,33 mensuales. Para tener una idea de la situación de ese momento, un carpintero, un minero o un obrero de la metalurgia cobraba entre 12 y 14 pesetas diarias (entre 360 y 420 al mes). "Estas cifras muestran la condición privilegiada de estos agentes judiciales en un contexto de economía de posguerra en la que los salarios reales disminuyeron en un 50% y hubo un retroceso del poder adquisitivo", explica Saqqa. El Estado involucró a muchos agentes estatales que actuaban como informadores y como agentes represores para obtener la información.
Fue un proceso violento y represivo. La brutalidad no solo fue contra quienes perdieron la guerra. La violencia se utilizó contra quienes consideraban aliados, porque una forma de obtener la información era a través de las declaraciones de los familiares de los mártires y caídos", explica la autora. Se hacían peticiones a través de la prensa y de los boletines oficiales de los ayuntamientos... Las peticiones en las que se pedía información sobre los fallecidos, la localización y la identificación de los culpables de las muertes se publicaron en todos los municipios del Estado. A veces, los agentes iban puerta a puerta entregando las peticiones. Eran documentos en los que se citaba a los familiares a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia. Y si no acataban, les amenazaban con prisión o multas.
Había importantes diferencias territoriales, porque al régimen franquista le interesaban mucho más los territorios que más tiempo habían estado bajo el bando republicano, como Cataluña. En todo este proceso, los forenses tuvieron un papel relevante. Tuvieron una actuación negligente, porque eran agentes de la dictadura que defendían unos intereses ideológicos y políticos concretos. Interesaba identificar los cuerpos ideológicamente, pero no de forma individual, porque el objetivo era construir y defender la figura del mártir y caído. Se hizo un uso político de los cuerpos, afirma Saqqa.
Algunos de los restos se trasladaron a los cementerios municipales, pero cuando las fosas eran muy grandes, como el caso de San Fernando de Henares, donde todavía está la cruz franquista, se llevaban a Paracuellos de Jarama. Actualmente, allí está el Cementerio de los Mártires de Paracuellos, que recuerda a las víctimas asesinadas en la retaguardia republicana en otoño de 1936. En concreto, desde aquella fosa se llevaron a más de 400 individuos. En ocasiones las familias pudieron decidir, pero en otras no, porque muchos restos se inhumaron sin identificar. Los cuerpos eran objetos valiosos y potentes desde el punto de vista simbólico y político,
Franco encargó un censo de desaparecidos y exhumaciones desde 1936, y la legislación publicada en el BOE es una prueba de la su preocupación por rendir honores a los fallecidos de su bando de manera exclusiva. Nunca ha habido un proceso judicial como el que él hizo para sus víctimas. Las otras consideró que eran indignas de tener un espacio legal de muerte.