Enfadado. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dictado una resolución, en la cual responde a las autoridades de Suiza que los tratados internacionales suscritos por los dos países "prohíben" rechazar la solicitud de asistencia judicial en delitos de terrorismo apelando a motivos políticos, tal como han hecho en la causa de Tsunami Democràtic.En este caso, el juez sostiene que hay indicios del delito de terrorismo para imputar al expresidente Carles Puigdemont, -como la mayoría de fiscales del Tribunal Supremo- y la secretaría general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas más, según ha informado al tribunal este miércoles.
El magistrado califica de incongruenteque los tribunales suizos le pregunten por la amnistía por los hechos del Procés, cuando, indica, es un ámbito del legislativo, que esta futura ley todavía está en trámite y que los jueces solo aplican la ley y no hacen valoraciones. No obstante, se ha acusado al juez de lawfare por querer torpedear con resoluciones judiciales el acuerdo sobre la amnistía. Además, pide una reunión urgente a las autoridades suizas sin el Ministerio de Justicia para aclarar dudas.
En su respuesta, Suiza explica al juez García-Castellón que el 2020 ya le comunicó que los hechos imputados a Tsunami no encajaban en el delito de terrorismo y, por tanto, no incumplen ninguna norma en negarse a colaborar y, consideraba que se enmarcaban en un conflicto político, motivo por el cual su legislación le prohíbe colaborar. Añadía que en esta segunda petición solo le daba más detalles de las protestas masivas en los aeropuertos del Prat y que le pedía localizar a Rovira, petición la podía hacer a través del sistema policial, que es más ágil.
Paralelamente, el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación reservadapara aclarar si funcionarios o autoridadescometieron delito de revelación de secretos, cuando, este martes, se difundió, la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria, que el juez envió el noviembre pasado. La respuesta a estas peticiones pasa antes por el Ministerio de Justicia, que encabeza Félix Bolaños, que realiza su traducción. La respuesta de Suiza fue recibida en el Ministerio el 29 de diciembre pasado y se ha comunicado y difundido dos meses después.
En el escrito, el juez considera que es llamativa la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza sobre las posibles consecuencias de una ley de amnistíaen relación con los 12 encausados y considerados impulsores de la plataforma Tsunami Democrático, cuando su argumento es que no puede colaborar porque es una causa política, del independentismo catalán frente el Estado español. García-Castellón recuerda que, en el Reino de España, así como en las democracias de la UE, la función de los jueces es juzgar y hacer ejecutar el juzgado, y añade que el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por tanto, no es función de los jueces elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar. Que bonito si ello fuera totalmente cierto ¿Verdad?
En relación, a localizar a Marta Rovira, García-Castellón contesta que ha pedido el auxilio judicial en lugar del sistema policial para garantizar mejor sus derechos. Con todo, el juez critica a la líder republicana porque sostiene que no ha indicado su domicilio en Suiza, sino la sede de ERC en Barcelona, hecho que califica de desprecio al sistema procesal.El magistrado no dijo que Iñigo Iruín se personó en el juzgado como abogado de Rovira, cuando el juez la imputó, el 6 de noviembre, justo el día siguiente al acuerdo de amnistía, entre el PSOE, Junts y ERC.
De lo que realmente estoy casi seguro, es que a García Castellón lo que de verdad le importa es cargarse la ley de amnistía, o poner cuantas más y mayores dificultades para su aprobación o, incluso, rebajar su aplicación para que no afecte todos los posibles implicados. ¿Se han fijado en la diferencia de criterio de este juez con respecto al del emérito Martin Pallín? El segundo pretende acabar con un problema político, el primero pretende perpetuarlo de por vida. ¿Cuál de los dos consideran que es más coherente?