La okupación en España se ha convertido en un problema de primer orden. Lo que empezó como un grito antisistema hoy es un negocio mafioso amparado en el vacío legal y la ausencia de legislación. Viviendas en alquiler, segundas residencias o, incluso, hogares habitados son tomados por asalto sin que los propietarios puedan defenderse.
Este fenómeno es el resultado de la mala praxis de un gobierno que bajo la bandera del progresismo ha decidido proteger al delincuente antes que al ciudadano. Con sus leyes laxas y burocráticas convierten el desalojo en una odisea que puede durar años. Mientras, los okupas, amparados por abogados y ONG cómplices, viven gratis y extorsionan a los dueños sin consecuencia alguna.
La okupación no es un acto de justicia social. Es un asalto y los okupas no son Robin Hood. Son parásitos que se aprovechan de este sistema putrefacto. En 2023 se registraron más de 16.000 denuncias por okupación en España y la cifra no para de crecer. Comunidades como Cataluña, Madrid y Andalucía son el epicentro de esta pesadilla.
El gobierno de "Perro Sánchez" guarda un silencio cómplice en medio de este caos mientras sus socios de Podemos y Sumar aplauden la okupación como un "derecho" y bloquean cualquier reforma que devuelva la seguridad jurídica a los propietarios.
Los medios públicos y privados apenas tocan el tema. Y cuando lo hacen es para romantizar a los okupas como víctimas del capitalismo. Pero los verdaderos damnificados son los propietarios: familias trabajadoras, ancianos, pequeños ahorradores que ven su patrimonio esquilmado y saqueado.
La okupación es el síntoma de un país enfermo, donde el Estado colabora con los delincuentes y la justicia ha sido secuestrada por la ideología. Los ciudadanos claman por leyes que castiguen al invasor y no al invadido, pero el gobierno prefiere mirar para otro lado.
La okupación es un delito, pero las leyes de esta sociedad esquizofrénica no lo contemplan así. Por esa razón, cada propietario debería estar legitimado para tomar las medidas que considere convenientes a la hora de proteger su patrimonio. LA PROPIEDAD PRIVADA NO SE TOCA.
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