El presidente del Consejo General del Poder Judicial amenaza con dimitir si no se renueva el órgano, como establece la Constitución, tras cuatro años de bloqueo del PP. Y la respuesta del principal partido de la oposición, en lugar de cumplir la ley, y llegar a un acuerdo de renovación con el gobierno, es un documento de once hojas cuya finalidad es continuar incumpliendo la ley.
La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es ¿Hasta cuándo esta actitud que está erosionando gravemente nuestra democracia?
Para que una democracia funcione correctamente, y continue siendo un camino de libertad e igualdad para todas las personas en su vida diaria, es imprescindible cuidar las instituciones y cumplir el ordenamiento constitucional. Y los que más tienen el deber de hacerlo, son los elegidos por los ciudadanos como sus representantes.
Por este motivo, es terrible la estrategia de tierra quemada que sigue el PP desde la moción de censura del año 2018, donde salieron del gobierno de España y se convirtieron en el principal partido de la oposición.
España, nuestra democracia y por supuesto los españoles, no se merecen el todo vale por intentar derribar al gobierno y volver al poder que tiene como máxima el PP. Y no se lo merecen, porque generar crispación y polarización puede acabar destruyendo la convivencia. Pero además no es lo que quieren los españoles.
Cuando en la encuesta sobre Tendencias Sociales, del mes de noviembre, del CIS, se preguntó a los españoles si podrían valorar de 1 a 10 la confianza que tienen en estos momentos en cada una de estas organizaciones políticas e instituciones, entendiendo que el 10 representaría “la máxima confianza” y el 1 “la mínima confianza”, los resultados tendrían que hacernos parar, reflexionar sobre lo que está sucediendo y corregirlo antes de que sea demasiado tarde.
En los Partidos políticos: Un 29,2 por ciento tienen una mínima confianza, y solo un 0,6 por ciento, máxima confianza. En los Sindicatos: Un 30,4 por ciento tiene una mínima confianza y un 0,8 por ciento, máxima confianza. En el Gobierno de España: 31,3 por ciento tiene mínima confianza y un 1,7 por ciento una máxima confianza. En el Parlamento español: 22,2 por ciento una mínima confianza, y un 1 por ciento una máxima confianza. En los medios de comunicación: un 17,6 por ciento tiene mínima confianza y un 1,9 por ciento máxima confianza. En la Justicia: un 15,8 por ciento mínima confianza, y un 1,8 máxima confianza. En la Constitución: un 9,2 por ciento una mínima confianza, y un 10,9 por ciento máxima confianza.
Los españoles no quieren crispación política, como se puede observar en la encuesta de temas de actualidad del CIS de abril de este año. A ocho de cada diez ciudadanos les preocupa la crispación política. Lo que supone una gran inquietud. Concretamente, a un 79,2 por ciento de los encuestados les preocupa que en España existe crispación política.
Y, además, piensan que, en estos momentos, es muy importante intentar reducir la crispación política que existe en España. En 2018, un 87,8 por ciento creía que debería hacerse algo para reducir la crispación política; un 7,7 por ciento tenía dudas; y un 3,8 por ciento, no creía que debería hacerse nada para reducir la crispación política. Ahora, un 90,4 por ciento cree que en estos momentos es muy/bastante importante intentar reducir la crispación existente. Y un 6,8 por ciento, que poco o nada importante intentar reducirla.
Estos datos, muestran que las cosas tienen que cambiar y que es urgente reducir una crispación y una tensión política que cada vez está más presente en el día a día de la vida de los españoles. Pero también, señalan un camino marcado por los ciudadanos a sus representantes institucionales, ya que la mayoría quiere acuerdos de Estado. El 92,2 por ciento de la población cree que los partidos políticos tienen la obligación de alcanzar consensos sobre temas importantes que afectan a los españoles. Pero, además, también tiene claro las cuestiones sobre las que PSOE y PP deberían alcanzar los acuerdos: la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, la lucha contra la violencia de género, la política exterior en relación a Marruecos y el Sahara, la política exterior en relación a la guerra de Ucrania, la política exterior en relación a la guerra de Ucrania, la transición energética, el precio de la energía, la gestión de los fondos europeos.
Llegados a este punto, si los españoles no quieren crispación, quieren pactos de Estado, creen que los partidos políticos tienen la obligación de alcanzar consensos sobre temas importantes que les afectan, y también priorizan las cuestiones sobre las que PSOE y PP deberían alcanzar los acuerdos, la pregunta es obvia: ¿Por qué se niega el PP a hacerlos?
La sociedad española se encuentra ya en una campaña electoral permanente. Y es necesario, que los dirigentes y los representantes políticos que están pidiendo el voto a los ciudadanos se contengan a la hora de incrementar la crispación y la tensión política.
Pero también, es preciso, que los ciudadanos entren en acción. Tienen no solo que denunciar sino combatir a los que pretenden quebrar la convivencia por sus intereses partidistas. Y la mejor medicina, en democracia, es no votar a los partidos políticos que mediante sus palabras o por sus actos realicen comportamientos antidemocráticos o autoritarios.
La mejor medicina es la acción, porque decir que todos son iguales y no participar es otra de sus estrategias de la oposición para ganar, aunque no sean mayoría.