En los últimos años, el gobierno socialista en Barcelona y ahora el de Catalunya, con nocturnidad y alevosía han implementado una serie de regalías fiscales para favorecer las grandes corporaciones que montan eventos internacionales y lo hace a expensas del resto de los ciudadanos. Mientras se nos dice que no hay dinero para las Fiestas Mayores de los barrios, como Gràcia o Sants, el dinero y los beneficios fluyen a capazos para engrasar las exhibiciones y los deportes de los privilegiados. Estos privilegios fiscales no solo son una injusticia flagrante, sino que también evidencian una gestión sesgada y elitista que prioriza los intereses de unos pocos por encima del bienestar colectivo.
Es vergonzoso el trato fiscal que se le ha dado a la organización de la Copa América de vela en Barcelona. Para este evento, el gobierno local ha decidido eliminar completamente ciertos impuestos municipales, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que normalmente sería aplicable a las infraestructuras temporales necesarias para la competición. Además, se han otorgado exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las propiedades utilizadas por los organizadores durante el evento. Esta decisión significa que mientras los ciudadanos y pequeñas empresas continúan pagando este impuesto de manera regular, los organizadores de la Copa América disfrutan de un alivio fiscal total.
No solo eso, el gobierno también ha aprobado la exención del impuesto de sucesiones, transmisiones y una rebaja significativa del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para las empresas relacionadas con el evento. Esta reducción es especialmente insultante para las pequeñas y medianas empresas locales que, sin acceso a tales beneficios, se ven obligadas, de entrada, a competir en condiciones desiguales. La injusticia es aún más evidente cuando se observa que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a los servicios y productos asociados con el evento ha sido reducido del 21% habitual a un 10%, bajo la justificación de promover el turismo y la inversión.
Sin embargo, esta rebaja contrasta con la falta de reducciones fiscales para sectores esenciales de la economía local, como el comercio minorista o bares y restaurantes, que también han sido golpeados duramente por la crisis económica reciente.
Por otro lado, las grandes empresas con sede en Barcelona y metidas en la actividad, han recibido reducciones en el Impuesto sobre Sociedades, en algunos casos hasta del 50%. Estas reducciones no se han traducido en un aumento proporcional del empleo o en beneficios tangibles para la ciudadanía, sino que han servido principalmente para engrosar los beneficios de corporaciones que ya operan con márgenes de ganancia estratosféricos.
Mientras tanto, los ciudadanos comunes siguen soportando una alta presión fiscal sin ver mejoras en los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o el transporte. Todo lo contrario.
Las políticas fiscales adoptadas por el poder socialista en Barcelona y ahora el de Catalunya, han vuelto a la política del Sheriff de Nottingham, es decir robar a los pobres para dárselo a los ricos. Poco se diferencian ya de la tangana que montaron los del Partido Popular en Valencia y que aún estamos pagando entre todos.
Y todo, con el apoyo entusiasta de Ada Colau y sus comunes, quienes permiten que, además, se paguen de las arcas municipales y autonómicas, hoteles, aviones, presentaciones, actuaciones, fiestas y festejos en los más exclusivos lugares, donde por supuesto el ciudadano queda excluído.
Las exenciones y reducciones fiscales a medida otorgadas a grandes empresas son un claro ejemplo de cómo se priorizan los intereses de unos pocos a costa de la mayoría. Y es que nuestros políticos socialistas catalanes disparan con “pólvora del rey”. Y nunca mejor dicho.