Si hay algo que despierta la alergia y la alerta automática de la derecha liberal, y exacerba el cabreo de los liberales extremos, es oír la conjunción de los términos regulación, intervención y mercado en cualquier tipo de discurso. Sarpullido anclado en la creencia de que elsacrosanto derecho a la propiedad privada es intocable, sin considerar nunca el contexto ni las circunstancias. Principio que se vuelve inmoral cuando se estigmatizan como recortes a la libertad, los contrapesos necesarios para evitar que ese derecho se convierta, como sucede hoy con la vivienda, en generador de desigualdad social por las subidas sin fin de precios para alquilar o comprar una. Subidas que son una deriva sin control de rentas del trabajo a rentas del capital, que generan el aumento sostenido de la riqueza de unos pocos y el empobrecimiento de muchos. El efecto, decenas de miles de personas con trabajo no pueden salir de la precariedad que les asfixia.
Esta es la base del problema de la vivienda que justifica la necesidad de una intervención del mercado, además de políticas continuas de cesión de suelo público para construir viviendas sociales protegidas de la especulación, que pasa por prohibir su venta a fondos especulativos, los famosos fondos buitre, para evitar que el dinero público se convierta, en unos pocos años, en un negocio privado que recalienta el mercado con subidas constantes de los precios. A estas alturas nadie, en su sano juicio, apuesta por la supresión de la propiedad privada, pero eso no significa que no sea necesario poner límites puntuales a situaciones que generan beneficio particular desmedido que no revierte en nada para la sociedad. No se trata de prohibir que las personas con posibles compren viviendas para acumular patrimonio, pero si de limitar el abuso que supone que un derecho aplaste y haga inviable otro de la misma magnitud: el derecho constitucional a una vivienda digna.
Por eso resulta sorprendente, o quizá no, que la razón ideológica se imponga sobre el bien común cuando se impide la aplicación de la Ley que limita las subidas de precios en determinadas zonas, llamadas tensionadas. Barrios de los que se expulsa a las clases populares, por la presión que ejerce el aumento de los pisos turísticos ilegales, la nula creación de vivienda nueva, y el desalojo de sus pisos de los vecinos de edificios completos de vivienda pública vendidos por C. Autónomas y Ayuntamientos a fondos buitre que les lavan la cara y ponen en el mercado a precios más altos.
Si unimos a este mejunje, la falta de interés de esas administraciones por sacar suelo público para la construcción de viviendas sociales, porque requiere de una aportación de dinero público para que sea rentable construir a los constructores. Dinero público que destinan a otros menesteres de menor repercusión para los ciudadanos: algunos inconfesables. De este modo se cierra el círculo que hace imposible el derecho de acceso a una vivienda digna que reconoce la Constitución. Bloqueo del que son responsables todas las administraciones por la imposibilidad para ponerse de acuerdo en un contexto políticamente tan polarizado y, en especial, en un tema tan ideologizado como el de la vivienda, cuya gestión, hay que recordarlo siempre, está transferida a las comunidades autónomas.
Se pueden adoptar otras iniciativas como la emprendida por un grupo de Ayuntamientos de la C. de Madrid, para exigir al Gobierno regional que no les impida aplicar la Ley para poder declarar zonas tensionadas algunos barrios de sus municipios como ya sucede en Cataluña, única comunidad que la aplica, con un positivo descenso de precios. O medidas como exigir, vía impuestos, que los grandes tenedores de vivienda las pongan en el mercado para no recalentar los precios. En este contexto el Gobierno, sin que le tiemble el pulso, debería intervenir puntualmente el mercado de la vivienda, mientras ésta sea un derecho inaccesible para determinadas clases sociales. Y debería hacerlo como garante que es del cumplimiento de los derechos ciudadanos recogidos en la Constitución.