El 41 Congreso Federal del PSOE, igual que los dos anteriores sólo sirvió para una vez más, rendirle docilidad y pleitesía a Pedro Sánchez. De nuevo incumplió su promesa del 39 congreso de reducir el número de miembros de la Ejecutiva Federal que, en aquel entonces era de 38, la mayoría impuestos por Susana Díaz y la incrementó a 49 y en este último la volvió a aumentar nada menos que a 54, creando una especie de politburó soviético.
Continúa incumpliendo su promesa del anterior congreso de que iba a empoderar a la militancia y ha venido haciendo justo lo contrario y ahora ésta, no cuenta para absolutamente nada. En vista de que no se produjo ninguna resolución digna de mención y menos aún de carácter ideológico, tuvo la “extraordinaria idea” de anunciar la creación de una Empresa Pública de la Vivienda y esta, ha sido asumida por Izquierda Unida según declaraciones de su coordinador federal Antonio Maíllo.
En las hipotéticas o utópicas soluciones de Izquierda Unida, ponen ejemplo a seguir a determinados ayuntamientos donde gobiernan. Pero viendo el panorama político del número de comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos que gobierna la derecha en todas estas instituciones y con competencias en la materia, es pura falacia plantear esas soluciones, pues con todo seguridad, la reaccionaria derecha extrema del PP y fascista extrema derecha de Vox no las aceptarían. Es público y notorio que los planteamientos de la derecha con el problema de la vivienda, son meramente económicos y mercantiles, desde la especulación de los terrenos, construcción y venta de las viviendas, en connivencia y complicidad con los empresarios del sector.
Pedro Sánchez ostentosamente anunció la construcción de 600.000 viviendas. Pero eso si hasta el año 2035 y mientras tanto, este muy grave y acuciante problema persistirá. Cuando existen soluciones más ágiles, eficaces y económicas y no tener que recurrir por su complejidad y dificultad a una Empresa Pública de la Vivienda.
Empezando por expropiarle a la Iglesia sus cerca de 20.000 propiedades (de más de 36.000 que dispone), ilegales inmatriculadas, como viviendas, conventos y alojamientos abandonados, aparcamientos, solares, etc.
Lo mismo debe hacerse con la recuperación de las viviendas ofertadas, y compradas por fondos buitres y la de los bancos que, se han apropiado de las viviendas de los legítimos propietarios, debido a que éstos por motivos económicos no poder pagar las hipotecas contraídas, con el agravante de no saldarse la deuda con la devolución en pago y, se ven obligados a seguir pagando el préstamo contraído.
El Sareb o banco malo, fue creado por el ministro del PP Luís de Guindos, para afrontar la crisis bancaria que tuvo un coste de más de 60.000 millones de euros y Mariano Rajoy expresó que serían recuperados por el Estado. Pero esto no ha sido así, pues únicamente la recuperación ha sido de tan sólo 3.500 millones. Los dirigentes del Sareb cobraron 36,5 millones de euros entre 2012-2021.
El banco malo o Sareb, dispone de 46.542 viviendas y de estas, cerca de 30.000 se encuentran desocupadas. Muchas más son las que están deshabitadas en el conjunto del país (más de 4 millones) y el problema habitacional es de 600.000 viviendas. O sea, ya bien motivando a sus propietarios para que las saquen al mercado en régimen de venta o alquiler, pero claro está mediante unos topes máximos, o de lo contrario, existen los cauces disuasorios legales de los impuestos, por mantener sus viviendas desocupadas.
Lo que se debe hacer desde el poder legislativo, son las leyes que le de contenido al artículo 47 de la Constitución, para que efectivamente se haga realidad lo que contempla: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.