Esta cuestión, básica para el mantenimiento del empleo de un sector con más de 100.000 personas ocupadas, no queda garantizada por el convenio de telemarketing, donde los cambios de contrata son muy habituales. El GUE-NGL realizó una oportuna pregunta parlamentaria a este respecto.
Finalmente, el día 18 de enero de 2017, la Comisión Europea ha respondido a dicha pregunta parlamentaria. Su respuesta ha sido que van a ponerse en contacto con las autoridades españolas para exigirles el cumplimiento de la directiva 2001/23/CE. Es un primer paso. Un paso importante.
La subcontratación ha sido el medio preferido que se ha utilizado en España para el desmantelamiento de aquellos empleos que gozaban de mejores condiciones laborales. Empresas intermediarias de mano de obra han acudido a la lonja de la externalización de los procesos productivos. Enfatizo lo de “intermediarias de mano de obra”, porque su función real queda reducida a eso en múltiples ocasiones. Empresas que son ahora las adjudicatarias de servicios básicos: ambulancias, recogida de residuos, teléfono de emergencias sanitarias, teléfono de averías en energéticas como Gas Natural o Iberdrola: casi cualquier empresa o servicio a la ciudadanía que ustedes se lleven a la cabeza tiene detrás una subcontrata. Suelen ser empleos mal pagados con altos índices de precariedad.
Hay sectores, como el de telemarketing, que representan la externalización completa de una actividad que antes fuera principal: la atención al cliente. Sin embargo, cuando se produce un cambio de empresa subcontratada, los trabajadores asociados a la misma se quedan en la calle la mayoría de las veces. No se les garantiza la continuidad en el empleo por culpa de un convenio que presenta serias dudas a la Comisión Europea.
¿Quiénes han sido los beneficiados por este proceso de externalización de servicios? De una parte las empresas matrices, que han abaratado costes al externalizar procesos propios a un menor importe; de otra parte, los grandes beneficiados han sido estas empresas intermediarias de mano de obra. Un maravilloso círculo de amistad en algunos casos. Y así, todos los cambios legislativos que se han venido produciendo durante los últimos años han ido encaminados a legitimar esta manera, supuestamente más competitiva, de proporcionar productos y servicios a una ciudadanía que, por culpa de esa misma precariedad, incluso no puede pagarlos.
Cuando la propia actividad externalizada se realiza en condiciones de trabajo adversas (temporalidad, abuso de jornadas parciales no deseadas, bajos salarios, presión constante) se considera a los trabajadores y trabajadoras como herramientas de uso finito; esto es, personas que tendrán un rendimiento aceptable sólo durante un tiempo limitado de tiempo. Por otra parte, que los trabajadores se lleven consigo sus derechos cuando cambian de empresa supone –para estos intermediarios de mano de obra– un riesgo innecesario. Así, consideran que es preferible beneficiarse de las grandes bolsas de desempleo, de los que están lampando: “Carne para la picadora y negocio sin riesgo”, parece ser su lema. Aprovecharse de la necesidad generalizada, en resumen.
Este modelo empresarial (el del intermediario de mano de obra, el del trabajador kleenex de usar y tirar, y el de sacar el mayor rendimiento posible sin asumir el menor riesgo) es el que ataca en realidad la directiva 2001/23/CE. De ahí su importancia.
Veremos cómo acaba este proceso y si realmente hay una postura firme por parte de la Comisión Europea.
El próximo día 26 de enero, los sindicatos CGT y CIG han convocado huelga de 24 horas en el sector de telemarketing nuevamente. Es una nueva jornada de lucha que se suma a las de mayo, septiembre, octubre y noviembre de 2016.