La inminente dimisión de Carlos Lesmes, presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo, pone al sistema judicial español en el ojo del huracán y degrada todavía más la imagen de la institución.
Tanto es así que la semana que viene está previsto que viaje a España el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, para intentar desbloquear el conflicto. La estanquidad de las negociaciones entre los máximos partidos del Estado para la renovación de la institución han llevado a Lesmes a preparar el camino para su dimisión.
A ello se suma la falta de unidad entre los vocales del Consejo para designar a sus dos miembros para el Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre, algo que Lesmes tildó de “rebeldía de la institución con la ley y con la Constitución”.
¿Qué piden el PP y el PSOE para renovar el Consejo?
El bloqueo del máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados tiene su origen en el anómalo método de elección de sus vocales. Carece de lógica que sea el poder legislativo quien deba escoger a los miembros de gobierno del poder judicial.
El PP no quiere oír hablar de renovación hasta que se produzca un cambio normativo en virtud del cual sean los propios jueces y magistrados quiénes escojan a los vocales del Consejo. Y el PSOE, por su lazo, prioriza la renovación aunque asiente que, una vez producida, se sentará a negociar lo que haga falta.
No son pocos los sectores que han cargado duramente contra el partido de Alberto Núñez Feijóo al considerar que el bloqueo responde únicamente a su voluntad de conservar la mayoría conservadora en las altas instancias del poder judicial, pudiendo así controlar aquellas leyes que la mayoría progresista de las cámaras legislativas saque hacia adelante.
Otros sectores más conservadores contraatacan y recriminan al partido de Pedro Sánchez que desoiga las reiteradas advertencias de la Comisión Europea que piden a España que se amolde a los estándares europeos en el método de elección de sus vocales. La Unión Europea exige que al menos la mitad de sus miembros sean escogidos por sus pares, es decir, por magistrados.
Bloqueo inaudito que puede prolongarse en el tiempo
No obstante lo anterior, la exigencias del PP no son tan sencillas como parecen. El cambio de mecanismo en la elección de los vocales del CGPJ requiere un cambio de Constitución dado que el artículo 122 determina que los miembros del Consejo son escogidos por las Cortes Generales.
De ahí que la Comisión Europea exija ese cambio normativo pero lo posponga al momento en que el máximo órgano gubernativo de jueces y magistrados se haya renovado.
De lo contrario, podríamos llegar a alargar esta situación de bloqueo más allá de dos años vista dado el tiempo necesario para promover un cambio de Constitución, haciendo insostenible el ejercicio de la justicia sobretodo después de que el CGPJ en funciones tenga vetada la posibilidad de realizar nombramientos.
La situación es muy crítica. No existe ningún acercamiento entre los principales partidos del Estado. Carlos Lesmes empieza a dibujar el camino hacia su dimisión. Y, entre tanto, la semana que viene se desplaza a España el comisario de Justicia de la Unión para intentar desbloquear esta insólita situación.
El informe del Gabinete Técnico del CGPJ
Según fuentes cercanas, Carlos Lesmes explicará la semana que viene a la Sala de Gobierno del tribunal y al pleno del CGPJ el mecanismo legal para su sustitución. Lo hará después de recibir el informe que solicitó al Gabinete Técnico del Consejo con la intención de dibujar el camino hacia su dimisión.
El precitado informe establece que la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ debe ejercerse por la misma persona, siendo de “titularidad conjunta e indisociable”. De ahí que se excluya la posibilidad de que el vicepresidente del Tribunal Supremo haga las veces de Presidente del mismo y el vocal de mayor edad del Consejo asuma las funciones de Presidente de éste.
El Gabinete Técnico concluye que la sustitución debe recaer sobre la vicepresidencia del Tribunal Supremo. Pero los problemas no acaban aquí dado que la plaza de vicepresidencia se encuentra vacante desde que, en el año 2019 el magistrado Ángel Juanes, abandonara el cargo al alcanzar la edad de jubilación.
Debe recordarse que, tras la modificación operada por los socios del gobierno de coalición del Estado sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo en funciones tiene vetada la posibilidad de realizar nombramientos. De ahí que la vicepresidencia del Tribunal Supremo se encuentre vacante desde el 2019.
Así pues, será el magistrado Francisco Marín Castán quien, por ser el presidente de Sala más antiguo, deba ocupar el cargo de Carlos Lesmes al mando de la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, función que ocupará mientras dure el bloqueo inaudito del máximo órgano de gobierno.
Entre tanto, los ciudadanos seguimos atónitos ante una guerra política que afecta de lleno al poder judicial. La imagen del sistema judicial español debe preservarse desde las instituciones y, permítanme que se lo diga, actualmente deja mucho que desear.