El caso de Eugen Sabau, conocido como “el pistolero de Tarragona”, está a punto de llegar a su fin. El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo de las víctimas que solicitaban la suspensión de la eutanasia.
El investigado por el Juzgado de Instrucción nº5 de Tarragona por presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y atentado a agentes de la autoridad, recibirá la ayuda para morir el próximo 23 de agosto como consecuencia de los padecimientos irreversibles que las lesiones provocadas por las armas reglamentarias de los Mossos le provocaron durante su detención.
El pistolero de Tarragona recibe el aval unánime de la justicia
Las acusaciones particulares ejercidas por las víctimas no han escatimado ningún recurso. Han intentado que se suspendiera el procedimiento de concesión de la eutanasia al investigado por todas las vías pero la justicia no ha avalado su pretensión.
En primer lugar, el Juzgado de Instrucción nº5 de Tarragona entendió que carecía de competencia para decidir sobre el particular interesado por las víctimas y que el derecho a la eutanasia, por su intrínseca relación con el derecho a la vida, merecía mayor protección que el derecho a la tutela judicial efectiva.
Frente a aquella resolución se alzaron las acusaciones ante la Audiencia Provincial de aquel partido judicial, a la que solicitaron la revocación del Auto al entender que conculcaba el derecho de las víctimas a un juicio justo.
Sin embargo, la Sala desestimo el recurso de apelación al entender que el pronunciamiento del Juzgado de Instrucción era acorde a derecho, agotando así todas las vías ordinarias de recurso.
Aquí no acabó la guerra de las acusaciones. Éstas se alzaron frente al Tribunal Constitucional por medio de un recurso de amparo – mecanismo extraordinario por medio del que se vehiculan las denuncias de violaciones de derechos fundamentales -. Pero de nuevo el máximo intérprete constitucional inadmitió de facto las pretensiones de las víctimas.
Un peligroso precedenteasentado por la justicia
Dada la recentísima entrada en vigor de la ley de la eutanasia – hace algo más de un año – no existía hasta la fecha ningún pronunciamiento judicial sobre este particular.
La colisión de dos derechos fundamentales (la eutanasia y la tutela judicial) obligaba a los tribunales a efectuar un juicio de ponderación y determinar cuál merecía mayor garantismo y protección. Y venció el primero.
No puedo compartir el criterio alcanzado por los Juzgados y Tribunales. No puedo hacerlo porque puede suponer el subterfugio a través del cual ciertos sujetos utilicen sus enfermedades o patologías para eludir sus responsabilidades criminales, menguando el fin preventivo del derecho penal.
Dicho de otro modo, puede suponer un incremento de delincuencia en sectores de población con patologías terminales, ello dada la convicción de que la eutanasia les protegerá frente a las posibles imputaciones que se deriven de sus actos.
Y ello, queridos lectores, es un peligroso precedente que – lamentablemente y a mi entender – ha asentado nuestra jurisprudencia en los últimos días. Primero por medio del Auto del Juzgado de Instrucción, ratificado por la Audiencia y aseverado por el máximo intérprete de la Constitución.
El derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas
Como decía en anteriores artículos – cuando saltara la noticia a la opinión pública – la muerte del investigado obliga al archivo de la causa penal. Dicho en términos jurídicos, la muerte es causa de exclusión de la responsabilidad criminal.
Así, cuando el pistolero de Tarragona reciba la ayuda para morir el próximo 23 de agosto, las diligencias de investigación abiertas contra éste deberán ser archivadas de facto.
Las víctimas solo podrán ejercitar la acción civil de indemnización de daños y perjuicios, bien contra la herencia yacente del pistolero bien contra sus herederos legales. No obstante, las vías para el resarcimiento de los daños se complican. Y lo peor de todo, lo hacen con el aval de la justicia.