Los fiscales del tribunal Supremo acuerdan, por una gran mayoría, solicitar imputar a Puigdemont por terrorismo Le tienen tantas ganas que mienten, tergiversan y manipulan la verdad... En el Estado español parece que no exista la imparcialidad judicial. Es la dictadura de los jueces y fiscales la que parece tomar determinadas decisiones. Se molestan si son criticados por supuesta falta de imparcialidad, ahora bien, ellos no solo se permiten hacerlo si no que lo realizan, incluso, en charlas y conferenciad públicas.
Vean el siguiente análisis del periodista de La Vanguardia, Enric Juliana, sobre cómo y en qué momento el juez García Castellón considera Puigdemont como terrorista y, descantando las manifestaciones en el aeropuerto del Prat, como unos desórdenes públicos.
El TEDH, el TJUE y los organismos de defensa de los derechos y libertades tendrán mucho más trabajo añadido en contra de España. De todas maneras, también pienso que, en parte, nos hacen un favor: todavía demostramos más claramente que el hecho de rechazar Junts esta amnistía, tal como la quiere mantener el PSOE, nos da la razón. La intencionalidad total y las ganas que tiene el poder judicial español para acusar y juzgar Puigdemont por terrorista y el resto de imputados se manifiesta, pero la persecución, que desean en verdad, va dirigida contra él.
Pedro Sánchez dijo que "todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas", pero si la ley establece una excepción, es una manera de decir que quizás algunos sí lo eran, y pone en bandeja a los jueces el margen de acusación. El PSOE se ha empeñado en fijar esas excepciones que no venían a cuento argumentando que ayudarían a superar las cuestiones prejudiciales que, previsiblemente, presentaran los jueces españoles ante la justicia europea.
Desde el inicio del Procés, los diferentes gobiernos de la Generalitat, Diplocat, Òmnium, ANC y asociaciones diversas y personas por su cuenta, hicieron campaña antes y después del referéndum. Reclamaron a Naciones Unidas y otros organismos internacionales, organizaron en todo el mundo debates, conferencias de prensa, entrevistas en medios. ¿Se puede acusar de traición a quien le dé la gana al juez? Así se comprende la insistencia de Junts para suprimir de la ley esas excepciones, que, por cierto, también ERC defendió suprimirlas y no se entiende el motivo por el cual, personalmente, no comprendo que haya desistido.
En el momento de escribir estas líneas estamos pendientes de la decisión final para saber si finalmente Puigdemont será considerado o no un terrorista. Ignoro, en verdad, cómo funciona la fiscalía, pero quien si lo sabe de sobra es el juez emérito, Martín Pallín, de quien les invito a ver y analizar su muy acertada opinión.
¿Qué piensan ustedes estimados lectores? ¿No queda clara la definición de terrorismo? ¿Por qué García Castellón se obstina en que así sea? ¿Quiere obstaculizar la ley de amnistía y cargarse al gobierno de coalición? Sigo con mi opinión de que una parte de la derecha española, en general, quiere que el conflicto siga vigente i si, además, va a perjudicar al gobierno va a proseguir con toda su fuerza. Desgraciadamente es lo que parece.