Estoy harto de oír a representantes del Ayuntamiento de Madrid dar unas cifras de afectados por las restricciones de movilidad que no son reales, en lugar de hablar de cómo van a anularlas y proceder con la devolución de las multas.
Ante la confusión, me gustaría dejar muy claros dos puntos:
- 1.- el pasado 17 de septiembre las restricciones de la actual ordenanza de movilidad sostenible fueron anuladas por la sala de lo contencioso-administrativo sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencias 405 (VOX) y 410 (AVARM)
- 2.- los representantes del Ayuntamiento comunican datos falsos del número de afectados.
1.- Las restricciones de movilidad de la ordenanza municipal de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de lo cual se hicieron eco casi todos los medios de comunicación y cuyos detalles ya comenté en otro artículo: “…Contra la sentencia insulto a la compresión lectora…”
Adjunto a continuación una imagen de una de las dos sentencias para que puedan entenderse algunas de las razones por las que se anulan las ZBE:
Por si no se lee correctamente, transcribo a continuación lo más significativo del rapapolvo judicial que se lleva el consistorio:
“de que el mismo se produzca mediante una “transición justa”, que tenga en cuenta las consecuencias en el terreno de la economía, de la movilidad y de la vida familiar y necesidades de importantes sectores de la población, singularmente los de menos capacidad económica, que son los más vulnerables frente a las medidas restrictivas; y en la actividad de las empresas, singularmente en las más pequeñas de las que operan en el mercado, y en los autónomos.”
Esta sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Madrid ante el Tribunal Supremo (TS), pues está en su perfecto derecho de hacerlo. Ahora bien, como el Ayuntamiento sabrá y habrá podido leer en la sentencia, todos los precedentes juegan en su contra. De hecho, algunas ciudades de Barcelona ya han pasado por el mismo procedimiento y, como pueden ver en la imagen de la sentencia, se citan resoluciones del TS como precedente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló restricciones similares, los diferentes Ayuntamientos y la Generalitat de Cataluña decidieron recurrir ante el Tribunal Supremo y este los desestimó. Teniendo en cuenta este hecho y que los argumentos son prácticamente los mismos, cabría la posibilidad de que el Tribunal Supremo ni siquiera admitiera a trámite el recurso del Ayuntamiento de Madrid y entonces la sentencia pasaría a ser firme. Sin embargo, aun así, el consistorio madrileño ha decidido recurrir pues es un negocio redondo ya que se esquilman dos veces los bolsillos de los ciudadanos. Por un lado, se paga con el dinero de los contribuyentes a los abogados y las costas del recurso del consistorio con el único objetivo de ganar tiempo y por otro se pueden seguir engordando las arcas del Ayuntamiento a base de multas mientras la sentencia no sea firme.
Lo que venimos pidiendo los afectados es que el Ayuntamiento de Madrid deje de perder el tiempo y de dilapidar nuestro dinero, que acate la sentencia (el grupo municipal Vox así lo ha solicitado recientemente al TSJM), que anule las restricciones y que nos deje vivir en paz.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no solo no tiene en cuenta las razones por las que se han invalidado las restricciones, sino que pretende justificarlas ante la opinión pública ofreciendo unas cifras de vehículos afectados que distan mucho de la realidad y que, incluso, contradicen sus propios datos oficiales.
2.- Algunos miembros relevantes del Ayuntamiento de Madrid ofrecen datos de afectados para la siguiente fase de restricciones que son incorrectos: hablan de 15 000 vehículos en lugar de 375 000.
Aunque para los tribunales las razones por las que se anulan las restricciones son independientes del número de vehículos afectados, desconozco por qué razón estas cifras, que son públicas y tanto la DGT como el propio Ayuntamiento las conoce y publica, son tergiversadas una y otra vez por parte de miembros relevantes del consistorio.
Lean lo que pone en boca del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad este artículo de La Gaceta de Madrid . Se menciona que el número de vehículos que se verían afectados por las restricciones de movilidad a partir del 1 de enero de 2025 en caso de no aplicarse sentencia es de 15 000.
Según la condenada ordenanza de movilidad, los afectados serían todos aquellos vehículos que no tienen etiqueta medioambiental y sus propietarios son residentes en el municipio de Madrid. Estaríamos hablando de unos 375 000, es decir, el 20,6 % del total del Parque Móvil Municipal tal y como se puede ver en el siguiente gráfico cuya fuente es el mismísimo Ayuntamiento de Madrid.
En AVARM hemos hecho el mismo análisis que puede hacer cualquier ciudadano, incluido el edil que menciona La Gaceta o cualquier miembro de su gabinete. Hemos ido a la información que la propia Agencia Tributaria de Madrid pone a disposición de todos los ciudadanos en el "Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid" , hemos descargado fácilmente un fichero Excel con los datos del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 2024 y, con un poco de trabajo e interés, incluso hemos averiguado su distribución por distritos:
¿Quiere decir esto que el departamento de Urbanismo, Movilidad y Medioambiente no está alineado con la Agencia Tributaria de Madrid que es quién conoce muy bien a cuántos propietarios de vehículos les va a cobrar este impuesto a partir del 1 de enero, aunque no puedan circular? Seguro que los lectores se estarán preguntado si van a cobrar este impuesto, aunque no se pueda mover el vehículo en los 604 km2 del municipio de Madrid y la respuesta, evidentemente, es que sí pues el impuesto grava la titularidad y no el uso. De ahí que en su día se le cambiara el nombre al impuesto de circulación por el actual de impuesto de vehículos de tracción mecánica.
«En política, nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro de que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera.» ― Franklin D. Roosevelt
Dado que a mí me gustan las referencias contrastables, me viene muy bien la sesión colgada en YouTube de la comisión permanente ordinaria del pleno de economía, innovación y hacienda del martes 22 de octubre del 2024 a la que la incombustible portavoz del Grupo Vox, Arantxa Cabello, llevó la siguiente cuestión: de seguir efectivas las restricciones de la ordenanza municipal el 1 de enero de 2025 ¿cuántos vehículos no podrían circular y cómo afectaría al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica? (insisto pinchen en el enlace y escuchen su intervención a partir del minuto 37).
Podrán oír la contestación de la directora O.A. de la Agencia Tributaria de Madrid, Gema Teresa Pérez Ramón, que en una primera respuesta omite hacer alusión a esa pregunta alegando ¡que ya lo hizo en diciembre de 2023 (ha pasado casi un año)! Es necesaria la insistencia de la paciente y tenaz Arantxa Cabello para que la señora Pérez Ramón responda que “los datos son públicos, están en el registro de transparencia, son todos aquellos vehículos dados de alta en el registro de la DGT y, según el Área de Medioambiente, son el 1,5 % de los vehículos que circulan diariamente por la ciudad de Madrid, es decir, unos 15 000 vehículos aproximadamente”.
Tenemos otra vez la cifra de los 15 000. Y yo me pregunto, ¿cómo que según el Área de Medioambiente y los que circulan diariamente? ¿Es que la directora de la Agencia Tributaria de Madrid no está al tanto de las cifras que este mismo departamento publica?
Efectivamente, como indicó la directora, en Madrid hay más de 1 800 000 vehículos en total. Sin embargo, al parecer desconoce que, según los datos publicados por el departamento que dirige, el porcentaje de vehículos afectados por las restricciones es de un 20,6 %, es decir, aproximadamente 375 000 vehículos y que ese porcentaje supone un 30,6 % de los ingresos del IVTM.
Recuerden, estimados lectores, que el número de vehículos implicados a efectos de cumplimiento de la sentencia no es relevante.
Pero ¿por qué tiene tanto interés el Ayuntamiento de Madrid en decir que son muchos menos vehículos de los que son en realidad? Además, suponiendo que las restricciones fueran realmente para mejorar la contaminación, me pregunto cómo mejoraría la calidad del aire al aplicar la siguiente fase si afectara tan solo a 15 000 vehículos de un total de 1 800 000. ¿Por qué nos quieren hacer creer que mejoraría significativamente la salud de los madrileños impidiendo circular a este tergiversado 0,83 % del parque móvil madrileño? ¿No será que están insultando a la inteligencia de los madrileños?
Me llama muchísimo la atención que solamente el Grupo Parlamentario Vox en el Ayuntamiento de Madrid levante la voz por este asunto y me da verdadera vergüenza que el resto de grupos políticos mire impasible, sin hacer nada efectivo para recordarle continuamente al Grupo Popular que ha perdido un juicio (y lo mismo también el juicio). Debe acatar la sentencia y retirar la ordenanza.
Me parece lamentable que al resto de representantes de los madrileños en el Ayuntamiento no les importe la degradación del bienestar, de la economía y de la conciliación de la vida laboral y familiar de los 375 000 propietarios y sus familias que podrían verse afectados desde el 1 de enero del próximo año y que se añadirían a muchísimos más propietarios y familias de fuera del municipio de Madrid que ya están siendo multados desde el 1 de julio, e incluso desde antes con las restricciones de la zona SER. Me parece indignante, pero tengo que decir que, desgraciadamente, no me sorprende en absoluto.
No sé si el resto de los grupos parlamentarios, para sacar renta política, estará siguiendo una de las premisas de Napoleón: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”. Si esto fuera así, la palabra escándalo se quedaría corta. Igual resulta que no son enemigos, sino compañeros de intereses y, al igual que el Grupo Popular, están de acuerdo en obviar las sentencias frente a los ingresos. No lo sé, pero llegará el día en el que nos enteraremos.
En definitiva, y volviendo al Sr. Martínez-Almeida y su equipo, cuidado con los cambios de “opinión” y con las cifras de desinformación que van dando por ahí el señor alcalde, la vicealcaldesa, el señor delegado o la señora directora de la hacienda local. Como ejemplo de estos cambios de criterio, recordamos unas declaraciones de la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, recogidas en un artículo de Libertad Digital de noviembre de 2018:
“Madrid Central es un proyecto autoritario, que cierra una superficie de 472 hectáreas y que viene a culminar tres años de políticas de movilidad que han logrado estrangular la circulación en puntos clave y volver a la situación de atascos de los años 80”. “Hay que tomar ya medidas eficaces, dar soluciones y alternativas realistas a los ciudadanos y no prohibiciones continuas” “Medidas, en definitiva, que incentiven y den opciones a los ciudadanos, que es exactamente lo que no se ha hecho en estos tres años de Gobierno de Carmena en Madrid. Y no prohibiciones autoritarias que solo contribuyen a empeorar la calidad de vida de los madrileños”.
¿Volvemos otra vez al insulto a la comprensión lectora de los madrileños?
Una cosa es mentir en campaña electoral o, como ahora se dice, “cambiar de opinión”, y otra muy diferente es mentir de forma deliberada, premeditada y con plena consciencia ante un tribunal, proporcionando datos que no son ciertos. Pero esto lo mismo no solo ya lo saben, sino que igual han echado cuentas y han visto que les puede salir rentable utilizar su presunción de veracidad ante los jueces, aunque tenga consecuencias.
Sepan que nosotros respetamos a los jueces y confiamos en una JUSTICIA que sería deseable que se pronunciara antes del próximo 1 de enero.