Un nuevo sindicalista argentino detenido, esta vez en Uruguay, y una vez más se corre el telón que ocultaba su estilo de vida, sus propiedades, sus lujos. En esta oportunidad fue el caso de Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), a quien le hallaron consigo en el momento de su detención armas, vehículos de alta gama y USD 500 mil en efectivo, sin contar que fue encontrado en una mansión de lujo en el balneario uruguayo de Piriápolis.Tiempo atrás fue el caso de Juan Pablo ‘el Pata’ Medina, titular de la seccional La Plata de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quien también demostró, al momento de ser detenido, tener un nivel de vida que no se ajusta a los ingresos que tiene por sus actividades declaradas. Y más atrás aún, fue el turno de Omar ‘Caballo’ Suárez, titular del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (SOMU), porque la justicia lo consideró ‘jefe’ de una asociación ilícita que extorsionó a empresas navieras y que también malversó fondos de su sindicato.En ninguno de estos casos la sociedad parece sorprenderse por la realidad que se expone, es como si fuera algo normal tener una vida de lujos y excesos cuando se ocupan determinados puestos de dirección en el sindicalismo argentino. Lejos quedaron los tiempos de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y la Unión General de Trabajadores (UGT), o más cercana en el tiempo la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGT de los Argentinos) de Ongaro y Tosco.Hoy ya no es un orgullo el ser elegido por sus compañeros de trabajo para ejercer como delegado de ellos y transmisor de sus reclamos y sus reivindicaciones, para muchos jefes sindicales el ejercer este rol se transformó en un fin en sí mismo porque esto les garantiza el ejercicio del poder y el participar de actividades ilegales que garantizan un nivel de vida por encima de sus posibilidades.Al igual que para muchos políticos que llevan años y años en una ‘calesita’ constante en la cual un puesto sucede a otro y mostrando una capacidad inaudita ocupar diversos puestos en el Estado, muchos de estos sindicalistas ocupan, además, sus lugares desde hace muchísimos años.Y ante esta realidad la sociedad reacciona como adormecida, pareciera decir, como decía Inodoro Pereyra, que ‘está mal, pero acostumbrau’, y no se genera un repudio generalizado a este tipo de accionar.Lo cotidiano y repetido no tiene que dejar de hacernos ver que este tipo de accionar está mal. Que no son sindicalistas sino delincuentes que ocupan espacios en el sindicalismo argentino, que ensucian una actividad fundamental para los trabajadores y que sin la cual muchos de los derechos laborales no serían respetados, pero eso no se consigue con la extorsión, y que tras un período al frente del sindicato se debe volver a la labor previa, sin haberse enriquecido por el puesto ocupado.Se menciona que está en debate la firma de un decreto para prevé la modificación del decreto 576/93, que reglamentó la ley 23.660 y establece los requisitos que deben cumplir quienes dirigen y administran las obras sociales. Apunta, específicamente, al inciso D del artículo 13, que incluye como obligación la presentación de la declaración jurada, ‘en sobre cerrado y firmado’, ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En la actualidad, esas DDJJ están disponibles pero sólo se abren ante un pedido puntual de la Justicia.Dado que en general quienes están al frente de las Obras Sociales son los propios líderes sindicales, esta propuesta garantizaría ‘una declaración jurada patrimonial integral, conforme los términos y oportunidades establecidos en la Ley 25.188 (de Ética en Ejercicio de la Función Pública) y sus modificatorias, garantizando el carácter público, la libre accesibilidad y la consulta por toda persona interesada en forma gratuita a través de internet’. Es decir, al alcance de cualquier ciudadano.Si así fuera, será el momento de volver a creer en el sindicalismo como una herramienta de representación real de los trabajadores, democrático y al servicio de sus afiliados y no al beneficio de sus dirigentes.
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