El 20 de mayo de 2021 se publicó en el BOE la ley de Cambio Climático y Transición Energética del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En el “TÍTULO IV. Movilidad sin emisiones y transporte. Artículo 14. Promoción de movilidad sin emisiones” se obligaba a las ciudades más grandes a crear una Zona de Bajas Emisiones, según la ley, para proteger la salud de los ciudadanos.
1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2, de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A estos efectos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fijará para el año 2030 objetivos de penetración de vehículos matriculados con nulas o bajas emisiones directas de CO2, según sus diferentes categorías. 2. En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050 se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i. 3. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos: a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023. b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes intraurbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas. c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo medidas de integración multimodal. d) Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano. e) Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga. f) Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida. g) Medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al trabajo sostenibles. h) El establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuando sea necesario de conformidad con la normativa en materia de calidad del aire. i) Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de bajas emisiones municipales. Lo dispuesto en este apartado será aplicable a los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
Pues bien, invito tanto al Ministerio como a los Ayuntamientos de las grandes ciudades a que bajen de la nube de la teoría en la que están instalados, salgan a la calle, revisen el resultado de su obra cuatro años después y vean las barbaridades que están cometiendo. Quiero pensar que no se están dando cuenta.
Sobre la huella de carbono, creo haber desmontado ya este mantra en el artículo al que hace referencia el enlace.
Me atrevo a decir que, en muchas de las ZBE, los perjuicios que se pretenden causar o ya se están causando a los ciudadanos y comerciantes no pueden, ni deben, pasar desapercibidos.
¿Saben cuál está siendo el resultado en muchas ZBE? Pues se lo digo yo: las restricciones a la movilidad de los vehículos más antiguos, la ruina de los talleres mecánicos, de los modestos y no tan modestos comercios del centro de las ciudades, las dificultades para los comerciantes ambulantes y los que trabajan en mercadillos, el empobrecimiento de sus proveedores y el despoblamiento del centro de la ciudad. Al final, los cascos históricos tienden a convertirse en centros turísticos llenos de pisos de alquiler vacacional, restaurantes y locales de ocio para siempre.
Vista mi conclusión, volvamos al tema de la movilidad.
A los creadores de las ZBE, que optan por las restricciones de los vehículos de mayor antigüedad, les da lo mismo si emiten más o menos gases nocivos que los nuevos, eso les da igual.
Da igual si emiten menos partículas PM2,5 y PM10 que la mayoría de los nuevos, da igual. (Este punto es muy serio pues estas partículas provocan enfermedades respiratorias y cardiacas)
Da igual si los valores de las estaciones de medición de los niveles de contaminación dicen que no es necesaria ningún tipo de restricción, da igual.
Da igual si no se cumple la ley del cambio climático en los apartados de: transportes públicos alternativos eficaces, aparcamientos disuasorios a la entrada de las ciudades o despliegue de tomas de carga eléctricas por la zona. Todo eso da igual.
Da igual si el índice de solvencia de los ciudadanos, según reciente estudio de la OCU, desde el 2018 no llega al 50 %. Esto es, si un gran porcentaje de españoles tiene serios problemas para llegar a fin de mes ¿cómo podrían permitirse el lujo de cambiar de vehículo? Este dato también les da igual.
Los criterios de la mayoría de las ZBE para impedir la circulación de los llamados vehículos «contaminantes» se basan en la clasificación de las etiquetas de la DGT, es decir, según la antigüedad de los vehículos. Se considera que los vehículos más antiguos emiten más gases nocivos del motor que los nuevos y esto, en muchos casos, no es correcto, como se explica muy bien en otro artículo de mi autoría.
Los coches que más se venden desde hace tiempo son cada vez más grandes y de mayor peso (SUV y eléctricos). Además, las previsiones dicen que sus ventas se incrementarán en detrimento de los utilitarios. Pues bien, aquí entra otro tipo de emisión de partículas contaminantes que no son las que emite el motor y que no son contempladas por la clasificación de la DGT. Me estoy refiriendo a las partículas generadas al frenar y circular que provienen de la superficie de las ruedas, los sistemas de frenado y la carretera (PM2,5 y PM10) y, lógicamente, cuánto más pesa el vehículo mayor es la cantidad de partículas que emite. Estas partículas, según autoridades médicas fácilmente consultables en internet, causarían o agravarían problemas cardiacos y respiratorios y no están siendo tenidas en cuenta.
De hecho, en París desde el mes de febrero, tras un referéndum ciudadano, este tipo de vehículos paga una tarifa de aparcamiento tres veces superior a la del resto por tres razones: contaminan más, ocupan más y, según las compañías de seguros, los accidentes tienen resultados mucho más graves.
¡¡Y en el centro de Madrid los coches eléctricos ni siquiera pagan en la zona SER!! Sin comentarios.
¿Cuál sería, según lo expuesto, la situación real?
1.- En los centros de las ciudades los residentes y visitantes pueden estar «consumiendo» o van a «consumir» más partículas contaminantes que nunca.
2.- Muchos ciudadanos que necesitan acceder al centro o residentes con coches antiguos se han visto inducidos a cambiar un coche que funcionaba perfectamente, para evitar posibles restricciones. Aquellos que han podido y así lo han considerado, se han dejado una parte importante de sus ahorros o se han empeñado desconociendo que, no tardando mucho, les comunicarán que sus coches nuevos también van a tener restricciones.
3.- Salud mental. Aquí ya me meto en el lamentable ejemplo de Madrid donde, a día y hora de hoy, tenemos las siguientes restricciones:
- Desde el 1 de enero de este año son susceptibles de ser multados todos los vehículos sin etiqueta que no paguen el impuesto IVTM en la ciudad de Madrid, si pasan por cualquiera de los 604 km2 que comprende.
- Desde el 1 de enero de 2025 no podrá circular ningún vehículo sin etiqueta medioambiental, incluso si su propietario reside y paga el ITVM en la ciudad de Madrid. Si pasan por cualquiera de los 604 km2 que comprende el municipio serán multados. No estamos hablando del casco histórico ni de la zona centro. No, hablamos de TODO EL MUNICIPIO: 604 km2
Llegados a este punto ¿cómo piensan ustedes que nos sentimos aquellos residentes que no podremos mover nuestro coche, que funciona perfectamente y que pasa su ITV cada año?
¿Cómo piensan ustedes que se siente ese jubilado, sin medios ni interés ninguno por cambiar su coche de toda la vida? Ese vehículo que apenas hace 1000 o 2000 kilómetros al año para ir al pueblo, hacer la compra, ir a ver a sus hijos o recoger a los nietos del colegio
¿Cómo piensan ustedes que se sienten esos jóvenes que, con los sueldos que les pagan, habrían adquirido un vehículo de segunda o tercera mano para poder conciliar vida laboral o familiar y ahora, en vez de tardar 20 minutos en acceder a su puesto de trabajo, probablemente en un polígono industrial o de empresas del municipio de Madrid, van a tener que emplear tres veces más en transporte público?
¿Y esas familias numerosas, incluso con vehículos de 7 plazas que no son precisamente baratos, que ni quieren ni pueden cambiarlo? ¿Cómo van a hacer para trasladar a sus hijos de un sitio a otro en un tiempo razonable?
¿Y ese paciente de fuera de Madrid, o de dentro, que tiene que acceder a un hospital madrileño para tratamiento específico habitual o pruebas diagnósticas, que no tiene un transporte público razonable para no perder una tarde o una mañana entera o que, por problemas de movilidad o salud, no puede utilizar el transporte público colectivo? ¿Va a tener que llamar a una ambulancia para realizar esos tratamientos? Y si es así, ¿se ha pensado en contratar más personal sanitario para esos traslados o invertir en más ambulancias?
¿Han preguntado al colegio de Psicólogos de Madrid cual ha sido el incremento de pacientes por motivos de salud mental a consecuencia de los problemas que acabo de mencionar? ¿han pensado también contratar más profesionales de este sector?
Recapitulemos. Se crea una ley con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos y resulta que se consigue justo el efecto contrario.
Señores y señoras del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del Gobierno, de las Comunidades y de los Ayuntamientos ¿era ésta la idea que tenían?
Les insto a que revisen de manera urgente las ordenanzas para resolver estos gravísimos problemas que van a acabar afectando a más de un millón de ciudadanos.
Les invito a que analicen la situación, a que comprueben que no se está cumpliendo el objetivo de mejorar la salud de los ciudadanos, sino que, por el contrario, se dan las condiciones para que empeore tanto la salud física como la mental. Están impidiendo de manera drástica una movilidad que tiene efectos adversos no sólo en los ciudadanos directamente afectados, sino también en el sector del comercio y de la economía en general. Nos estamos pegando un tiro en el pie.
Solicito que propongan soluciones lógicas, que no perjudiquen a sus ciudadanos, que no empeoren nuestra salud física ni nuestra salud mental.
Y si no son ustedes capaces, por favor, dimitan. Eso sí, antes den marcha atrás a esas leyes y ordenanzas tan perjudiciales y, simplemente, déjennos vivir en paz.