Las mutualidades son una de las herencias de la dictadura que ha logrado adecuarse mejor a gobiernos y gestores mostrándose intocables, durante décadas. Las élites de la Administración Civil (MUFACE[1]), de la Judicatura (MUGEJU[2]) y del Ejército y la policía (ISFAS[3]) han influido para que el colectivo mutualista no se incluyera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en contra del mandato de la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 que proponía la universalidad de la asistencia sanitaria. Hasta ahora, los y las funcionarias han podido acceder la sanidad privada sin ninguna limitación, eso sí pagando toda la ciudadanía la factura generada.
Muface se creó y ha pervivido como un esquema de trato de privilegio a cuerpos de funcionarios a los que hay contentar para que el engranaje administrativo funcione eficazmente, y que los sindicatos mayoritarios del sector han defendido históricamente exigiendo su mantenimiento. Un modelo con una inexistente atención primaria y el acceso directo, a la carta, al especialista que se desee, algo que no ha demostrado, ni que mejore los niveles de salud, ni que reduzca el gasto sanitario, sino que más bien ha sido una losa para el sistema público, debido tanto a la selección de riesgos que aplica[4] -eludiendo los pacientes complejos y los procesos costosos-, como a su inexistencia en zonas periurbanas o rurales, en las que los funcionarios son obligatoriamente atendidos por la pública, todo para garantizar su negocio.
En todos estos años distintos gobiernos alternantes han asumido en sus presupuestos elevadas partidas, para cubrir los gastos de un sistema aberrante de acceso a la atención sanitaria, por parte de un sector de trabajadores de la administración, sin ningún tipo de control y favoreciendo el negocio de la sanidad privada que en 2023 ganó 10.500 millones. Un sistema del que el Gobierno reconoce desconocer el coste por asegurado[5], posiblemente porque desde 1975 no han tenido tiempo para calcularlo. Mientras, la Sanidad Pública iba descapitalizándose y se cerraban miles de camas públicas con las políticas privatizadoras, los hospitales privados crecían como setas y el mercado de las grandes mutuas sanitarias iba creciendo, ya que contaba con la garantía de la inyección de dinero público vía Muface.
Parece que al Gobierno “más progresista de la historia” las empresas de la sanidad privada se le han amotinado básicamente, exigiendo un aumento de la aportación del dinero público que cobran por atender a los y las funcionarias. Mientras que el Gobierno ofrecía un aumento del 17% en la prima que paga a Adeslas, Asisa y DKV con una aportación 2.681 millones de euros, las aseguradoras lo rechazaban, demandando como mínimo una subida del 38% y finalmente decidieron no acudir a la licitación. Licitación a la que algunas de ellas si han acudido para el bocado de Mugeju e Isfas. Es curioso este sobreesfuerzo financiero por parte del gobierno con la privada, que no se aplica con igual rigor para los centros de gestión directa.
Ante el órdago de las Mutuas, hermanitas de la caridad que llevan, según ellas, años sufriendo pérdidas, el Ministerio de Sanidad ha emitido un informe en el que amaga con el desmantelamiento de este modelo. Da la sensación de que en el fondo de la cuestión no esté la equidad y la universalidad como cuestiones imprescindibles para el Sistema Público de Salud sino una especie de” tour de force” entre la ministra Mónica y las Mutuas, que habrá que observar cómo termina. Sobre todo, porque no está clara la unanimidad del Gobierno, ya que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reputada gestora sanitaria, a la que se debe la introducción de mecanismos perversos como la gestión clínica en su etapa andaluza, defiende que “Muface es una piedra angular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", y que "Muface y el resto de mutualidades de funcionarios (Isfas y Mugeju) forman parte de la estrategia para fortalecer al Sistema Nacional de Salud (SNS)”[6]
De cualquier modo, habrá que estar atentos a la conclusión de la iniciativa de la ministra, porque ya hemos visto lo que ha ocurrido con otras leyes que se anunciaron iban a modificarse recién iniciada la legislatura y siguen aparcadas, sin ni siquiera debate público (Ley Mordaza, reforma laboral…). De cualquier forma, y en el caso de que se ejecute la hipotética integración de los beneficiarios de Muface, mientras no se taponen las vías de agua del SNS, es decir, se mantengan vigentes las leyes que permiten el trasvase del dinero de nuestros impuestos a la sanidad privada, el dinero seguirá fluyendo hacia los bolsillos de sus accionistas, ya sea mediante las derivaciones desde las desbordadas listas de espera, o a través del resto de mecanismos “sanguijuela”.
Es cierto que el sistema sanitario público precisa reformas profundas a muchos niveles y es imprescindible partir de principios como la Equidad y la Universalidad, de manera que la asistencia sanitaria no dependa del status laboral o social sino de las necesidades de salud, pero la posible integración de Muface no resuelve esa papeleta.
Mati Iturralde, Manel de los Riscos, Jesús de Haro, Antonio Gómez (ex trabajadores de la sanidad pública del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Madrid)
[1]https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1975-13887
[2]https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-14530
[3]https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-13886
[4] Desentrañando la selección de riesgos en las mutualidades de funcionarios de las administraciones públicas españolas: evidencia de las hospitalizaciones por cáncer en la red sanitaria pública.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10198-024-01671-5
[5]https://cadenaser.com/nacional/2024/11/20/el-gobierno-pide-a-las-aseguradoras-que-cuantifiquen-el-coste-del-servicio-sanitario-de-muface-antes-de-volver-a-licitar-el-servicio-cadena-ser/
[6]https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-gobierno-respalda-muface-con-la-sostenibilidad-como-eje-vertebrador-2152