El sábado 21 de Enero cientos de personas se manifestaron en Madrid, coincidiendo con otras 20 ciudades europeas, para exigir a los diputados europeos que no aprueben con sus votos el Acuerdo Comprehensivo Económico y de Comercio (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement).
Convocados por la sociedad civil, los sindicatos, organizaciones de agricultores y activistas de organizaciones sociales, culturales y políticas bajo el lema “Las personas y el planeta no somos mercancías” se ha denunciado el intento de las grandes corporaciones por aprobar una serie de acuerdos comerciales para apuntalar su poder y crear mecanismos anti democráticos que coarten los derechos de los ciudadanos.
El parlamento europeo tiene que votar el CETA el próximo mes de febrero para después ser ratificado por los parlamentos nacionales de los 28 estados miembros, pero se podrá poner en práctica antes de su ratificación.
Por desgracia para los países con cierto grado de estado de bienestar, las crisis económicas que hemos sufrido los europeos y en mayor grado los griegos, españoles, portugueses e italianos han supuesto la destrucción de muchos de los derechos adquiridos con las protestas de los sindicatos y trabajadores durante décadas de manifestaciones y huelgas sectoriales o generales.
En España no han logrado destruir a los sindicatos. A pesar de los ataques y de las denuncias falsas, de la manipulación informativa, de campañas orquestadas desde posturas de la derecha rancia, de campañas como las del 2012 y 2013, los sindicatos españoles están más fuertes que nunca. Seguirán atentos a los abusos del nuevo gobierno. Qué a pesar de su minoría parlamentaria sigue intentando recortar derechos.
Los tratados internacionales, CETA o TTIP (Tratado de Libre Comercia EEUU Europa) son unos instrumentos para controlar y aumentar el poder de los capitales y de las grandes empresas. En sociedades como la europea, más regulada y con más derechos por parte de los consumidores y ciudadanos en general, la introducción de productos hortícolas transgénicos, o de carne hormonada supone una vulneración de nuestros derechos.
Pero lo más grave de estos tratados que quieren regular la globalización hasta extremos insoportables, son los Tribunales de Arbitraje. Instrumentos, al servicio de las grandes corporaciones, los qué tendrán la capacidad de denunciar a los estados miembros que no faciliten el libre mercado de sus mercancías. Podrán regular las relaciones laborales de sus trabajadores y coartar las libertades. Permitiendo la introducción de empresas privadas norteamericanas, que buscan la privatización de servicios públicos, como el de la salud pública o el de la educación etc.
Pero las amanezcas no solamente están con la aprobación de los trataros internacionales de libre comercio. La extrema derecha, que emana de la Escuela de Economía de Chicago y de Milton Friedman, cuya mejor alumna fue Margaret Thatcher, revive ahora de la mano de otro alumno aventajado Donald Trump. Ellos tampoco quieren estos tratados, pero por causas totalmente diferentes.
No quieren que se les regule, que se controle el libre movimiento de capitales o mercancías. Tampoco quieren que los sindicatos defiendan y vigilen los derechos de los trabajadores. Quieren que los gobiernos privaticen los servicios públicos, que las clases dominantes paguen menos impuestos, dejando solo al estado lo más básico, lo que no genere beneficios.
Una de las primeras medidas de nuevo Presidente de EEUU ha sido congelar las nuevas contrataciones en la administración federal, excepto en las fuerzas armadas, y otra que corta ayudas a organizaciones no gubernamentales que promueven o financian la información o el acceso a abortos en el extranjero. Y bajar los impuestos.
El 19 de Enero en el Congreso de los Diputados se defendió, la Iniciativa Legislativa Popular para asegurar una renta mínima para las personas sin ingresos. En un país como el nuestro, con más de 2,5 millones de personas en riesgo de pobreza extrema y con el 25% de los jóvenes en riesgo de exclusión social, avergüenza empezar a leer en la prensa conservadora que hay una nueva clase de jóvenes: Los SISI, que sí estudian y que sí trabajan. Pero lo que no explican, es que a esta clase social solo pueden acceder los estudiantes con altos ingresos y de universidades privadas.
En 2009 ser un mileurista era una persona que no podía acceder a una hipoteca y que tenía un sueldo por debajo de los 1.000 euros. Ahora sin embargo cobrar esa cantidad significa estar bien pagado. Tener trabajo ahora no significa poder salir de la pobreza.
La ILP de una renta mínima fue defendida por Josep Maria Álvarez secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) y por Ignacio Fernández Toxo Secretario General de las Comisiones Obreras (CCOO), con un total de firmas presentadas sobre las 700.000.
Estamos en un momento muy convulso, tanto para Europa, como para el resto del mundo. El nacionalismo, el Brexit, los partidos neofascistas, el neoconservadurismo de Trump y los alardes zaristas de Putin, no hacen precisamente tener muchas esperanzas en un futuro halagüeño. Pero el optimismo de los pueblos y de las personas debe prevalecen. Debemos luchar para cambiar las cosas, ya tengamos 16 años u 80. Ya seamos jóvenes o mayores.
Seguiremos informando de esta y otras manifestaciones o concentraciones desde las calles.
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