Según las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y un montón de juristas de prestigio mundial, el referéndum que se llevó a cabo en Cataluña fue del todo legal. El que no lo fue fue la actuación española, en cuestiones políticas, judiciales y policiales, por lo tanto al no tratarse de un delito, la aplicación del 155, convocatoria de elecciones por parte de Rajoy y el juicio del proceso no se tendrían que haber producido.
No haría falta que Pedro Sánchez tramitara los indultos, sería bueno que se diera cuenta de la realidad de la situación y tuviera la valentía de llevar a cabo una amnistía, esta haría justicia a ojos internacionales y se dejara de cuentos con la magnanimidad como la que ahora presume, solo intenta aparecer como el gran estadista que en realidad no es.
Otra cuestión que hace no entender la justicia es la inauguración, en Vitoria-Gasteiz, de un memorial en recuerdo de las víctimas del terrorismo, pero solo las causadas por ETA, las de los GALO o las del Batallón Vasco-Español no se han considerado. Tampoco las víctimas de la guerra civil y primeros tiempos del franquismo. A tal efecto no querría olvidarme del medio millón de exiliados, los centenares de miles muertos que hubo y los más de cien mil que todavía permanecen en las cunetas de toda España.
Insistiendo sobre este tema, me resulta del todo incomprensible que el Poder Judicial pueda amparar, definitivamente, la Fundación Francisco Franco. Según el poder judicial, hacer apología del franquismo no significa ningunear a las víctimas que provocó, se trata, pura y simplemente, de una apología como otra y, en consecuencia, de poder ejercer la libertad de expresión.
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado una demanda, presentada por Pilar Zabala, con el fin de investigar a Felipe González, el ex presidente, con relación en la muerte de su hermano, asesinado por los Gal en 1983. Los crímenes de Lasa y Zabala han prescrito. Ya han pasado más de veinte años y, por lo tanto, no se pueden buscar responsabilidades.
Podríamos continuar con más causas que hacen dudar mucha gente, por ejemplo el juicio a los jóvenes de Alsasua por una pelea en un bar con unos guardias civiles y que fueron juzgados como terroristas. Las defensas de aquellos chicos rechazaron a la juez del caso, Concepción Espejel, por la posible carencia de neutralidad al estar casada con un coronel de la benemérita. La petición de las defensas fue desestimada por "improcedente".
El TSJC quería obligar que los exámenes de la selectividad se hicieran en catalán, castellano y aranés. Teniendo en cuenta a más de cuarenta mil estudiantes, representaba imprimir, entre todas las pruebas, más de medio millón de hojas con las preguntas en castellano que solo han utilizado el 5% del alumnado. ¿Cuánto papel se hubiera tirado a la papelera? Ahora, eso sí, el tribunal impartía justicia.
No sé si esta es la función principal de la magistratura, nunca ha habido problema alguno con los exámenes, ¿Por qué ahora sí? ¿A este paso acabaran por decidir qué tipo de arroz deberemos de usar para hacer una buena paella?
¿Qué opinan ustedes, queridos lectores? ¿Entienden la justicia existente en España? Si la respuesta es afirmativa, créanme que les envidio de verdad, yo no hay manera de entenderla. Suerte tendremos de la justicia europea en algunos casos. ¿No lo creen ustedes así?