El debate en la Eurocámara, que estaba marcado en rojo en la agenda del PP, queda deslucido con la presencia de menos de una séptima parte de los eurodiputados. Reynders recuerda que la solución al conflicto catalán es un asunto interno de España, pero los conservadores se aferran al análisis de la ley de amnistía que ha anunciado.
Elevar los problemas domésticos a la UE. Esta ha sido la tónica de la derecha durante todo el mandato de Pedro Sánchez. Y la ofensiva ha crecido en las últimas semanas ante el pacto del PSOE con Junts que contempla una amnistía. El tema no pilla de nuevo a la Comisión Europea y tampoco a la Eurocámara, donde el principal referente del procés, Carles Puigdemont, es eurodiputado desde el año 2019 y que ha sido objeto de polémica desde el principio por la batalla político-judicial de la que han sido testigos todos los eurodiputados.
Los eurodiputados de Vox dijeron que en España había habido un golpe de Estado, que provocó un apercibimiento de la presidencia de la Eurocámara. Cuidado con la terminología a la que recurren, expresó. “No frivolicen con este tema porque ya sabemos cómo acaba. Tienen hoy la oportunidad de seguir defendiendo el Estado de derecho junto a nosotros como en Hungría o Polonia, dijo el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez dirigiéndose a la bancada socialdemócrata, que estaba nutrida, de representantes del PSOE. Y es que en los últimos días habían fantaseado que representantes de otros grupos nacionalistas se desmarcaran. Vázquez envió cartas a los jefes de los grupos Socialistas y Demócratas (S&D) para denunciar la impunidad que supone la amnistía.
El eurodiputado portugués Pedro Marques, lanzó un recado a Esteban González Pons: Ha dicho que el Tribunal Constitucional tendrá que decidir si está en el lado de los constitucionalistas o de los enemigos de la Constitución. ¿Qué respeto por la independencia de la justicia es esto?”.
Menos de un centenar de eurodiputados –que la mayoría eran españoles– siguió el debate en la Eurocámara. Ante un hemiciclo prácticamente vacío, Montserrat clamó contra la condena de Europa que, a su juicio, supone la amnistía. Weber, que hace meses tenía sus expectativas en la victoria de Feijóo para que el PP Europeo pudiera aumentar su presencia en el Consejo, también auguró que tarde o temprano será presidente mientras que Sánchez pasará a la historia como el que violó el Estado de derecho.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, sí dijo que están analizando la proposición de ley, aunque están a la espera de su tramitación definitiva. Tras pedir al Gobierno explicaciones sobre el alcance de la medida en plenas negociaciones del PSOE con Junts, y antes de que el texto estuviera siquiera registrado en el Congreso, el dirigente aguarda una reunión la próxima semana con el ministro Félix Bolaños. Apreciamos la voluntad de las autoridades españoles de articular un diálogo con la Comisión sobre las reformas en el futuro, señaló.
Reynders recordó que el conflicto en Catalunya es una cuestión interna que tendrá que dirimirse según su orden constitucional y, sobre la ley de amnistía, la CE realizará un estudio, de forma independiente y objetiva una vez esté aprobada y concluida.
A partir de ahí, cada uno hace su interpretación. En Moncloa se aferran a que el comisario ha dejado negro sobre blanco, que la resolución del conflicto corresponde a las autoridades españolas y también que la ley de amnistía se someterá al control del Tribunal Constitucional y será ejecutada por los jueces.
El PP, sin embargo, pone el énfasis en que Reynders hará un análisis de la ley y, sobre todo, en el recado que ha dejado respecto a la posible inclusión de las referencias al 'lawfare'que sí figuran en el acuerdo con Junts y que eran los elementos que causaban preocupación en Bruselas, además de la posibilidad de que se perdonen delitos que afectan a las finanzas europeas. Son textos que de momento no disponemos y nosotros concluiremos nuestro análisis una vez que haya un texto final aprobado por el Parlamento, resumió el comisario.
Fuentes del PP admiten que hay poco que la Comisión Europea pueda hacer por ahora, aunque están poniendo todos sus esfuerzos en que el mensaje llegue al gobierno que preside la alemana Ursula von der Leyen. De ahí que su intención sea movilizar el tema donde puede: en la calle y en el Parlamento fundamentalmente. La otra cara de la estrategia la anticipó el vicesecretario del PP Esteban González Pons al volver a airear el fantasma de que Bruselas puede cortar los fondos a España, a pesar de que no hay ninguna señal en esa dirección.
Lo que sí ha reiterado Reynders es la necesidad de que España cumpla con las recomendaciones del informe del Estado de derecho que emitió en julio y que tenía como asunto urgente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el PP lleva bloqueando cinco años. Curiosamente de este tema el PP no ha emitido ningún comentario.