Los presupuestos generales del Estado (PGE) parece que se encuentran maduros para poder pasar el trámite parlamentario y ser aprobados antes de fin de año. Tratan de cuadrar, planteando el importante tema de los impuestos. Los ciudadanos siempre queremos que bajen los impuestos para librarnos de una carga mayor, que pagamos dependiendo de los ingresos que tengamos. Casi nunca pensamos que nuestra contribución es imprescindible para financiar los gastos sociales de los que todos nos beneficiamos en definitiva. Los impuestos directos graban la renta de personas y empresas.
Habría que plantear quién tiene que pagar más. A este respecto, tres posiciones están en discusión y cualquiera se encuentra dispuesto a intervenir para fijar el criterio general.
Una dice que los impuestos corresponden a todos los que tengan ingresos. Se establece, pues, un tramo que indica el porcentaje correspondiente en equidistancia completa. Puede ser un tanto por ciento, pongamos 20 del ingreso anual. Esto se recoge en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de la declaración, que se hace una vez al año. Aquí no se establecen matices. Gane cinco, cien o 1000 millones el 20% se queda en la Hacienda pública. En ese caso no da igual ganar 50 que 100.000, porque el pago correspondiente es mayor, pero proporcionado a las ganancias.
Otra teoría establece que tiene que pagar más el que más gane. Aquí ya desaparece la equidistancia, porque los impuestos se corresponden con el peso de las ganancias. En tal caso, es posible corregir las desigualdades. Supongamos que a partir de una cantidad determinada el porcentaje de impuestos tendría que ser el doble del tramo general. Sin pensarlo demasiado, esto parece justo, porque se carga una contribución mayor al que más gane. De los gastos sociales participamos todos por igual, pero unos contribuyen más que otros en función de sus posibilidades. Cargar un 50% a quien gane lo mínimo es condenarlo a no poder vivir de su sueldo, aunque trabaje mucho. Por eso, aquí la proporción se reduce en el tramo de las menores ganancias y se aumenta para los mayores. Tener que pagar más es un índice de que los ingresos son superiores, mientras que pagar muy poco es señal de un escaso salario.
Algunos se quejan de esta posición, porque si el disfrute de los bienes sociales comunes es igual, habría que contribuir lo mismo, sin darse cuenta de que entonces las desigualdades aumentarán progresivamente y nunca se reducirán. Al Estado corresponde hacer estas correcciones. Además, quien tiene pocos ingresos no puede hacer frente a demasiadas cargas impositivas, porque se ahogaría. Así que el tramo impositivo tiene que guardar proporcionalidad: pagará más quien gane más. Nos alegramos mucho cuando la declaración de la renta nos sale a devolver, pero no hay truco, porque el sistema impositivo ha ido reduciendo mes tras mes el impuesto que nos corresponde. Si hemos de pagar porque nos sale positivo, esto no debería molestarnos, porque se nos ha reducido menos mensualmente. Es decir, que ya hemos cobrado por adelantado lo deducido finalmente. El dinero mejor en mi bolsillo que en el de Hacienda, solemos decir. Aquí el golpe se lo lleva quien no es previsor. Cuando se tiene dinero, también se gasta, y luego viene el disgusto, porque el ahorro no interesa.
Una posición más polémica es poner un impuesto especial a las grandes fortunas. Su obligación sería contribuir mucho más, puesto que cuentan con mayores posibilidades. Aquí el argumento disuasorio es que pueden llevárselas a otros lugares en los que tengan que pagar menos. Esto resulta engañoso, porque ya se las llevan, aunque no tengan más impuestos, porque el objetivo es aumentar los beneficios. Así se impulsan los paraísos fiscales. Hay grandes plataformas comerciales que operan fiscalmente en países que les exigen menos impuestos. En ellos suelen tener sus sedes, aunque después los beneficios los extraigan de otros países en los que ofrecen sus servicios. Se conocen países del norte que gozan de un buen funcionamiento económico, porque, al reducir los impuestos financieros, consiguen que las grandes industrias opten por ellos.
Esto es todavía más sangrante entre nosotros en las distintas comunidades autónomas. Algunos saben ‘robar’ con mucha astucia y discreción industrias ubicadas desde hace años en otras regiones del país, porque les ofrecen mejores condiciones. El colmo llega cuando, paralelamente, exigen al Estado mayor financiación, porque no tienen fondos, al haber eliminado determinados impuestos. La contribución solidaria es, igualmente, de justicia, cuando hay comunidades que tienen menos ingresos. Las que tienen que contribuir más se quejan de que otras carecen de ingresos, porque no saben generar los nuevos, aunque luego sí recogen los de los demás. Dicen que esto no estimula la creación de ingresos, porque saben que les llegarán contribuciones mayores. Se conocen piques tradicionales por semejante proceder.
Para fijar posiciones habría que establecer como criterio general que el que tenga más ingresos debe también pagar más. Esto es de sentido común, pero también de justicia y hay que explicarlo así ya desde las aulas de Secundaria para ir introduciendo una cultura fiscal, que ha de convertirse en modo de actuación común. Nadie puede eludir el pago de impuestos, mediante ocultación o manipulación de sus ingresos ante la Hacienda pública. Esto sería grave, pues se caería en fraude fiscal, lo que es ilegal e inmoral. Va contra la justicia, porque no se hace o que se debe hacer. Es necesario educar en esta línea.