El estado de las autonomías no es para eludir responsabilidades, sino para compartirlas y asumir las que corresponden a cada gobierno. La descentralización conlleva gestionar competencias de la forma más cercana a la ciudadanía, ya que se supone que quienes dirigen sus instituciones conocen mejor la realidad de sus comunidades.
Pero lo que debe ser algo positivo y ha demostrado que lo puede ser, desde hace años –y cada día más– se está convirtiendo en instrumento de poder y de propaganda frente al ‘enemigo’ gobierno central, en una permanente lucha por conseguir cada vez más. Pero no para mejorar la vida de los habitantes de su territorio, sino para sacar pecho como los generales de antaño cuando regresaban del campo de batalla, dispuestos a recibir alabanzas por sus logros y tratar de perpetuarse en el gobierno autonómico porque-yo-lo-valgo. Qué lejos queda aquello del servicio público…
Las excepciones nos confirman que los gobiernos de las comunidades autónomas están en constante cálculo electoral. Una prioridad que se antepone a cualquier otra y que, mientras la atienden, si cae algo bueno para quienes habitan en su territorios será un beneficio colateral.
El estado de alarma declarado por la pandemia se ha convertido en la patata caliente que nadie quiere recoger, porque son conscientes del desgaste y consiguiente perjuicio electoral que puede conllevar. Los partidos que componen el actual Gobierno lo están sufriendo, por lo que han dejado que decaiga en cuanto ha sido viable.
Pero las medidas extraordinarias siguen siendo necesarias, aunque de manera desigual según los territorios. Es la hora de las comunidades, de que acepten sus responsabilidades. Los presidentes Juan Manuel Moreno (PP/Andalucía), Iñigo Urkullu (PNV/País Vasco), Emiliano García-Page (PSOE/Castilla-La Mancha), Pére Aragonés (ERC/Cataluña), Alberto Núñez Feijóo (PP/Galicia) y Fernando López Miras (PP/Murcia) –aquí no hay partidos, sólo votos– han abogado por la continuidad del estado de alarma. Deben estar pensando eso de ‘aparta de mi este cáliz’ y quieren seguir endosando el ‘marrón’ al gobierno central, desviando la atención y poniendo como excusas las resoluciones de los tribunales superiores de justicia de sus respectivas comunidades.
El propio Pablo Casado argumenta la falacia de que “las autonomías ya no pueden hacer nada” y pide una ley orgánica. ‘Olvida’ la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que en su artículo quinto habilita a los presidentes de las comunidades autónomas para solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma para su territorio: “Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”.
Un estado de alarma que no obliga, sino que proporciona el marco para limitar derechos fundamentales durante un período de tiempo y controlado por el Congreso de los Diputados.
Es una situación excepcional y no debe articularse una ley que permita a una comunidad autónoma limitar, por decisión propia, derechos fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución de 1978. Es muy peligroso para la Democracia.
Tomar esta decisión puede suponer desgaste electoral para los gobiernos autonómicos que lo soliciten. Tratan de evitar verse obligados a tomar medidas ‘impopulares’ y quieren que sea el Gobierno quien solicite, de nuevo, el estado de alarma para toda España. Por lo visto, el centralismo no les importa mucho en este caso. Al fin y al cabo, si saliera mal todavía tendrían más argumentos para arañar votos porque ellos lo hubieran hecho mejor y no les han dejado…