La memoria democrática no puede ser un espacio de enfrentamiento entre administraciones o partidos políticos. Todo lo contrario, la memoria democrática, debería unir a la sociedad española en el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo.
Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por obstaculizar este proceso al vetar una placa conmemorativa en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, donde durante décadas se practicaron torturas y encarcelamientos a personas que luchaban contra la dictadura. ¿Qué mensaje transmite esta negativa? ¿Qué temen quienes prefieren silenciar esta parte de nuestra historia?
La reforma impulsada por el PP madrileño, que exige la autorización previa del Consejo de Gobierno regional para cualquier instalación en la Real Casa de Correos, es un claro desprecio a las víctimas del franquismo. Esta medida no solo obstaculiza el reconocimiento del pasado represivo del edificio, sino que también invade competencias estatales, como ha señalado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En un Estado democrático, el derecho a la verdad y a la memoria no debería estar sujeto a caprichos políticos o a intentos de ocultación de una realidad que padecieron muchas personas.
La respuesta de Ayuso a este requerimiento ha sido, cuanto menos, cínica. Señalar con el dedo a Canarias y acusar al Gobierno central de fijarse únicamente en Madrid no es más que una estrategia para desviar la atención. La presidenta madrileña pretende minimizar la relevancia de un episodio histórico fundamental, argumentando que la etapa de las torturas de la DGS representa solo un 15% de la historia del edificio. Pero ¿acaso la gravedad de los crímenes cometidos se mide en porcentaje?
La Real Casa de Correos es mucho más que la sede del Gobierno madrileño. Nos pertenece a toda la ciudadanía. Es un espacio cargado de historia donde se violaron derechos humanos durante la dictadura franquista. Negarse a reconocerlo es una forma de complicidad con el olvido y una ofensa a quienes sufrieron represión. No se trata de una cuestión ideológica o partidista, sino de un compromiso con la verdad histórica y la dignidad democrática.
El Gobierno central está dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional, si no se alcanza un acuerdo. Esta no es solo una disputa competencial, sino una lucha por preservar la memoria de un país que aún arrastra heridas del pasado. Colocar una placa que recuerde a las víctimas no debería generar controversia. Después de todo, la Real Casa de Correos ya alberga otras placas conmemorativas, como las dedicadas a las víctimas del 11-M o a quienes murieron durante la pandemia de la COVID-19. ¿Por qué esta sería diferente?
Desde el sindicato y la Fundación Progreso y Cultura hemos denunciado la sinrazón y la actitud del Gobierno madrileño. Consideramos inaceptable que se ignore el papel de quienes, en tiempos de represión, se atrevieron a pronunciar la palabra libertad cuando estaba prohibido hacerlo. Las instituciones democráticas tienen la responsabilidad y el deber moral de reconocer y rendir homenaje a estas personas, que lucharon por los derechos y libertades que hoy disfrutamos. Olvidarlas es, en cierta forma, traicionar los valores fundamentales de una sociedad democrática.
Por esta razón, rechazamos con firmeza la actitud del Partido Popular madrileño, que parece tener una concepción selectiva y parcial de la memoria democrática. Mientras está dispuesto a rendir homenaje a unos, oculta deliberadamente a otros, generando una narrativa incompleta y sesgada del pasado. Esta postura no solo refleja una falta de coherencia en su compromiso con los valores democráticos, sino también un intento de reescribir la historia a conveniencia, invisibilizando a quienes sufrieron y lucharon contra la dictadura franquista.
Este comportamiento pone de manifiesto un profundo desprecio hacia las víctimas del franquismo y hacia su legado. No se trata únicamente de un ejercicio de memoria, sino de justicia y dignidad. Respetar a quienes defendieron la libertad en épocas oscuras es fundamental para construir una democracia sólida y plural. La historia no puede ser fragmentada ni manipulada para beneficio político. Es una obligación colectiva preservar la verdad completa de nuestro pasado, honrar a todas las víctimas y aprender de la historia para no repetirla.
Esta discusión no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón de negacionismo y revisionismo que busca blanquear el pasado dictatorial de España. Mientras otros países, como Portugal, Alemania o Argentina, han sabido enfrentar sus historias represivas transformando antiguos centros de detención en espacios de memoria, España sigue arrastrando el peso del olvido. La negativa de Ayuso a admitir el pasado represivo de la Real Casa de Correos demuestra que, para algunos, aún resulta incómodo mirar de frente a la historia.
Supervivientes de la represión, en muchos casos, afiliados a UGT, recuerdan que negar este reconocimiento es perpetuar la impunidad y fallar en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática.
Resulta incomprensible que un país que presume de haber superado su pasado dictatorial siga teniendo dificultades para reconocerlo. La memoria democrática no es una cuestión de revancha, sino de educación, justicia y pedagogía. Una sociedad que no reconoce sus errores está condenada a repetirlos. Es imprescindible que instituciones como la Comunidad de Madrid entiendan que la memoria democrática no se negocia.
Este conflicto trasciende el ámbito político. Se trata de un pulso sobre el modelo de sociedad que queremos ser. Una sociedad madura y democrática asume su pasado, por doloroso que sea, y rinde homenaje a quienes sufrieron injusticias. La Presidenta de la Comunidad de Madrid tiene la oportunidad de demostrar que está a la altura de las circunstancias. Negarse a hacerlo solo revela un desprecio inaceptable hacia la memoria y la dignidad de las víctimas.
Recordar el pasado es una forma de honrar a quienes lucharon por la libertad y garantizar que los errores del pasado no se repitan.
Reconocer la historia de la Real Casa de Correos, que fue la sede de la Dirección General de Seguridad como lugar de represión franquista no es solo un acto simbólico. Es un deber moral, una obligación democrática y un paso necesario para construir una sociedad que respete los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Porque, como bien se sabe, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.
Isabel Vilabella Tellado es secretaria de Formación, Empleo y Memoria Democrática de UGT Madrid